¿Prófugos?, desde endenantes
Con motivo del plazo cumplido de 60 días -pasado 29 de junio- contemplado en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, de la solicitud de detención y extradición -por parte del gobierno estadounidense- del gobernador con permiso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, quienes son acusados de tráfico de drogas y armas, han surgido posicionamientos sobre los inculpados en el sentido de que ahora se les considera prófugos de la justicia, lo que es una apreciación incorrecta.
Desde el momento en que el Departamento de Justicia presentó pruebas ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York -asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla-, en donde “Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, según se manifiesta en el comunicado original, y en donde el fiscal federal Jay Clayton -quien encabeza la acusación- señala que el grupo delincuencial en cuestión “... es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad (Estados Unidos) con drogas peligrosas durante décadas”, y emitiendo órdenes de aprehensión, desde ese momento son considerados prófugos de la justicia. Dicho coloquialmente, desde endenantes.
Bueno, pues el tema de estos prófugos de la justicia estadounidense ha encendido las alarmas al seno del partido oficialista en México, en donde hay una división marcada, entre los que se alinean con Palacio Nacional, y guardan silencio sobre el asunto, mientras que otros abiertamente apremian a que se actúe, “caiga quien caiga”.
Apenas la semana pasada, con motivo de la selección de candidatos de Morena, a convertirse en Coordinadores Estatales de la Cuarta Transformación en Sinaloa -o sea, quienes buscan la candidatura a la gubernatura del estado en las elecciones del año próximo-, se desligaron “olímpicamente” de Rocha Moya, diciendo respetuosos de la filosofía lopezobradorista de “No mentir, no robar y no traicionar”. Sin embargo, dentro del movimiento “transformador” de México hay quienes piensan que la ley debe aplicarse de forma pareja, identificando a los narcopolíticos y deteniéndose, según dijo el senador morenista por Oaxaca, Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quien al hablar sobre la coordinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para “...tocar la parte de los recursos económicos que utilizan los grupos del crimen organizado”, dijo sin tapujos, “caiga quien caiga”. Vamos a ver si no le “jalan las orejas” desde Palacio.
Usted, ¿qué opina?