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Prohibir o debatir
Las palabras cambian con el tiempo y no necesariamente mantienen su sentido original.
GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2014).- Nadie niega que la palabra “puu...” encapsule discriminación. No cabe duda que la palabra hace relación a un estereotipo que la cultura mexicana tiene sobre el homosexual. Significa cobarde, pusilánime y miedoso. El concepto mismo nace como una condena a la “personalidad de los homosexuales”. Más que una denuncia de su preferencia sexual, la palabra tiene su origen en las características personales identificadas con la comunidad gay. Pero, ¿esto significa que debemos prohibir todas las palabras que contengan en su genealogía una discriminación? ¿Esto quiere decir que el Estado nos debe decir qué palabras debemos pronunciar y cuáles no? ¿Prohibir palabras en el lenguaje es eficaz para construir una sociedad con menos discriminación?
Justificar las prohibiciones no las libertades
En materia política, prohibir palabras o conceptos, limitar la libertad de expresión, es una medida recurrente de gobiernos para “condenar al pasado”, la clausura de una reminiscencia innombrable. Es como si regulando el lenguaje un régimen político buscara distanciarse sustancialmente del pasado. Regulaciones de este tipo han nacido en países como la Alemania pos-Hitler o en la Turquía moderna donde el genocidio armenio se borró de la historia y se prohibió en el lenguaje. El vínculo de la palabra con un pasado vergonzante es la legitimidad de la regulación.
La libertad de expresión no sólo encuentra límites políticos, sino también cuando afecta a terceros o va en contra de “fines sociales anhelables”. En el primero de los casos, es posible nombrar regulaciones para castigar la difamación o leyes para proteger a los ciudadanos de entornos inseguros (gritar “bomba” en un avión en Estados Unidos). El Estado tiene su origen en la idea de garantizar seguridad a los ciudadanos, por lo que no es raro que limite libertades en esta materia. En el segundo de los casos, y en donde existe un debate ideológico más profundo entre izquierda y derecha, se puede justificar la censura por fines sociales. La reforma electoral de 2007, cuando se prohíbe comprar espacios en la televisión y en el radio, parte precisamente de esta idea. O incluso cobrar más impuestos a quien más tiene: sacrificar la libertad económica de unos en aras de una sociedad con niveles mayores de igualdad económica. La libertad queda subordinada a otros objetivos sociales: igualdad, seguridad o sustentabilidad.
Dicen los liberales que el Estado debe justificar las prohibiciones y no las libertades. Las dictaduras suelen creer en lo contrario: las libertades son una concesión del poder y del régimen. Al contrario, la idea democrática de la sociedad parte de la premisa de que en una comunidad, la libertad es un hecho fundacional. A diferencia de lo que creían los realistas como Hobbes o Maquiavelo, la democracia liberal cree que el hombre es libre y el Estado sólo debe intervenir en esos asuntos donde el interés general o de terceros se encuentra en entredicho. La libertad es una justificación en sí misma, la prohibición no lo es. Al el garante del pacto social el Estado puede prohibir, pero siempre que el resultado social obtenido justifique las libertades sacrificadas.
La prohibición ha demostrado pocas veces su eficacia en temas que tiene que ver con las creencias o ideologías de los ciudadanos. Los países que han optado por estas medidas no han logrado desaparecer los adeptos a estas posturas. Los grupos de skinheads y abiertamente revisionistas del Nazismo, perviven en la Alemania de hoy. En Alemania, como en muchos países europeos, el negacionismo como postura política sobre el Holocausto es un delito. Ningún alemán tiene permitido dudar del horror del nazismo. Es una visión que nace de que hay ciertas cosas que no pueden estar a debate. Abrirlas siquiera, es un insulto al dolor y a la tragedia de esas épocas.
Unos datos pueden ilustrar como estas prohibiciones resultan en paliativos que ocultan los problemas, pero que no modifican actitudes de fondo. “Unidos contra el Racismo”, una organización internacional que combate la xenofobia y el racismo en distintos países del mundo, publicó un estudio donde demuestra que el negacionismo del Holocausto se ha mantenido en los mismos porcentajes de aceptación en las últimas tres décadas. Regulaciones para atacar el negacionismo en distintos países europeos han fracasado e incluso han alimentado a posiciones contrarias. La prohibición pública no impide que la discriminación perviva con legitimidad en la intimidad y se reproduzca en espacios que constituyen como los primeros contactos de socialización de los niños. Así, nunca confrontan esos discursos de odio con argumentos democráticos y de tolerancia, ya que la prohibición limita esta posibilidad.
Los llamados “discursos de odio” y su regulación se colocan en el centro de este debate. Partimos de la idea de que la discriminación es uno de los impulsos que frenan con más contundencia el avance democrático. Es la negación del otro y su condena. Ante esto, y entendiendo que la democracia necesita como unos de sus cimientos culturales a la tolerancia, el respeto y la admisión de las diferencias, cómo se pueden atacar los impulsos discriminatorios que viven, perviven y se reproducen en el lenguaje. Existen dos opciones a grandes rasgos: prohibir o debatir.
