Huaxtla: crimen ambiental y espejo
El azul turquesa de las cascadas de Huaxtla, en Zapopan, transformado en un ocre apagado por la contaminación de lixiviados, es un espejo que también explica la crisis del agua que vivimos en Guadalajara.
Las imágenes difundidas en redes por el Centro de Estudios de Investigación de la Barranca indignaron a muchos, pero esta historia se ha repetido desde hace 17 años, solo que ahora se ha agravado.
La historia inició en 2009, cuando pobladores de Ixcatán, San Lorenzo, Milpillas, Huilotán, Rancho Viejo y otras demarcaciones de la zona cerraron los basureros de Picachos y Hasar’s (vertedero privado) debido a los derrames ilegales de lixiviados (jugos de la basura).
La lucha culminó con la firma de un acuerdo avalado por el Cabildo de Zapopan el 20 de octubre de 2009, en el que se comprometió a realizar obras de compensación y remediación en los basureros para evitar la contaminación. Acuerdos que, según los pobladores, se incumplieron.
Desde entonces, los jugos de la basura se han derramado sobre el río Milpillas, en cuyo cauce están las cascadas de Huaxtla y que, además, desemboca en el río Santiago, en una zona ecoturística donde el agua es utilizada para el ganado y los huertos frutales de pobladores.
Debido a este problema, las cascadas se cierran cada año en temporada de lluvias porque los escurrimientos de los basureros las contaminan y representan un riesgo para los bañistas.
Sin embargo, este problema se agravó desde 2021, cuando el Gobierno de Jalisco cerró el vertedero de Laureles, en Tonalá, donde Guadalajara tiraba sus desechos, por lo que comenzó a utilizar Picachos, el basurero de Zapopan. Los desperdicios que recibe la zona se multiplicaron.
“Cada año es recurrente, pero ha empeorado ahora que cerraron el basurero de Los Laureles. Antes era nomás en el temporal y ahora es todo el año, todo el año hay derrames”, me relató José Casillas, representante de los pueblos de la barranca.
Los tres niveles de gobierno son responsables de este crimen ambiental: el municipio de Zapopan, como administrador de Picachos; la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), como responsable de verificar la correcta operación de los basureros, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como encargada de supervisar cauces federales como el río Milpillas y el río Santiago, que están siendo contaminados.
Ante las denuncias de pobladores este año, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, declaró el 6 de agosto que esperaba el dictamen de la Proepa, a cargo de Iker Frangie, sobre la operación de Picachos y Hasar’s para actuar al respecto.
Desde 2009, los habitantes de la barranca han denunciado este problema ante distintas instancias municipales, estatales y federales, y ante las comisiones de Derechos Humanos estatal y federal, sin respuestas ni acciones del gobierno.
La contaminación de las cascadas de Huaxtla es un gran espejo que explica lo que sufrimos en la metrópoli con el agua contaminada del Siapa, pues se conjunta la trilogía de la omisión institucional: municipio, estado y Federación.
Ese modelo nocivo de negligencia municipal, estatal y federal en la supervisión de derrames ilegales de industrias, manejo irregular de residuos y contaminación de cauces se repite en otras cuencas que nadie supervisa, que todos degradan y que hoy tienen sumida a Guadalajara en la peor crisis hídrica de su historia.