Con B, de boleta electoral
La Presidenta Claudia Sheinbaum, su partido Morena, y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, hicieron cálculos y concluyeron que para cuidar sus respectivos intereses de poder, lo mejor era darle vuelta a la página del voto en contra de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia electoral que éstos últimos hicieron la semana pasada en la Cámara de Diputados.
El Plan B, pues, es de entrada la ratificación del mensaje político emitido el domingo por las dirigencias nacionales de estos tres partidos, de que pese al rechazo al Plan A de la Presidenta por afectar a sus franquicias partidistas en cuanto a presupuesto y curules plurinominales, la alianza electoral continua, de momento, de cara al 2027, y que la nueva propuesta de reforma constitucional enviada ayer al Senado de la República, tendrá, ahora sí, los votos del PT y del Verde.
Lo que destaca de la ya también llamada “minireforma”, es la modificación legal para que la revocación de mandato se pueda hacer desde el segundo año de Gobierno y no hasta el tercer mes luego de cumplir el año tres del mandato, lo que abre la posibilidad de que para las elecciones intermedias del 2027 la Presidenta pueda estar en las boletas, y su promoción ayude electoralmente a la alianza Morena-Verde-PT.
Por la aún alta popularidad y aceptación a su trabajo que ronda entre el 60 y 70 por ciento según las encuestas con mayor credibilidad, Sheinbaum significaría un impulso para la marca Morena, que ya no tiene esos niveles de aprobación, por el mal papel que han hecho algunos de sus gobernantes, y los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos.
En este sentido, se trata de una revocación de mandato que viene empujada desde el poder, de la misma Presidencia de la República, y no por la oposición para aprovechar este mecanismo constitucional de democracia participativa. Nadie desde la oposición está pidiendo que se pregunte a la población si Sheinbaum sigue o no en el cargo, porque saben de sus altos niveles de aceptación.
Así, esta reforma, que tendría que haber venido de los opositores, proviene desde la cúpula del oficialismo con el objetivo de consolidarse y mantenerse en el poder, tal como sucedió con la reforma electoral rechazada la semana pasada, que también había sido enviada desde la Presidencia de la República. Es, pues, el Plan B de la boleta electoral.
La otra parte de esta nueva propuesta de reforma constitucional busca reducir privilegios, y que bueno, en el gasto público de la clase política, al reducir el gasto en el Senado, en los órganos electorales, disminuir el número de regidurías en los Ayuntamientos, y el gasto en los Congresos estatales.
Aquí lo que habrá que evaluar es si los eventuales ahorros que se logren valen la pena ante la reducción implícita que significa a nuestro federalismo, tan amenazado y reducido ya por las tendencias centralistas de la 4T.