La democracia como debate
La democracia es un debate continuo. Un debate como cualquier otro: incluye acaloramientos, pasiones, impulsos, gritos y acuerdos. Es una discusión que fluye y que nos incluye a todos. Cómo somos, con nuestras virtudes y defectos. La democracia acarrea todos esos vicios que nosotros mismos tenemos cuando debatimos: insultamos, nos enojamos, hacemos aspavientos y nos frustramos. Sin embargo, a pesar de todo esto, el debate es la solución y no el problema. Debatimos porque somos plurales, distintos y tenemos posiciones encontradas en muchos temas. Una sociedad plural no acepta la uniformidad y sospecha de la unanimidad. Las dictaduras son tan eficaces en esconder problemas por eso mismo: clausuran el debate y recurren a la prohibición. Es como el padre con el hijo pequeño, ¡No discutas, obedece!
La forma democrática de modificar posturas políticas o de exhibir actitudes de discriminación, es a través del debate. Si la prohibición genera secrecía, conspiración e inmovilismo, la discusión provoca apertura, enfrentamiento de ideas y cambio de posturas. Los debates democráticos exhiben a los extremistas y desnudan su intolerancia. Esto ha pasado con los distintos partidos extremistas cuando salen a la luz pública. Mantenerlos en la prohibición les da oxígeno y les permite adueñarse de ideas que aunque no nos gusten, seducen a una parte del electorado. El debate exhibe y pone a cada quien en su lugar.
Por eso, la mejor forma de combatir la discriminación es a través del debate y la discusión constante. “Todos tenemos derecho a insultar en democracia”, como acertadamente lo ha apuntado Jesús Silva-Herzog Márquez. Sin embargo, también estamos expuestos a ser desnudados en nuestros odios, complejos y tabúes. Ante el discurso del odio, la democracia debe de bajar a las profundidades de sus “argumentos” y desmontarlos de fondo. No ayuda en nada barrer el sucio piso y esconderlo debajo de la alfombra de la sala. La discriminación sigue ahí y en estado latente. Incluso la prohibición le brinda una extraña legitimidad. Así lo señaló el ministro Cossío en la discusión sobre la restricción de las palabras “puñal” y “maricón” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ofender no es discriminar. Para un tribunal la supresión de ideas debiera ser el último recurso en aras de conseguir esta finalidad. La proscripción de palabras sin relación a su uso ni al contexto en el que se pronunciaron, debiera resultar prácticamente imposible”.
Como lo señaló el ministro Cossío y otros juristas en la materia, la libertad de expresión se debe limitar en condiciones extremas que lastiman a terceros. Eso ocurre con la difamación, los infundios o aseveraciones que pueden llevar al pánico. Toda palabra depende de su contexto y limitarse a sólo voltear a ver su origen filológico significa condenarnos a vivir con la connotación del pasado. Sucede en casos como el “matrimonio”, que su origen está vinculado con la maternidad y la procreación, pero que la comunidad homosexual ha pedido su resignificación para convertirlo en un concepto universal que involucre a parejas de cualquier preferencia sexual o con cualquier proyecto de vida, ya sea considerando hijos o no. Comenzar a prohibir palabras que consideramos discriminatorias o que envuelven en su origen una carga de odio, nos puede llevar a un callejón sin salida donde las prohibiciones sean la forma que adoptemos como sociedad para modificar esos impulsos discriminatorios que no han desaparecido.
El mejor escudo contra la discriminación son las ideas, los argumentos y el debate. La sociedad mexicana es “mayor de edad” como para entender que hay ciertos conceptos y connotaciones que utilizadas en determinado contexto hieren a una parte de la población. Permitir que el Estado se meta en la proscripción de ciertas palabras nos puede llevar a un laberinto sin salida. Por citar un ejemplo: no podemos utilizar “chi...ón” porque nos remite a violación, ultrajar y es un concepto misógino, como lo señaló Nicolás Alvarado.
Así, muchas palabras que significaron algo en el pasado, ahora no necesariamente mantienen un núcleo de discriminación, sino que su uso las ha transformado. Es fundamental atacar la discriminación en un país que como demuestran las encuestas es más homofóbico y misógino de lo que muchas veces aceptamos. Pero a través de las proscripción de las palabras no sólo no es el camino, sino que además es completamente inútil.
Justificar las prohibiciones no las libertades
En materia política, prohibir palabras o conceptos, limitar la libertad de expresión, es una medida recurrente de gobiernos para “condenar al pasado”, la clausura de una reminiscencia innombrable. Es como si regulando el lenguaje un régimen político buscara distanciarse sustancialmente del pasado. Regulaciones de este tipo han nacido en países como la Alemania pos-Hitler o en la Turquía moderna donde el genocidio armenio se borró de la historia y se prohibió en el lenguaje. El vínculo de la palabra con un pasado vergonzante es la legitimidad de la regulación.
