SAT: Prepara herramientas de análisis con audios, fotos y videos en 2026
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) avanza en la modernización de sus procesos de control fiscal rumbo a 2026, con reformas que incorporan un mayor uso de herramientas tecnológicas
De cara a los cambios fiscales previstos para 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió la tarjeta informativa 16/2025 con el propósito de precisar el alcance de las reformas recientemente anunciadas. Aunque el comunicado oficial señala que las medidas están dirigidas principalmente al combate de comprobantes fiscales falsos, el nuevo marco legal da paso a un esquema conocido como “Fiscalización 4.0”, caracterizado por un mayor uso de herramientas tecnológicas y un nivel de supervisión más profundo.
Dentro de este nuevo modelo, uno de los ajustes más relevantes es la autorización para que la autoridad incorpore fotografías, grabaciones de audio y videos como elementos probatorios durante las visitas domiciliarias. Esta facultad permite al SAT documentar de manera detallada la infraestructura y las actividades del contribuyente, respaldar presunciones de evasión mediante tecnología avanzada y exigir que la defensa fiscal considere aspectos técnicos adicionales, como los metadatos y la trazabilidad digital de los archivos audiovisuales recabados.
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Otro punto central de la normativa que entrará en vigor en 2026 es el acceso directo a plataformas digitales. Determinados prestadores de servicios digitales estarán obligados a otorgar al SAT acceso en línea y en tiempo real a información clave para fines de fiscalización. Con esta herramienta, la autoridad podrá monitorear y cruzar datos operativos de forma inmediata, lo que incrementa de manera significativa la eficiencia de las auditorías.
El objetivo de estas disposiciones es reforzar el control sobre sectores que manejan un alto volumen de transacciones, mediante una trazabilidad digital integral que dificulte la omisión de ingresos o la simulación de operaciones.
No obstante, la aplicación de este esquema de supervisión digital intensificada implica diversos riesgos jurídicos que las empresas deben prever. Entre los posibles puntos de controversia se encuentran el alcance de los registros audiovisuales dentro de la propiedad privada y su impacto en la privacidad, la correcta cadena de custodia y resguardo de la evidencia digital obtenida por los auditores, así como la proporcionalidad de las medidas frente a la presunta infracción.
En este contexto, la gestión adecuada de la documentación y la tecnificación de los procesos internos adquieren una relevancia central. La autoridad podrá apoyar sus presunciones tanto en el acceso a plataformas digitales como en el material multimedia recabado, lo que obliga a los contribuyentes a fortalecer el control preventivo de sus operaciones financieras y administrativas.
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BB