En la 4T, la justicia llega a los “números dos”

En la justicia de la 4T hay una regla no escrita: a los jefes no se les toca; se llega hasta los “número dos”. Al jefe se le investiga, pero se le exonera. Al segundo al mando se le imputa, se le persigue, se le detiene, se le procesa y se le encarcela. Al número uno no se le toca.

En el México de la 4T, la responsabilidad tiene un límite. La investigación puede subir por el organigrama, pero cuando está a punto de llegar al mero mero, se topa con un letrero invisible: hasta aquí.

Caen los subordinados, los operadores, los sobrinos, los amigos. Los números dos. Nunca los números uno.

Pasó con Segalmex, el escándalo de corrupción con el que se estrenó el sexenio de López Obrador. Quince mil millones de pesos desviados de un organismo creado para ayudar a los más pobres. ¿Quién terminó procesado? René Gavira, director de Administración y Finanzas. Su jefe, Ignacio “Nacho” Ovalle, director general de Segalmex y viejo amigo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca fue imputado. Solo lo cambiaron de puesto. Mientras su subordinado enfrentaba a la justicia, Ovalle encontró refugio en Gobernación.

Pasó con La Barredora. El señalado como líder, Hernán Bermúdez Requena, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López. Adán Augusto lo encumbró, lo impulsó, lo nombró. Bermúdez terminó detenido. Adán Augusto no ha tenido ni siquiera que presentarse a declarar. El subordinado está bajo investigación penal. El jefe sigue despachando como dueño del Senado.

Pasó con el huachicol fiscal en la Marina. El acto de corrupción más grande en la historia de México. Unos 600 mil millones de pesos, según estimó el propio Gobierno morenista. Las investigaciones alcanzaron a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda. Pero no al almirante. Los sobrinos están detenidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El tío ni siquiera ha sido citado a declarar.

Pasó con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 41 migrantes porque permanecían encerrados cuando comenzó el fuego. Funcionarios migratorios y personal de seguridad enfrentaron procesos penales. Varios permanecen detenidos. El jefe, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, no tuvo siquiera que renunciar al cargo. Hace una semana se cerró por completo el caso en su contra.

Pasó con los videos de Pío López Obrador. Cuando el hermano del ex presidente de México apareció en grabaciones recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos, quien renunció a su cargo en el Gobierno fue David León, el hombre que le entregaba el dinero. A Pío no lo persiguió nadie del Gobierno y, por el contrario, él se dio el lujo de presentarse como denunciante, sin enfrentar consecuencias penales.

Pasó con la Línea 12 del Metro. Tras el colapso que dejó 26 personas muertas, diez funcionarios fueron vinculados a proceso. La directora del Metro, Florencia Serranía, ni siquiera fue citada a declarar. Tampoco los jefes de Gobierno vinculados políticamente con la obra y su operación: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

El caso más reciente es Chihuahua. Durante meses, el régimen impulsó la idea de que la gobernadora Maru Campos había cometido el delito de traición a la patria por permitir la participación de agentes de la CIA en operaciones contra el narcotráfico. A la hora de las acusaciones, el Gobierno se dio por satisfecho con encarcelar al fiscal estatal, César Jáuregui. La gobernadora fue exonerada al día siguiente por la misma Presidenta que había impulsado la narrativa en su contra.

El patrón es demasiado repetido para no llamar la atención.

Me atrevo a aventurar el siguiente capítulo: Amílcar tuvo la culpa de todo, Andy no sabía.

carlosloret@yahoo.com.mx