Hacienda ya no puede pagar
Abril cerró con una fotografía preocupante de las finanzas públicas del país: registró el segundo déficit más alto desde el año 2000 para un primer cuatrimestre. La brecha entre lo que el Gobierno recaudó y lo que gastó llegó a 217 mil millones de pesos (mmdp), un boquete 151 por ciento mayor, en términos reales, al del mismo periodo de 2025, y cinco veces superior al promedio de la última década.
El diagnóstico se dice muy fácil, pero resulta muy complicado de resolver: la economía se desacelera y el Estado no logra cobrar los impuestos que esperaba, mientras el gasto comprometido sigue creciendo de manera ininterrumpida por inercia. Los ingresos del sector público sumaron 2.95 billones de pesos a abril, 2.2 por ciento (65.5 mmdp) menos que un año antes. Los ingresos petroleros cayeron 5.9 por ciento y la recaudación tributaria retrocedió 1.6 por ciento, arrastrada por una caída de 6.2 por ciento real en el Impuesto Sobre la Renta, el impuesto que más aporta a las arcas públicas.
Ni siquiera el fin de la temporada de las declaraciones anuales, el momento del año en que más recauda el SAT por ISR, alcanzó para compensar la debilidad del mercado laboral formal y el estancamiento del consumo. El IVA, por su parte, creció apenas 0.4 por ciento, su ritmo más lento en tres años.
El problema es que mientras la recaudación se quedaba corta, el gasto no se detuvo. El gasto neto del sector público ascendió a 3.18 billones de pesos, 1.4 por ciento (43.2 mmdp) más que en 2025. El problema no es que el Gobierno decida gastar más: es que no puede gastar menos. Los servicios personales —la nómina de los funcionarios públicos— aumentaron 58.8 mmdp (11 por ciento); los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se dispararon 133.6 por ciento (37.4 mmdp); el pago de pensiones contributivas subió 35.6 mmdp (6.8 por ciento) y los subsidios y transferencias, otros 31.9 mmdp. Son, en su mayoría, compromisos que el Gobierno no puede dejar de pagar.
La variable que Hacienda ha usado para ajustar las cuentas, como ocurrió desde el sexenio de AMLO, ha sido recortar y castigar a la inversión física. Se contrajo 18.4 por ciento (54.5 mmdp) frente a 2025, y quedó 15.8 por ciento por debajo de la meta del periodo. Los apoyos a Pemex cayeron 17 por ciento. Es la fórmula de siempre: cuando faltan ingresos, lo primero que sacrifican es lo que construye capacidad productiva futura, no lo que paga la operación diaria del gobierno, como sueldos, salarios, pensiones y programas sociales.
El margen fiscal o lo que le queda al Gobierno después de cubrir pensiones, participaciones a los estados e intereses de la deuda, fue de apenas 840.5 mmdp en abril, 15.8 por ciento menor al que existía en 2019. Cada año hay menos espacio para hacer política pública discrecional, porque los gastos ineludibles se comen una proporción creciente del presupuesto. De cada 100 pesos del gasto del Gobierno federal, 18 ya se destinan a pensiones y jubilaciones y 19 a servicios personales; apenas 8 llegan a inversión física.
Si observamos los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, el boquete pareciera controlado. Pero esa lectura es engañosa. Resulta que este año hubo una transferencia extraordinaria al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) al inicio de año, una operación contable que diluye, mas no resuelve, los 217 mmdp de déficit presupuestario. El Saldo Histórico de los RFSP —la deuda total acumulada— llegó de cualquier forma a 18.7 billones de pesos, 2.0 por ciento más que hace un año.
El SAT cada vez muestra más signos de desesperación, intensificado la fiscalización de los ciudadanos y de las empresas, el Gobierno sigue hablado de austeridad y de eficiencias en el gasto y la Secretaría de Hacienda insiste en que las finanzas públicas “están sanas”.
Los números al mes de abril dicen otra cosa: su modelo de recaudación que ya llegó al límite frente a una economía que no crece desde mediados del 2024, y una estructura de gasto cada vez más rígida que no deja margen para invertir. Las agencias calificadoras ya lo están viendo, lo que pone una presión adicional porque lo que está en juego es el grado de inversión y con ello, la estabilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés.
La pregunta no es si el ajuste llegará, sino si el Gobierno de la presidenta Sheinbaum decidirá hacerlo de forma ordenada antes de las elecciones intermedias de 2027 o si decidirá seguir con la simulación de que todo está bien y termine ocurriendo de forma brusca, cuando se imponga una realidad en la que Hacienda ya no puede pagar sus gastos.
Israel Macías López. Economista y profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.