¿Qué significa el posible fin del TLCAN?
Más allá del análisis del monto del comercio, la ruptura del acuerdo significa un golpe a la visión integradora de bloques económicos, y al multilateralismo en general; además supondría el retiro de un cierto aval de seguridad jurídica que implica el tratado para las inversiones. También, es una llamada de atención porque cuestiones políticas internas de Estados Unidos (EU) ahora nos afectan directamente; y además, supone presiones para que temas esencialmente internos como las normas laborales sean abordados con otras naciones.
Respecto al comercio es poco probable que haya una disminución muy significativa de los flujos comerciales actuales, lo que puede suponer es que muchos proyectos productivos podrían ser pospuestos o cancelados. En este caso resulta claro que la política de la actual administración de EU, prefiere terminar con los mecanismos multilaterales y negociar bilateralmente para tener más ventajas. Así que los asuntos comerciales aunque se regularían por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, seguramente recibirían presiones en el marco de la relación bilateral.
Sobre la seguridad para las inversiones, es claro que México cuenta ahora con un marco regulatorio mucho más sólido que hace 24 años, que ayuda a dar seguridad jurídica a las inversiones externas, sin embargo, los temas de inseguridad e impunidad que han crecido en los años recientes son una preocupación que habrá que atender mediante el fortalecimiento de las instituciones y su eficacia.
La política interior de EU incorporó en la agenda la relación con México, y eso ha resultado en un desafío difícil de manejar. La idea de la integración económica se contaminó por la percepción de inseguridad y tráfico de drogas y se convirtió en una imagen de amenaza que fue aprovechada por su actual presidente para encontrar un foco de combate en la campaña. México con su pujante comercio y su inseguridad se presentó como un riesgo para la seguridad interior, sumado a una comunidad de más de 12 millones de compatriotas que viven allá. La posición antimexicana se convirtió en parte de la narrativa que logró el triunfo y ahora, aunque se trata de suavizar el tema, forma parte de la agenda política prometida por Trump a sus electores. En ese sentido hay poco espacio para actuar, salvo las operaciones de lobby y la labor del aparato consular.
La negociación del TLCAN ha sido un proceso profesional, serio, duro, sacudido y dependiente en todo momento del torrente verbal impredecible de Trump. La agenda para México tiene algunos temas difíciles desde la perspectiva comercial, pero hay uno especialmente delicado por sus implicaciones que puede convertirse en la piedra angular: la regulación y las condiciones laborales. Este es un asunto que rebasa el ámbito comercial, es un tema de política interna, que ciertamente tiene impacto económico, y que ahora ha sido tomado por los dos países miembros del acuerdo como ineludible. El Primer Ministro de Canadá lo dejó claro en su discurso en el Senado al decir que mejorar las normas laborales puede ser la única forma de proteger el pacto comercial de 23 años de antigüedad. “Los estándares laborales progresivos son la forma en que nos aseguramos de que un TLCAN modernizado también refuerce no solo el comercio justo y libre, sino que también disfrutará de un respaldo popular duradero”, dijo Trudeau. Es una cuestión esencial porque un cambio de política para incrementar los salarios es positiva sin duda, pero el problema es cómo implementarla sin producir una escalada inflacionaria, y como operar una transformación del sistema sindical sin provocar agitación social y política. El tema en sí mismo es un desafío inmenso.
Los escenarios de salida del acuerdo por parte de Estados Unidos son complejos: si se elige la ruta convencional, debe darse un aviso con seis meses de anticipación y su Congreso debe aprobar la decisión de su Presidente. Pero dado el personaje, podría tomarse una vía lateral para evitar el Congreso, con lo que se abriría la puerta a un debate legal planteado por los organismos empresariales de nuestros vecinos. Ni a Canadá ni a México les conviene romper el acuerdo por iniciativa propia, así que la estrategia parece ser resistir. En el peor de los casos estamos hablando de que en los siguientes seis meses se establecería un impass de enorme desgaste para México, porque implicaría turbulencias económicas empatadas con el proceso electoral, que producirían una temporada adicional de huracanes políticos y financieros. Hoy esencialmente los escenarios son dos: terminación del TLCAN con una ruta de movilización inmediata para la contención de daños, actuación económica en apoyo a los más afectados, estrategia de mayor presencia de México en el mundo y contención del tema en la campaña electoral para evitar la polarización. El otro, es asumir que si hubiera un TLCAN 2.0 éste contendría elementos nuevos muy relevantes, como la parte laboral que supondría presiones inflacionarias, producto del incremento salarial y las condiciones de trabajo, nuevas reglas que requerirían reconversión de procesos y cadenas de suministros en algunas industrias como la automotriz, y regulaciones adicionales en materia de energía y telecomunicaciones. En los dos escenarios habrá un periodo de ajuste de políticas que puede aprovecharse para introducir mejoras sociales, y al mismo tiempo generar medidas para atraer inversiones. Fortalecer el mercado interno parece ser la ruta junto a medidas salariales, laborales, estímulos a las inversiones y diversificación de mercados. El ajuste ha comenzado al no haber más escenarios. Los mercados lo están descontando y los tomadores de decisiones se preparan para enfocar con más precisión. Con o sin TLCAN habrá ajustes temas laborales, industriales, de seguridad y gobernabilidad que debemos asumir para fortalecer la eficiencia de las instituciones. Habrá que hacer que sea para fortalecernos y no para dividirnos.