Consultorías, negocio redondo
¿En qué momento los gobiernos dejaron de usar su personal y recursos para empezar a pagar consultorías millonarias?
El deber ser de un servicio de consultoría es simple: una dependencia contrata un servicio especializado porque carece de personal capacitado.
Sin embargo, en la práctica, cualquier trabajo puede ser delegado a un consultor, incluidas tareas que corresponden a la especialización de una dependencia.
Todos los niveles de gobierno abusan de esta figura, pues los criterios de contratación son tan abiertos e indeterminados que la imaginación es el límite.
Ejemplos sobran: oficinas de igualdad de género, con personal especializado en el tema, encargan un programa de prevención de la violencia contra la mujer.
Una dependencia de seguridad ciudadana solicita un programa de prevención a un consultor; una dirección jurídica encarga la estrategia legal a un tercero y la oficina de tributación paga a una empresa para ampliar la recaudación fiscal.
Un ejemplo es la gran reforma policial anunciada por el gobierno anterior denominada “100 días por la Seguridad Ciudadana”, surgida como respuesta a las desapariciones forzadas cometidas en junio de 2020 por policías investigadores en el marco de una protesta en la Fiscalía estatal.
La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana encabezada por Margarita Sierra pagó 2.5 millones de pesos en 2021 a la consultora Colectivo Diseño Disruptivo por “la dirección y acompañamiento metodológico” en once sesiones y talleres para construir una ruta de trabajo.
Obtuve la información vía solicitud de transparencia pues la Secretaría de Planeación, si bien publica en su portal los servicios contratados de asesoría o consultoría, “convenientemente” sólo comparte los correspondientes a este y el año pasado.
La reforma policial derivada de esas reuniones donde participaron Fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad del Estado incluía un racimo de buenas intenciones que quedaron en algunas láminas de un costoso PowerPoint (de esto hablaré más adelante).
Sólo como adelanto, en el informe final de este ejercicio se destaca como un “logro intangible” que las y los participantes “se pusieron la camiseta” para trabajar colectivamente.
Este ejercicio incluía una segunda fase denominada “1000 días por la Seguridad Ciudadana” de la cual ya nada supimos.
El entonces gobernador Enrique Alfaro usó políticamente esta agenda de humo para presumir cambios institucionales y estructurales en los cuerpos de seguridad tras la crisis por la actuación de su policía en una protesta.
También sirvió para responder a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ante las recomendaciones hechas por las desapariciones forzadas de jóvenes a manos de policías ministeriales el 4 de junio de 2020 (un lavado de cara del gobierno estatal).
Este es sólo un caso emblemático de un “entregable de escritorio” que cuesta millones, sirve políticamente y no resuelve nada.
Numerosas políticas públicas se fincan en láminas de PowerPoint carísimas realizadas por un asesor.
En pocas palabras, pagamos una burocracia que no puede encargarse de elaborar productos especializados para los cuales… les pagamos.
¿Cuándo empezamos a revisar este gasto discrecional de los gobiernos en consultorías para ponerle límite y reglas claras?