Los informes no sirven para nada
En estas semanas, los municipios de Jalisco aparecen tapizados de espectaculares con el rostro de presidentes municipales. Depende por qué parte de la Zona Metropolitana ande, verá los rostros de los y las presidentes de Tlajomulco, de Tlaquepaque, de Tonalá o de Zapopan. La imagen personal del señor o de la señora, presiden cada cartel, cada espectacular y cada anuncio en las principales avenidas. La pregunta es: ¿qué obra o acción están “informando”? La respuesta, casi siempre, es ninguna. Solo publicitan al gobernante sonriente. Esta imagen nos revela para qué sirve realmente el informe: para promover a la persona, no para rendir cuentas.
Y no es un asunto de estética o de que no me guste ver lucir a los presidentes. El artículo 134 de la Constitución prohíbe expresamente que la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluya "nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". Obviamente, es letra muerta. Espectaculares, folletos, videos y campañas en redes sociales pagadas con el dinero público con el pretexto de "informar”.
¿Qué informan? Nada.
De acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso, entre 15 gobernadores se gastaron 45.6 millones de pesos en sus más recientes informes de labores, gastos que incluyen grupos musicales, comida, souvenirs y montajes escenográficos, para lo que Proceso hizo una revisión de contratos a través de solicitudes de transparencia. Como dato: el gobierno de Guanajuato encabezó la lista con 12.3 millones de pesos en cuatro actos masivos, con reparto de hasta 3,700 souvenirs por evento. Nuevo León, por su parte, pagó casi 2,500 pesos por cada ejemplar impreso de su informe. En contraste, unos cuantos estados —Querétaro con 110,991 pesos, San Luis Potosí con 4,230 pesos en agua embotellada. La regla en general, es la opacidad: varios gobiernos contrataron estos gastos bajo "montos globales" que mezclan el informe con otros eventos, imposibilitando saber cuánto costó exactamente el acto de "rendición de cuentas".
A nivel federal este fenómeno del gasto en propaganda se repite. De acuerdo con el anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, la Sedena gastó en 2024 mil 12 millones de pesos en comunicación social y publicidad —diez veces más que en 2015—, superando al IMSS (726 millones) y a la Secretaría de Hacienda (665 millones).
El colmo: solo la promoción del Tren Maya costó 491 millones de pesos en publicidad ese año, mientras el proyecto generaba apenas 297 millones de pesos en ingresos: la propaganda del megaproyecto costó más que lo que el propio megaproyecto recaudó.
Desde la reforma constitucional publicada el 15 de agosto de 2008, el presidente de la República dejó de estar obligado a acudir personalmente al Congreso a presentar su informe; desde el 1 de septiembre de ese año solo lo envía por escrito. El acto que originalmente obligaba al Ejecutivo a comparecer, exponerse y —al menos en teoría— responder ante la representación popular, se convirtió en un trámite protocolario. Desde entonces, gobernadores y presidentes municipales replicaron el modelo a su escala: informes ante públicos invitados, seleccionados y amables, sin una sola pregunta incómoda ni la posibilidad de una confrontación real. Se puede mentir descaradamente sobre resultados, obra o cifras, y el público solo aplaudirá.
En el fondo, el informe dejó de ser, si es que alguna vez lo fue, un ejercicio de rendición de cuentas. Rendir cuentas implica exponerse a la crítica, a la pregunta difícil, a la posibilidad de que alguien con autoridad —un congreso, la oposición, una prensa libre— confronte al gobernante con los datos y encuentre huecos entre lo dicho y lo hecho. Nada de eso ocurre en un evento montado, con escenografía, música y un público que no vino a fiscalizar sino a aplaudir. Es, simple y llanamente, un acto de propaganda personal disfrazado de transparencia, financiado con el dinero de todos.
Y es una pérdida por partida doble: de dinero público que podría destinarse a otra cosa, a infraestructura, salud o seguridad, y de tiempo que podría usarse para una verdadera comparecencia legislativa o ciudadana. México sigue celebrando “informes” que no informan nada —que solo exhiben el rostro sonriente del gobernante en turno sobre un espectacular pagado por el erario— por lo que sigue exhibiendo también su atraso político: el de un país que todavía confunde la propaganda con la rendición de cuentas, y que sigue sin exigirle a quien gobierna que responda, de verdad, por lo que hizo con el dinero público.