Pregúntele a Panchito
En 1971, Jorge Ibargüengoitia contó la historia de Panchito Canaleja, el motor de una oficina de Hacienda. Conocía cada trámite, resolvía las dudas de sus compañeros y hasta su jefe terminaba las reuniones con la instrucción: “pregúntele a Panchito”.
A pesar de su eficiencia, catorce veces le fueron negadas solicitudes de ascenso, porque era indispensable donde estaba. Cuando por fin se jubiló el jefe, tampoco heredó el puesto. En su lugar, llegó un compadre del gobernador.
En contraste, presenta a otro burócrata: el licenciado Rejudo. Era tan incompetente y estorboso que nadie lo quería como subordinado. Pero venía recomendado desde muy alto y nadie se atrevía a despedirlo. La solución fue ascenderlo y crear departamentos inútiles para mantenerlo ocupado. Subía como la espuma, decían.
Medio siglo después, muchas oficinas de Jalisco parecen recrear la crónica. El problema no es solamente quién sube, sino que casi nadie puede comprobar por qué.
Hace algunos años, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción colocó entre sus proyectos una Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera. Buscaba concursos de oposición y un sistema de mérito que evitara el reparto clientelar de cargos. Incluso, fue incluido como una de las prioridades de la política estatal anticorrupción.
Desafortunadamente, el proyecto no prosperó y, después de algunos años, parece que quedó en el olvido.
A pesar de esto, la necesidad no desapareció. Existen casos recientes que revelan su urgencia. Recordemos tan solo la designación del contralor del Congreso hace algunos años, donde el ungido no reunía los requisitos de ley, según denunciaron numerosas organizaciones de la sociedad civil, incluido el propio Comité de Participación Social.
También hemos visto numerosas designaciones de funcionarios judiciales que enfrentaron críticas por regresar a la lógica del reparto de cuotas partidarias, ignorando las recomendaciones de las instancias anticorrupción.
Y, probablemente, el caso más infame es el de una asesora técnica que llegó al SIAPA con un salario de primer nivel, sin acreditar el perfil profesional requerido. Una contratación no explica por sí sola décadas de tuberías deterioradas, pero las nóminas también revelan prioridades.
Desde hace años la Auditoría Superior ha sugerido empezar por tres escritorios: el de quién vigila, el de quién maneja el dinero y el de quién compra. Ha emitido recomendaciones para establecer perfiles profesionales y convocatorias públicas para los órganos internos de control, tesorerías municipales y las áreas responsables de compras. Asimismo, un servicio profesional de carrera para quien acceda, permanezca y salga de estas dependencias.
Parece obvio. El contralor no debería deberle el puesto al vigilado; el tesorero tendría que entender las cuentas; y quien compra para el gobierno debería conocer algo más que al proveedor.
Aclaro, un servicio profesional de carrera tampoco es la panacea. Las convocatorias pueden redactarse a la medida. Pero el remedio no es abandonar el mérito, sino hacerlo verificable e implementar cribas que limiten la discrecionalidad.
Ibargüengoitia retrató una burocracia donde Panchito hacía el trabajo, el compadre ocupaba la jefatura y Rejudo seguía ascendiendo. Y en la actualidad, en Jalisco, algunos todavía suben como la espuma. De la llave, en cambio, sigue saliendo agua café.