Después de la marcha del agua
Si resolver la crisis que se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara por la mala calidad del agua tiene un alto grado de dificultad, la situación se ha complicado mucho más por los conflictos políticos que se multiplicaron, particularmente después de la marcha del 11 de octubre, que culminó con hechos de violencia que dejaron personas heridas (la más grave, un policía estatal) y 39 detenidos, quienes ya fueron liberados.
A partir del 12 de octubre, no sólo se ha avanzado poco en la atención de la crisis del agua, sino que además se sumó una crisis política con un costo muy alto para el gobernador Pablo Lemus y su administración, debido a su confrontación directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De manera poco usual en su proceder, la mandataria ha utilizado su conferencia matutina para condenar lo ocurrido durante la marcha y acusar que se trató de actos de represión.
El gobernador Lemus acusó el golpe, mucho más fuerte que cualquier otra crítica de origen político. Ayer, finalmente, tomó la decisión de ceder antes de que el problema adquiriera otras dimensiones: intervino para que fueran liberados todos los detenidos; reconoció que el operativo de seguridad en Casa Jalisco durante la manifestación se salió de control y que no debieron utilizarse gases lacrimógenos ni agua a presión. Por segunda ocasión, anunció que se iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades de los policías estatales por sus decisiones, órdenes y detenciones. Habrá sanciones y deberán hacerse públicas.
Sí hubo personas violentas que se confrontaron con los policías antimotines y los golpearon; el problema es que, en su reacción, los elementos de seguridad se excedieron, afectaron y lastimaron a manifestantes pacíficos y realizaron detenciones arbitrarias.
Al revisar los hechos y determinar las responsabilidades, naturalmente la autoridad tendrá siempre la mayor obligación de responder por sus actos, por encima de los ciudadanos comunes, por el simple hecho de que es ella quien tiene la facultad de utilizar legítimamente la fuerza pública.
Es probable que, con el reconocimiento de las equivocaciones, la crisis política quede desactivada, pero no sus costos. Se exigirá que se hagan públicas las sanciones a los policías involucrados y el episodio será utilizado por la oposición política en el proceso electoral que culminará en 2027.
Sin embargo, para el Gobierno del Estado y el gobernador Pablo Lemus, lo más urgente era mantener abierta la posibilidad de comunicación y negociación con el Gobierno federal para resolver el problema original: la crisis del agua.
Las medidas que se han aplicado hasta ahora, como suspender el suministro de agua procedente de la presa Las Pintas, mejorar su calidad y aplicar cortes en 627 colonias, son provisionales. Permitirán atender la situación de momento, pero es inevitable construir más infraestructura, iniciar una transformación del SIAPA y corregir de fondo la distribución del agua.
Para ello, se requieren acuerdos con todos los sectores sociales, inversiones multimillonarias y una fina operación política que reconcilie al Gobierno con la sociedad. Es un trayecto largo y difícil, pero hay que empezar ya.