Mejoran en transparencia…
Ante tantas polémicas, nos dicen que se debe reconocer cuando nuestros diputados y diputadas transparentan la información pública.
Y resulta que el Congreso de Jalisco obtuvo el tercer lugar nacional en transparencia, según la evaluación 2026 de CIMTRA, con 76.7% de calificación.
El Legislativo quedó sólo debajo de Chihuahua y Guanajuato, y obtuvo una calificación perfecta, de 100%, en documentación legislativa. Ahí sí, ni cómo regatearle: los papeles están a la vista.
Ahora falta lo más complicado: que esa transparencia también alcance los acuerdos entre las fracciones parlamentarias a favor de Jalisco. ¿O qué?
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Por cierto, siempre tiene que pasar algo para que los diputados recuerden que también pueden legislar para prevenir.
Ahora quien busca su estrellita es el diputado federal por Jalisco, Bruno Blancas, quien anunció una iniciativa para proteger las playas de la publicidad, luego de que una embarcación con una pantalla que transmitía mensajes comerciales fue vista en Puerto Vallarta.
Al menos alguien se puso las pilas. ¿Y el alcalde Luis Ernesto Munguía?
Nos cuentan que ni siquiera pone orden en regular la publicidad en el municipio, sobre todo en el Centro Histórico.
Desde que presumió que envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, hay un silencio total.
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Dicen que a los de Morena les gusta mucho hablar del campo, pero cuando toca hablar del presupuesto federal, prefieren guardar silencio. La diputada Gabriela Cárdenas puso el tema sobre la mesa: mientras Jalisco destina 1.44% de su presupuesto al campo, la Federación apenas alcanza 0.8%. Y para 2027, Morena propone subirlo a 1.04%.
La legisladora cuestionó: si para Morena lo que aporta Jalisco es insuficiente: ¿Por qué no le exigen lo mismo al Gobierno federal? También preguntó cuántas ruedas de prensa y puntos de acuerdo han promovido los legisladores de Morena para reclamar estos recursos. Porque una cosa es exigir desde la tribuna y otra levantar la voz frente a quien tiene la chequera.
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Nos informan que ya se reforzaron los operativos contra las motocicletas que ofrecen transporte de pasajeros mediante plataformas. Y la autoridad anuncia más puntos de revisión, personal y multas de hasta 23 mil pesos.
Pero aquí viene una pregunta: si el servicio está prohibido por ley, ¿no sería más sencillo ir contra las empresas que lo ofrecen?
La estrategia, afirman, busca proteger a los usuarios. Sin embargo, queda la duda de si el problema se resolverá cazando motos una por una… o atacando el origen del negocio.