Criminalización de la protesta social
Uno de los recursos más viejos del Estado mexicano para encarar la protesta social en contra de pueblos, comunidades y sujetos es la represión política y como uno de sus repertorios más utilizados, la criminalización de dirigentes, defensores del territorio o de las comunidades que no se sujetan al dominio de los de arriba. A lo largo de la historia del país hay muchos casos, pero el más reciente se está viviendo en este momento en el Estado de Guerrero, donde la fiscalía estatal inventó un delito en contra del defensor del territorio y dirigente de los pueblos de la Montaña Baja y Alta, Jesús Plácido Galindo.
Jesús Plácido es fundador del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) en el que se agrupan varios pueblos y comunidades de la Montaña Baja, Montaña Alta y Costa Chica de Guerrero que luchan contra la pobreza, la violencia estructural y el despojo en las que viven históricamente y lo hacen mediante la organización comunitaria y ejerciendo de facto su autonomía ante el abandono de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos que han pasado por el poder en ese Estado.
Jesús Plácido viene de una familia de luchadores sociales y defensores de la tierra y de los derechos de los pueblos y comunidades e indígenas de esa región guerrerense. Su padre fue Cirino Plácido, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y formó parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Tanto la CRAC-PC (que después añadió las siglas de Pueblos Fundadores) como Cipog-EZ enfrentaron no sólo la indiferencia del Gobierno y los intereses de los cacicazgos regionales, sino la violencia desatada por la organizaciones criminales que se fueron asentando desde hace dos décadas en los pueblos de la Montaña.
Primero fueron Los Rojos y más recientemente Los Ardillos.
Fue este grupo delictivo el que desató una intensa violencia contra al menos cuatro pueblos de la Montaña (Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán) que en mayo pasado desplazó al menos a dos mil 200 pobladores de esas comunidades. Para denunciar esta situación y que sus voces resonaran en el país, Jesús Plácido convocó a una Misión Civil de Observación de la Sexta para que dieran cuenta de los hechos. La denuncia de las actividades del crimen organizado ha costado mucha sangre a las comunidades organizadas, quienes han contabilizado 84 personas asesinadas y 25 desaparecidas.
El Congreso Nacional Indígena (CNI, del que Jesús Plácido es integrante) denunció en concreto a Bernardo Ortega quien junto con sus hermanos Celso e Iván “se dedican a toda una diversidad de actividades delictivas: extorsión, secuestro, siembra y trasiego de sustancias ilegales, asesinatos, desmembramientos, desplazamientos de comunidades enteras, cobro de piso, entre muchos otros delitos. Pero no sólo eso, esta familia teje y fortalece sus redes con la clase política, de tal forma que hoy controlan a presidentes municipales, tales como Mercedes Carballo Chino (por la alianza PRI-PAN-PRD), actual presidenta municipal de Chilapa y cuñada de Celso Ortega o a Norma Otilia Montaño (Morena), presidenta municipal de Chilpancingo, quien quedara evidenciada en 2023 ofreciendo su ayuda a Celso Ortega”.
Tanto el Cipog-EZ, el CNI, como el Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinollan, consideran que la detención de Jesús Plácido ocurrida el pasado 17 de julio, responde a que es un estorbo para las actividades del crimen organizado y del grupo político que lo protege.
A Jesús Plácido lo acusan del homicidio de un hombre cometido en Xicotlán en el 2021. Las organizaciones que defienden a este líder comunitario subrayan el impresionante operativo de seguridad para detener a un defensor del territorio que incluso contaba con medidas bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Lo detuvieron en un retén militar en el municipio de san Marcos con la participación de 40 efectivos encapuchados, tanto militares, Guardia Nacional, Policía del estado y policía ministerial de Guerrero. Tras su detención, lo subieron esposado a una camioneta y posteriormente llevado en helicóptero de las fuerzas armadas desconociendo su paradero, hasta que 21 horas después se informó que fue trasladado al penal de máxima seguridad en el Altiplano, en Almoloya Estado de México.
Su organización y el CNI sostienen como una irregularidad más que siendo acusado por un delito del fuero común, las autoridades decidieron trasladarlo a un penal federal. Para estas organizaciones no hay duda que se trata de un caso de criminalización para detener a Jesús Plácido y así debilitar tanto al Cipog-EZ como al CNI, y por lo tanto exigen su liberación. Sin embargo, un juez de control decidió vincularlo a proceso y por lo tantos, mantenerlo en prisión. Ante ello el CNI cuestiona cómo el Estado actúa contra defensores del territorio y no en contra de las cabezas de los grupos de la delincuencia organizada. “La defensa de los derechos humanos no constituye un delito. Criminalizar a quienes defienden la vida, el territorio, la libre determinación y la dignidad de los pueblos representa un grave retroceso”, sostuvo el Congreso Nacional Indígena, y convocaron a diversas manifestaciones para exigir la liberación de este dirigente indígena y defensor comunitario.