Derecho humano al agua
Hay derechos que cuando nos faltan o no podemos ejercerlos nos hacen recordar su importancia, uno de ellos es el derecho humano al agua. Poder contar con agua potable es indispensable para la vida y el desarrollo adecuado de toda persona.
Que todo ciudadano disponga de agua limpia no es una concesión, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, la cual señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Desafortunadamente no basta con que esté en la Constitución para que sea una realidad, tampoco son suficientes presas y tuberías, se requiere de decisiones públicas, de recursos económicos, responsabilidad de las instituciones públicas y coordinación de los distintos órdenes de gobierno.
En México, la Constitución distribuye responsabilidades que deben complementarse tanto en el ámbito local como en el federal. El artículo 115 constitucional atribuye a los municipios los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Por su parte, la Federación ejerce atribuciones esenciales en materia de aguas nacionales, mientras que las entidades federativas tienen competencias relevantes para la regulación, la planeación y la coordinación dentro de sus respectivos ámbitos. Lo anterior no debe dar lugar a que las autoridades trasladen la responsabilidad de unas a otras o se “echen culpas”, sino a que trabajen de manera conjunta, se construya una arquitectura institucional con una colaboración permanente.
La naturaleza del agua obliga a superar la fragmentación administrativa, un río no detiene su cauce en los límites municipales y todos sabemos que la contaminación generada en un estado puede afectar a la población de otro estado.
La coordinación administrativa no puede quedar en declaraciones o lo que es peor en buenas intenciones, debe haber acciones concretas medibles y comprobables. Y como todo lo que tiene que ver con la vida pública en una sociedad el tema del agua requiere también la participación activa de la ciudadanía, pero sin pretender trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la falta de agua potable en condiciones.
Ser conscientes que los problemas hídricos no impactan a un solo periodo de gobierno ni tampoco se resuelven con la misma velocidad, nos hace comprender que las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos van más allá del periodo electoral.
Por eso, la discusión sobre el agua no debería agotarse en determinar qué autoridad tiene la competencia principal o a quién corresponde financiar una obra. Debe orientarse a establecer qué acciones son necesarias, qué instituciones deben realizarlas, cómo se coordinarán y de qué manera se evaluará su cumplimiento y poner manos a la obra, porque todos debemos tener acceso a agua limpia.