La fiestecita de Morena
A cada capillita le toca su fiestecita, reza el dicho popular. Nadie en Morena se puede llamar sorprendido: el gobernador Rubén Rocha había sido reiteradamente vinculado con el cártel de Sinaloa, acusado de que el grupo criminal operó en su elección (lo publicó Rio Doce el 15 de junio de 2021) e incluso acusado por el propio “Mayo” Zambada de ser un operador de los “Chapitos” para el secuestro y entrega a Estados Unidos del capo y de haber asesinado a su enemigo político Héctor Cuén esa misma noche. La acusación en contra del gobernador de Sinaloa y nueve cómplices más, entre ellos el senador Enrique Inzunza, no es una ocurrencia, es producto de una investigación y de los testimonios de los “Chapitos” convertidos en testigos protegidos, exactamente el mismo proceso por el que investigaron, procesaron y encarcelaron a Genaro García Luna.
La noticia es un golpe y una oportunidad para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Si se resiste y defiende a Rocha Moya y otros compañeros de partido, va a tensar innecesariamente la relación con el gobierno de Donald Trump. Si los entrega, sus propios correligionarios la van a acusar de traidora y vendepatrias.
El misil pegó por debajo de la línea de flotación y no hay manera de evitar que entre agua en este barco llamado Cuarta Transformación. El caso Rocha es un parteaguas en la administración de Sheinbaum. De cómo lo maneje depende en gran medida el futuro de su gobierno. Negarse a entregarlos sería un error, pero claramente lo que necesita es patear el bote, negociar con el vecino tiempo para procesarlo internamente. No hay manera de evitar una campaña con el #narcogobierno que le va a costar en popularidad y en preferencias de su partido. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad para tomar las riendas del poder y plantear un cambio de rumbo en la selección de candidatos de su partido.
Las preguntas obvias son si la presidenta podrá domar a un caballo enfurecido y desbocado; de qué tamaño es el vínculo de Morena con el crimen organizado, y sobre todo si puede negociar con el gobierno estadounidense para empatar el marcador, procesando a un o una gobernadora de oposición y sobre todo poner un límite a la persecución. Esto último es lo más difícil.
La investigación a Rocha y sus secuaces en un gran jurado en Nueva York inició hace meses, muy probablemente más de un año, pero el momento en que la Fiscalía solicitó las órdenes de aprehensión no parecen ser ninguna casualidad. El gobierno estadounidense sabe que el flanco débil en el tablero de la presidenta es la corrupción de los gobiernos morenistas y lo van a usar para todo, desde para presionar en las negociaciones comerciales hasta para seguir operando con agentes dentro del territorio nacional.
Llegó la fecha de la fiestecita morenista. Que venga la procesión.