El fin de los jueces
El 6 de agosto de 2025 pasará a la historia como el principio del fin del sistema judicial como lo conocimos.
En su última sesión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clausurada por el ministro Javier Laynez con la voz entrecortada. No era para menos, su clausura marca el cierre de una época en el Poder Judicial, perfectible pero funcional, donde aún era posible encontrar contrapesos del poder.
Uno de los últimos expedientes resueltos y que marca una despedida emblemática fue el amparo promovido por Lorenzo Córdova en contra de la SEP, por el uso de su nombre e imagen en libros de texto como ejemplo de discriminación.
La Corte le concedió la razón, pues el ejemplo que cita el libro se trata de una comunicación obtenida ilegalmente.
La sentencia pone de manifiesto lo que está en juego: los derechos de las personas frente a los abusos del poder.
Durante décadas y, por lo menos, desde mi inicio como abogado, los ciudadanos supimos que, a pesar de las deficiencias del sistema judicial, los jueces y magistrados federales -en su mayoría- eran funcionarios de carrera, que habían ascendido bajo una lógica meritocrática.
Incluso en litigios de alto impacto político, cuando los tribunales locales se doblegaban ante el Ejecutivo, los tribunales federales ofrecían una esperanza real de justicia.
Pero esta esperanza comienza a desvanecerse. Dentro de pocos días, concluirán las sesiones de las demás salas de la Corte e iniciará la transición de togados.
El 1 de septiembre tomarán posesión los nuevos jueces, magistrados y ministros electos mediante voto popular, producto de un experimento institucional que, desde su concepción, fue calificado de kafkiano.
Como advirtió Gargarella, las constituciones latinoamericanas “han reproducido una arquitectura colonial del poder, con un Ejecutivo hipertrofiado y un Poder Judicial débil o funcional al poder”.
Antes se hacía desde mecanismos de designación abiertamente controlados por poderes políticos, sin transparencia, ni contrapesos. Ahora, se disfraza la imposición de voluntad popular, cooptada desde las redes clientelares y confeccionada desde el molde de la estructura del régimen.
Nunca estuvo tan vigente el dicho de Vargas Llosa: “La dictadura perfecta es México, porque es una dictadura camuflada de democracia”.
Tenemos partidos, tenemos Congreso, tenemos Suprema Corte, pero el régimen controla todo. Cada vez existe menos posibilidad de alternancia.
La política será la nueva fuente del derecho, el lugar del cual abreven los juzgadores para resolver. Las leyes y la jurisprudencia, fácilmente ignorados.
El nuevo régimen cada vez está más cerca del poder absoluto que lleve a la opresión de las minorías, sin que exista ya árbitro independiente.
Espero equivocarme, pero el futuro inmediato no es alentador. La justicia ya no es independiente, ni los tribunales gozan de autonomía.
Apenas podremos conocer las consecuencias de la reforma judicial. Pero ¿qué juez se atreverá a aplicar el derecho cuando su continuidad esté en juego? Ya sea por temor al Tribunal de Disciplina Judicial o a caer de la gracia de las mayorías.