La discusión presupuestal del agua

Desde que se instaló en Palacio Nacional la “cuarta transformación” en diciembre de 2018, se ha implantado en el país la pertinaz suposición de que una nueva ideología, de izquierda y totalmente favorable al pueblo, y de este a los millones de menos favorecidos, guía todos los actos de gobierno. La realidad, sin embargo, es mucho más complicada que una buena estrategia de comunicación, y como ejemplo inmediato, tenemos los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara el profundo problema del agua potable y las indispensables decisiones de autoridad para solucionarlo.

Se han argumentado “ríos” de propuestas, críticas y reclamos para un problema tangible: de los grifos en las casas sale agua turbia o pestilente (o no sale nada), y para resolverlo se requiere trabajo y recursos económicos.

Queda la impresión de que en el fondo, el conflicto entre las autoridades del Gobierno de Jalisco y de los Gobiernos municipales surgidos de Movimiento Ciudadano (MC), frente al Gobierno federal que enarbola la 4T, no es por un tema ideológico o político, sino simple y llanamente por el dinero.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, comentó apenas ayer que el organismo está colapsado. No tiene fondos. Opera exclusivamente con el dinero que obtiene por la cobranza de los servicios de agua potable y alcantarillado. Cada metro cúbico de agua que se lleva a un domicilio particular se cobra a los usuarios en 19 pesos; al SIAPA, llevar esos mil litros de agua le cuesta 29 pesos. Se trata de promedios.

Para resolver el problema real del agua contaminada que está llegando a 232 colonias (esa es la cifra aceptada por el director del SIAPA, no las 600 que se toman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque esas son cifras acumuladas de años, y por lo tanto, figuran colonias en las que se repite la queja), se ha reiterado que se necesitan obras. Hay un paquete de propuestas de hasta 32 obras para corregir totalmente la problemática del agua no potable que debe llegar a los domicilios (casas, negocios, dependencias, etcétera), pero las prioritarias son la construcción de un nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 en Miravalle y el ducto de la zona conocida como La Calera, para evitar que el agua que llega de Chapala se contamine más en el Arroyo Seco.

Para todo esto, que incluye muchas obras más y otras tantas en el transcurso de los siguientes 10 años, cuando menos, se establece un mínimo de 20 mil millones de pesos y se pide al Gobierno federal aportar recursos.

Como respuesta, se afirma desde la Comisión Nacional del Agua que el Gobierno de la República sí ha aplicado recursos económicos: 2 mil 938 millones entre 2025 y 2026, para obras de saneamiento, plantas potabilizadoras y hasta la Presa El Zapotillo, pero este trabajo se enmarca en el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum para el saneamiento del Río Santiago, y las diferentes obras comprenden la Cuenca Lerma-Santiago. La explicación se simplifica: si se mejora la calidad del agua del Santiago, llegará agua más limpia a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asuntos totalmente distintos.

Y afloran argumentos como sospechar que se pretende privatizar el agua potable, que proyectan endeudar al Estado, o que no han revelado a los responsables que provocaron el problema.

No hay un problema; hay una crisis. No se han hecho obras en 30 años. El SIAPA está colapsado. Le adeudan pagos las dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal, los gobiernos municipales, instituciones como la Universidad de Guadalajara.

Y urgen las obras porque los más afectados son los integrantes del pueblo; los menos favorecidos. Y el tiempo sigue corriendo.