El día que Lula ganó y perdió
Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil con 51.79% de los votos, frente al 48.21% de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, las mismas elecciones dejaron al partido de su adversario como la mayor fuerza individual en ambas cámaras del Congreso. Lula conservará el Palacio de Planalto, pero para cumplir buena parte de sus promesas necesitará negociar con quienes hicieron campaña para impedir su victoria.
Ahí comienza una de las paradojas menos explicadas de la democracia: ganar una elección no significa conquistar todas las condiciones necesarias para gobernar.
Durante las campañas, las promesas se pronuncian en futuro. La realidad institucional suele obligar a conjugarlas en condicional. Una ley requiere votos que el presidente quizá no tenga; un programa necesita presupuesto; una reforma puede terminar irreconocible después de las negociaciones que la hicieron posible.
En Brasil, el dilema tiene consecuencias inmediatas. Casi la mitad de los electores de Lula consultados por Datafolha mencionaron la protección social como motivo para apoyarlo. Preservar esos beneficios, aliviar las deudas familiares y mejorar los ingresos exige recursos en un país con restricciones fiscales. El Congreso puede facilitar esas decisiones, modificarlas o retrasarlas. Mientras tanto, las expectativas ciudadanas permanecerán intactas.
La ciudadanía rara vez organiza su paciencia conforme a los calendarios legislativos. Al enfermo le importa recibir atención; a una familia, que sus ingresos alcancen; a quien espera una obra, que finalmente se construya. Los procedimientos que dificultan cumplir esas demandas no hacen menos reales sus necesidades.
Esto coloca al gobernante frente a una exigencia distinta de la campaña. Tendrá que identificar lo indispensable, ceder en lo secundario y conseguir que otros participen en decisiones cuyos beneficios políticos quizá reclame después en solitario. También deberá reconocer cuándo una promesa excedía las facultades que el cargo le otorgaría.
En ocasiones, el acuerdo necesario para cumplir una parte de lo prometido será denunciado como una traición por quienes exigían cumplirlo todo. Esa tensión explica por qué algunos gobiernos conservan intacto su discurso mientras sus resultados se reducen.
Un Congreso fragmentado puede obligar a gobernar mejor: escuchar otras prioridades, moderar excesos y construir acuerdos capaces de sobrevivir a un mandato. También puede convertirse en una maquinaria de veto, donde impedir decisiones ofrece mayores beneficios electorales que resolver los problemas.
La oposición enfrenta su propia prueba. Tener votos para detener una iniciativa constituye un contrapeso legítimo, pero la obstrucción sistemática también produce consecuencias públicas. Entre el acuerdo y el bloqueo se juega algo más que la próxima elección: la capacidad del Estado para responder.
Lula dispone de legitimidad para gobernar y de un Congreso que le impondrá límites. Ambas cosas son resultado de las urnas. Tendrá que hacer política con esa realidad, procurando que las dificultades de gobernabilidad no terminen convertidas en explicaciones permanentes del incumplimiento.
La noche electoral contó los votos que ganó Lula. Los próximos cuatro años dependerán, en buena medida, de los votos que no ganó.