¿Quién vigila a los malos policías?

Estos días se viralizó un video en donde una pareja de policías de Guadalajara golpean a un indigente: él lo patea en el rostro y con un taser (ilegal) le da una descarga eléctrica; ella, mientras tanto, lo pisotea montada sobre su cuerpo.  

El gobierno tapatío aclaró que el video es de 2023 y que los agentes fueron “separados de sus funciones” en aquel momento.

¿Quién vigila a los que nos vigilan? En teoría, el área de Asuntos Internos es la instancia municipal responsable de garantizar investigaciones imparciales; para ello, depende directamente del despacho del alcalde.

Ante una omisión o abuso policial, la ciudadanía puede presentar allí una queja o se puede abrir una investigación de oficio. Se trata del mecanismo de control inmediato para atender y sancionar a un mal elemento.

Sin embargo, hay alarmantes indicios que revelan la ineficacia de esta oficina.

Asuntos Internos de Guadalajara sancionó sólo a uno de cada tres uniformados investigados por alguna anomalía entre 2018 y julio de 2025, según datos que obtuve por transparencia.

Y lo más grave: en ningún caso, el Ayuntamiento presentó una denuncia a la Fiscalía de Jalisco, como indica la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco, a pesar de los posibles delitos que cometieron los agentes.

Todo quedó en una sanción administrativa.

Existe además un rezago preocupante. En el periodo referido, Asuntos Internos de Guadalajara abrió mil 65 expedientes pero sólo concluyó 660, es decir, el 62 por ciento.

El catálogo de conductas sancionables -que abarca desde el abuso policial y la corrupción hasta la negligencia en la custodia de evidencia- contempla castigos que van desde amonestaciones hasta la inhabilitación definitiva.

Depende de la gravedad, pero muchas de estas faltas pueden encuadrarse también como delitos.

Siempre que se ventila una omisión o abuso policial, el o los involucrados son separados de su cargo para realizar una “investigación”, pero nunca nos informan del resultado final.

Otro ejemplo es el caso de los policías tapatíos que, a bordo de una patrulla, pasaron de largo sobre Calzada Revolución mientras un ciudadano era privado de la libertad. Ambos fueron “separados del cargo”.

Que Asuntos Internos responda directamente al alcalde habla de una responsabilidad política y moral, además de legal, ante los excesos de los uniformados contra la ciudadanía.  

Si los malos elementos saben que ni los sancionan ni los denuncian ante Fiscalía, ¿por qué se molestan en cumplir con su deber?