De agua, pozos y pipas

El agua es un bien nacional. Todos tenemos derecho al uso, pero nadie es dueño del agua de la que dispone. Por lo mismo nadie puede vender agua, es el Estado el único que tiene derecho a cobrar por los servicios y a regular el acceso, procurando que sea lo más equitativo posible. Todo esto suena muy bien, pero la realidad es otra. A lo largo de los años las concesiones de agua se fueron convirtiendo en una mercancía que se otorgó a los cuates y el mercado negro del agua, los llamados piperos, en una forma de subsanar la incapacidad del Estado para brindar un servicio de agua potable seguro, estable y de calidad.

Una de las obsesiones, de las buenas obsesiones, de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año ha sido ordenar y sanear las concesiones y a la Comisión Nacional del Agua. Son años de vicios y usos y costumbres arraigados lo que se tiene que combatir. Quien tenía una concesión de agua agrícola o un pozo se sabía poseedor de un bien con valor en el mercado: siempre hay alguien dispuesto a pagar por el agua que no tiene, sea en el campo, en la industria o en la ciudad. Así nacieron los famosos piperos, cuyo negocio no es otro que subsanar las carencias del servicio público.

En el mundo ideal, en el de las leyes, los gobiernos municipales deberían de entregar en cada casa agua potable de acuerdo con los criterios de la NOM 127 que regula las características físicas y químicas que debe tener el agua que se considera potable. Es más que evidente que los municipios no pueden con el paquete. No lo hacen los grandes, mucho menos los pequeños que literalmente se desentienden de la obligación, al igual que lo hacen con muchas otras de sus atribuciones, porque simple y sencillamente no pueden. En este vacío de capacidades se creó la red de piperos a las que hoy se les considera como una mafia. En muchos sentidos los son, pues operan un negocio ilegal que ha sido tolerado cuando no auspiciado por el Estado y constituye ya una red de intereses creados.

Cortar de tajo el suministro de pipas cuando el Estado no tiene la capacidad de abastecer esa demanda puede generar, además de las protestas de los piperos, un problema social y de salud, como estamos viendo en algunas comunidades del estado de México. Es, sin embargo, urgente que los gobiernos, federal, estatales y municipales, tengan claro un proyecto a mediano plazo para recuperar la gestión del agua con una nueva cultura, que le dé al agua el valor que tiene, y una nueva institucionalidad, con una visión y administración por cuencas, que involucre a todos los usuarios y, como ha sido hasta ahora, desde la capital imponiendo una visión centralista y burocrática.

diego.petersen@informador.com.mx