Una purga necesaria
El escándalo que arrastra a Guadalupe Taddei crece sin importar que haya presentado su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Ayer, la síntesis de prensa de la Cámara de Diputados registró 30 columnas y artículos de opinión sobre el caso, de los cuales todos, salvo uno, fueron negativos. Ha sido muy difícil para quienes han intentado defenderla, aunque uno de sus voceros comenzó a enseñar la ruta del spin para contrarrestar el desastre: los partidos de oposición se están vacunando contra una segura derrota ante Morena en las elecciones del próximo año.
La relevancia no partidista de este tema, empero, la da una segunda lectura sobre el impacto del escándalo, totalmente personalizada: en “Reforma”, cinco de seis columnas y artículos de opinión de su página editorial hablan críticamente de sus acciones; en “El Universal” fueron cuatro de 11; en “Milenio”, tres de sus seis columnistas políticos se refirieron críticamente a Taddei; en “Excélsior”, sus cuatro columnistas políticos la cuestionaron; en “El Financiero”, cuatro de 11 columnistas y editorialistas la valoraron negativamente y uno se refirió a ella sin centrarse en Taddei, como hicieron tres columnistas en “La Jornada”, donde solo uno de 13 opinadores la abordó, igualmente de manera crítica.
El tema de Taddei, sin embargo, no puede disociarse de la 4T ni de la implosión que esto ha causado dentro del régimen, porque la consejera presidenta era una de las suyas. Taddei aterrizó en marzo de 2023 en el cargo como resultado de una tómbola en la Cámara de Diputados, ese insultante procedimiento de comedia con el que se están decidiendo -mediante la inducción del mecanismo- cargos importantes para el destino del país. Taddei no fue votada de manera individual, sino que se votó el procedimiento. Hubo 460 votos a favor y 24 en contra, sin abstenciones. Movimiento Ciudadano, pudorosamente, abandonó la sesión.
El planteamiento que se está haciendo sobre el futuro del INE no gira en torno a líneas partidistas, sino a cómo se puede restablecer la credibilidad y la confianza ciudadana en el respeto al voto. De lo que hizo Taddei no se culpa a la 4T, aunque sí tiene responsabilidad, no solo por el método mediante el cual la ungieron, sino por la reforma de octubre de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le permitió a la presidencia del INE designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin la aprobación del Consejo General, al modificar la disposición que obligaba a un acuerdo colegiado.
Taddei integró en la Junta General Ejecutiva, anunciada en mayo pasado, a los titulares de 16 direcciones ejecutivas, coordinaciones y unidades técnicas bajo el esquema de designación directa de la presidencia del INE, con lo cual incorporó a su equipo, incondicional y, como se vio en algunos casos con motivo del escándalo de las adjudicaciones a un proveedor con quien tiene relaciones personales, ciego. La única posición cuya designación directa no le permitieron los diputados fue la Secretaría Ejecutiva, cuyo titular debía nombrarse mediante un proceso colegiado. En diciembre de 2023 propuso para el cargo a Roberto Carlos Félix López, un funcionario muy cercano a ella, pero seis consejeros electorales lo rechazaron por no reunir el perfil técnico requerido. Tiempo después, en noviembre pasado, encontró una forma: forzó a renunciar a Claudia Arlett Espino y lo nombró “encargado de despacho”.
Todo ha explotado con el escándalo de sus abusos y conflictos de interés, que han generado una percepción de irregularidades y probable corrupción. Pero, para efectos de un mecanismo democrático que ha estado destruyendo, hay que diferenciar entre la imparcialidad real y la imparcialidad percibida. La primera se determina examinando las decisiones, los procedimientos y las pruebas, que han dejado más que probadas las irregularidades, como el fraude a la ley que le dio mayoría calificada a Morena en la última elección. La segunda depende de la transparencia y de la confianza que inspire, aspectos en los que Taddei está definitivamente reprobada.
Las llamadas de alerta sobre el riesgo de que el escándalo contamine al INE y al proceso electoral del próximo año no son menores. El INE no se limita a contar votos, para lo cual cuenta con un excepcional servicio de carrera y una disposición ciudadana a participar en un proceso democrático que consideran -y es- suyo. También debe garantizar la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y la aplicación imparcial de la ley.
Si los proveedores de esos materiales estuvieran involucrados en prácticas irregulares, habría que determinar si las anomalías afectaron únicamente el gasto público o si comprometieron algún componente de la organización electoral. Si se le agrega a que el empresario Alfredo Hernández, que recibió contratos millonarios del INE y que tiene una relación personal -y quizás corruptora de su familia-, que afirma falsamente que ganó la licitación para las nuevas credenciales de elector junto con Cosmocolor -solo esta empresa tiene el contrato-, la preocupación es mayor.
Las percepciones son importantes porque se convierten en verdades. Por ejemplo, el INE podría organizar correctamente la elección de 2027 y, paralelamente, sufrir una crisis de credibilidad por conductas individuales. No habría pruebas de fraude, pero podría debilitarse la aceptación pública de sus decisiones. Debe garantizarse la continuidad institucional y asegurarse que la renovación de su presidencia no afecte la preparación de las elecciones de 2027 ni la autonomía del organismo, que estará inmerso en un ambiente de polarización política, donde cualquier debilidad del árbitro electoral pueda ser utilizada por los contendientes para cuestionar resultados que les sean adversos.
La elección del próximo año no está contaminada, pero la renuncia de Taddei tampoco resuelve el problema que dejó sobre la mesa. Lo urgente es esclarecer las irregularidades que está encontrando la Auditoría Superior de la Federación en los procesos de adjudicación, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera avanza en sus investigaciones, no sobre la institución per se, sino sobre Taddei, Hernández y quienes estén involucrados en adjudicaciones sospechosas, porque el Órgano Interno de Control del INE se quedó ciego.
Lo inmediato es obvio: sustituir a todos los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que nombró, así como al secretario ejecutivo, mientras el Congreso revierte la aberración que aprobó en 2024 y restaura la designación colegiada, para controlar el daño que sufrió el INE, más allá del resultado de las investigaciones, ante las dudas sobre la administración de sus recursos, la vigilancia interna y la inmoralidad de algunos de sus dirigentes.