Más territorio, ¿para qué?
En política, llegar primero importa. No por vanidad, sino porque permite distinguir a quien modifica una decisión de quien simplemente aprende a narrarla.
Merilyn Gómez Pozos ha construido una imagen eficaz: “más territorio, menos escritorio”. Pero preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y su trabajo adquiere sentido precisamente en el escritorio donde el gasto se revisa, se negocia y se convierte en dictamen. El territorio le muestra las necesidades. El escritorio revela si puede defenderlas.
El presupuesto anterior dejó una escena difícil de ignorar. El proyecto para 2026 llegó al Congreso el 8 de septiembre de 2025 con un error que reducía 56 por ciento la asignación federal a la Universidad de Guadalajara. El 28 de septiembre, durante una visita a Jalisco, Claudia Sheinbaum reconoció la equivocación y prometió corregirla. La instrucción presidencial antecedió por más de un mes a la aprobación del dictamen. Sin embargo, la corrección llegó después mediante una reserva que la propia legisladora presentó, según anunció, “en concordancia con las instrucciones de la Presidenta”. Dos días más tarde afirmó en tribuna que ella sí le cumplía a la Universidad.
La Universidad recuperó los recursos. La diputada intentó quedarse también con el relato.
Ahora Guadalajara solicita recuperar un instrumento presupuestario para necesidades metropolitanas. La respuesta de la legisladora ha sido que existen “otros recursos”. Puede ser. Pero una zona metropolitana no funciona como una colección de problemas municipales aislados. El agua, la movilidad, el saneamiento y la infraestructura atraviesan límites administrativos.
El Fondo Metropolitano desapareció del presupuesto federal desde 2021; la metrópoli, evidentemente, no. Suprimir el instrumento no eliminó las necesidades compartidas: las dejó compitiendo por bolsas sectoriales, decisiones centrales y proyectos que deben negociarse por separado.
Si esos otros recursos pueden sustituirlo, deberían poder identificarse: programa, monto, reglas, proyectos financiables y posibilidad real de concurrencia entre municipios. Decir que existen no equivale a conseguirlos. Mucho menos cuando no están garantizados dentro del paquete presupuestario.
Una presidenta de comisión no puede imponer por sí sola el presupuesto. Su poder consiste en conducir el dictamen, negociar cambios, construir mayorías y elevar el costo político de ignorar aquello que representa. Por eso su desempeño no debe medirse por cuántas veces aparece en territorio, sino por cuántas necesidades del territorio sobreviven al proceso presupuestario.
La trayectoria dibuja un patrón: cuando la decisión viene de la Presidencia, encuentra tribuna, reserva y celebración. Cuando la petición nace en Guadalajara, aparecen explicaciones y recursos alternativos todavía indeterminados.
Quizá “más territorio, menos escritorio” no describa una forma de representar a Guadalajara, sino una manera de evitar el lugar donde esa representación deja evidencia.
Porque caminar una ciudad produce fotografías. Defenderla en el presupuesto produce consecuencias. Y hasta ahora, la voz de la diputada parece encontrar toda su fuerza cuando la decisión ya fue tomada por alguien más.