Mañanera: dosis de tranquilizante para los señalados por EU
Marina del Pilar Ávila admitió que son auténticos los audios en los que ofrece compartir información obtenida en reuniones de seguridad mientras intenta resolver la cancelación de su visa estadounidense. Su defensa resulta más inquietante que la grabación: asegura que nunca comprobó la identidad de quienes se presentaron como intermediarios de Washington. Una gobernadora habló de asuntos de seguridad con desconocidos porque podían ayudarla en un problema personal. La explicación no reduce su responsabilidad política; la agrava.
Cabría esperar que la Presidenta exigiera esclarecer qué información se ofreció, a quién, con qué propósito y si se vulneró algún deber de reserva. En cambio, el oficialismo comenzó a proteger a la gobernadora y a perseguir narrativamente la filtración.
Esa inversión de prioridades explica las mañaneras recientes. Claudia Sheinbaum no puede declarar culpable a nadie: la presunción de inocencia y el debido proceso se lo impiden. Pero tampoco debería declarar inocentes políticos por anticipado ni desacreditar investigaciones antes de conocer los expedientes. La presunción de inocencia es una garantía frente a la condena sin pruebas, no una orden para que el Estado cierre los ojos ante los indicios.
“Pruebas, pruebas, pruebas”, fue el mantra cuando Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya. Las pruebas reclamadas llegaron a una fiscalía federal de Nueva York y produjeron una acusación de gran jurado contra el gobernador y otros nueve funcionarios de Sinaloa por narcotráfico. Una acusación no es una sentencia, pero tampoco un rumor: significa que los fiscales presentaron elementos suficientes para establecer causa probable. La respuesta mexicana no ha sido investigar con mayor energía, sino elevar el estándar retórico hasta volverlo imposible: ninguna prueba cuenta mientras pueda comprometer a un aliado.
La elasticidad del discurso alcanza también a sus protagonistas secundarios. Ken Salazar mentía cuando sus declaraciones incomodaban al gobierno y recuperaba respetabilidad cuando decía no tener indicios contra sus integrantes. El piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada iba a probar la intervención estadounidense; después resultó que México lo había detenido y entregado sin advertir a quién tenía bajo custodia.
Cada episodio presenta una versión distinta, pero todos cumplen la misma función: ganar tiempo, sembrar dudas y transmitir protección. La mañanera ya no parece concebida para informar al país. Parece un sistema de señales dirigido a quienes aparecen en audios, acusaciones o investigaciones estadounidenses: resistan; Palacio desacreditará al acusador, cuestionará la evidencia, denunciará injerencias y, cuando no pueda negar los hechos, dirigirá la indignación contra quien los hizo públicos.
Existen dos explicaciones posibles. La primera es una descoordinación extraordinaria: un gobierno que desconoce lo que ocurre en sus fiscalías, entrega personas sin saber quiénes son y corrige diariamente sus versiones. La segunda es más grave: una decisión deliberada de sacrificar credibilidad institucional para proteger la red política heredada de Palenque. La incompetencia y el encubrimiento no siempre se excluyen; en ocasiones colaboran.
La justicia no exige que la Presidenta condene desde una tribuna. Exige que no absuelva desde ella. Exige investigaciones independientes, prudencia institucional y una distancia elemental entre el poder político y quienes deben ser investigados.
La pregunta ya no es de qué lado está Sheinbaum. Es más incómoda: si está del lado de la justicia, ¿por qué le estorba tanto la verdad? Y si sus mensajes no buscan tranquilizar a los ciudadanos, ¿a quién está prometiendo, cada mañana, que no lo dejarán solo?
@MayteAzuela