Acueducto: concesión o deuda
El nuevo acueducto Chapala-Guadalajara es una obra necesaria para dotar de agua a la ciudad. De eso no hay duda ni está a discusión. Se debe construir.
En este momento, el Gobierno de Jalisco y la Federación deliberan sobre cómo se va a pagar esa obra: el modelo para financiarla.
Para escribir esta columna entrevisté a un ex alto funcionario de Finanzas del Gobierno de Jalisco para que me explicara los escenarios y costos. Lamentablemente, me pidió omitir su nombre porque está alejado de la política.
Primero, el contexto. El Gobierno de Jalisco propuso para el acueducto un esquema en el que un particular se encargaría de la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación (CMRO) de la obra.
Sin embargo, el CMRO es solo un rebranding (cambio de marca) que realizó tramposamente la 4T para no llamarlo por su nombre: es una concesión formal bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas. De hecho, ese concepto de CMRO ni siquiera aparece en dicha ley.
Lo hizo la 4T para borrar la “mala prensa” de los términos concesión y privatización. Ese es el punto de partida.
El Gobierno estatal justifica el uso del modelo CMRO porque, sostiene, lo ha empleado la Federación desde el sexenio pasado. No obstante, bajo esa denominación, solo se ha utilizado para infraestructura carretera, no para obras hídricas.
En el discurso, los beneficios de este modelo son muchos, nos dice el Gobierno local: el Estado no se endeuda, no se privatiza el servicio porque el agua sigue siendo de los jaliscienses y no subirán las tarifas.
Lo anterior es relativo. Dejar la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación en manos de un particular eleva los costos.
La obra cuesta 12 mil millones de pesos. Sin embargo, si se concesiona por 20 o 25 años, terminaría costando entre 38 mil y 49 mil millones de pesos, más IVA. Y el Estado tendría que pagar anualmente entre 2 mil 300 y 2 mil 600 millones de pesos durante la vigencia de la concesión.
Eso no es una deuda, sino una “obligación financiera” en términos fiscales. Pero seamos francos: si estás obligado a pagar cada año una cantidad durante 25 años, eso, para efectos prácticos, es una deuda. Solo que le pagas a un particular, no a la banca.
Ahora bien, no sabemos qué pasará en cuatro o cinco lustros. El agua es un bien cada vez más escaso y dejar en manos de un particular la infraestructura para traerla a Guadalajara es un riesgo que debemos valorar.
Como ciudadanos, debemos tener claros estos elementos. El modelo de financiamiento es una discusión inacabada. La Federación y el Gobierno de Jalisco deben evaluar las mejores alternativas.
El ex funcionario me comentó que, como mínimo, debería hacerse un ejercicio para analizar cuánto cuesta un crédito (deuda) y cuánto una concesión (privatización). La posibilidad de que el sector público construya y opere la obra mediante financiamiento público también debe ponerse sobre la mesa.
Y no menos importante: sí o sí, la Federación debe aportar recursos, todos los necesarios y posibles. El costo de la obra puede reducirse con fondos federales.
En pocas palabras, la Presidenta debe dejar de aprovechar políticamente cada impericia del Gobierno de Jalisco y extenderle la mano, que el pie se lo pone solo.