Caso Manzo: la mala señal

El Movimiento del Sombrero que encabezó el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y que continuó su esposa, Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa interina luego del asesinato de su marido en la víspera del Día de Muertos del año pasado, luchó siempre por romper la sumisión de las autoridades municipales del país a los grupos del crimen organizado.

Ningún otro alcalde como Manzo los enfrentó y los desafió. Nunca argumentó como el resto de sus colegas munícipes, que el ataque a la delincuencia organizada no le correspondía a los municipios, sino a la Federación. Siempre pidió apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que enviara más apoyos para combatir al narco, hasta que, cobardemente, lo asesinaron el 1 de noviembre pasado.

Para honrar su legado de lucha y valentía contra las mafias, el Movimiento del Sombrero, ha buscado desde que mataron a Manzo, revertir el claro mensaje intimidatorio que lanzó el crimen organizado a todas y todos los alcaldes del país, en el sentido de que cualquier otro munícipe o gobernante que los persiga correrá la misma suerte. 

Me temo que lo explicado el viernes pasado por el secretario de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, de que lo declarado por el “R1”, detenido el jueves en Atotonilco, Jalisco, y otros de los 31 detenidos, es que lo mataron porque los “provocaba”, poco ayudará a revertir ese temor. 

Más aún, porque independientemente de lo que declaren los detenidos, el asesinato de Manzo, vino dos meses después de que su policía municipal detuvo al “Rino”, líder de la plaza de Uruapan del Cártel Nueva Generación.

Falta además ver si la investigación con esto concluye, o si atenderán el llamado de la viuda de Manzo y hoy alcaldesa, que se investiguen los posibles móviles políticos detrás del asesinato que, de resultar ciertos, no harían más que confirmar la colusión de políticos con las mafias, que trabajan en equipo para quitar del camino a quienes se oponen o denuncian sus fechorías.

Lo cierto es que en México los grupos del crimen organizado tienen sometidos a muchos municipios y a sus acaldes por su superioridad logística y de fuego. Y ninguna alcaldesa o alcalde parece estar dispuesta a seguir el camino de Manzo. Menos ahora que saben que murió por “provocar” al narco al detener a uno de los suyos.

Esto no cambiará hasta que los Gobiernos de los Estados y la Presidencia de la República den el acompañamiento a los municipios como se los exigió infructuosamente Carlos Manzo, y después, que obliguen a quienes ocupan una presidencia municipal, una convicción tan clara como la de él, de lo que tiene que hacer el Estado Mexicano ante los capos que hoy deciden quién vive y quién muere.