La libertad de expresión no sólo encuentra límites políticos, sino también cuando afecta a terceros o va en contra de “fines sociales anhelables”. En el primero de los casos, es posible nombrar regulaciones para castigar la difamación o leyes para proteger a los ciudadanos de entornos inseguros (gritar “bomba” en un avión en Estados Unidos). El Estado tiene su origen en la idea de garantizar seguridad a los ciudadanos, por lo que no es raro que limite libertades en esta materia. En el segundo de los casos, y en donde existe un debate ideológico más profundo entre izquierda y derecha, se puede justificar la censura por fines sociales. La reforma electoral de 2007, cuando se prohíbe comprar espacios en la televisión y en el radio, parte precisamente de esta idea. O incluso cobrar más impuestos a quien más tiene: sacrificar la libertad económica de unos en aras de una sociedad con niveles mayores de igualdad económica. La libertad queda subordinada a otros objetivos sociales: igualdad, seguridad o sustentabilidad.
Dicen los liberales que el Estado debe justificar las prohibiciones y no las libertades. Las dictaduras suelen creer en lo contrario: las libertades son una concesión del poder y del régimen. Al contrario, la idea democrática de la sociedad parte de la premisa de que en una comunidad, la libertad es un hecho fundacional. A diferencia de lo que creían los realistas como Hobbes o Maquiavelo, la democracia liberal cree que el hombre es libre y el Estado sólo debe intervenir en esos asuntos donde el interés general o de terceros se encuentra en entredicho. La libertad es una justificación en sí misma, la prohibición no lo es. Al el garante del pacto social el Estado puede prohibir, pero siempre que el resultado social obtenido justifique las libertades sacrificadas.
La prohibición ha demostrado pocas veces su eficacia en temas que tiene que ver con las creencias o ideologías de los ciudadanos. Los países que han optado por estas medidas no han logrado desaparecer los adeptos a estas posturas. Los grupos de skinheads y abiertamente revisionistas del Nazismo, perviven en la Alemania de hoy. En Alemania, como en muchos países europeos, el negacionismo como postura política sobre el Holocausto es un delito. Ningún alemán tiene permitido dudar del horror del nazismo. Es una visión que nace de que hay ciertas cosas que no pueden estar a debate. Abrirlas siquiera, es un insulto al dolor y a la tragedia de esas épocas.
Unos datos pueden ilustrar como estas prohibiciones resultan en paliativos que ocultan los problemas, pero que no modifican actitudes de fondo. “Unidos contra el Racismo”, una organización internacional que combate la xenofobia y el racismo en distintos países del mundo, publicó un estudio donde demuestra que el negacionismo del Holocausto se ha mantenido en los mismos porcentajes de aceptación en las últimas tres décadas. Regulaciones para atacar el negacionismo en distintos países europeos han fracasado e incluso han alimentado a posiciones contrarias. La prohibición pública no impide que la discriminación perviva con legitimidad en la intimidad y se reproduzca en espacios que constituyen como los primeros contactos de socialización de los niños. Así, nunca confrontan esos discursos de odio con argumentos democráticos y de tolerancia, ya que la prohibición limita esta posibilidad.
Los llamados “discursos de odio” y su regulación se colocan en el centro de este debate. Partimos de la idea de que la discriminación es uno de los impulsos que frenan con más contundencia el avance democrático. Es la negación del otro y su condena. Ante esto, y entendiendo que la democracia necesita como unos de sus cimientos culturales a la tolerancia, el respeto y la admisión de las diferencias, cómo se pueden atacar los impulsos discriminatorios que viven, perviven y se reproducen en el lenguaje. Existen dos opciones a grandes rasgos: prohibir o debatir.
La democracia como debate
La democracia es un debate continuo. Un debate como cualquier otro: incluye acaloramientos, pasiones, impulsos, gritos y acuerdos. Es una discusión que fluye y que nos incluye a todos. Cómo somos, con nuestras virtudes y defectos. La democracia acarrea todos esos vicios que nosotros mismos tenemos cuando debatimos: insultamos, nos enojamos, hacemos aspavientos y nos frustramos. Sin embargo, a pesar de todo esto, el debate es la solución y no el problema. Debatimos porque somos plurales, distintos y tenemos posiciones encontradas en muchos temas. Una sociedad plural no acepta la uniformidad y sospecha de la unanimidad. Las dictaduras son tan eficaces en esconder problemas por eso mismo: clausuran el debate y recurren a la prohibición. Es como el padre con el hijo pequeño, ¡No discutas, obedece!
La forma democrática de modificar posturas políticas o de exhibir actitudes de discriminación, es a través del debate. Si la prohibición genera secrecía, conspiración e inmovilismo, la discusión provoca apertura, enfrentamiento de ideas y cambio de posturas. Los debates democráticos exhiben a los extremistas y desnudan su intolerancia. Esto ha pasado con los distintos partidos extremistas cuando salen a la luz pública. Mantenerlos en la prohibición les da oxígeno y les permite adueñarse de ideas que aunque no nos gusten, seducen a una parte del electorado. El debate exhibe y pone a cada quien en su lugar.
Por eso, la mejor forma de combatir la discriminación es a través del debate y la discusión constante. “Todos tenemos derecho a insultar en democracia”, como acertadamente lo ha apuntado Jesús Silva-Herzog Márquez. Sin embargo, también estamos expuestos a ser desnudados en nuestros odios, complejos y tabúes. Ante el discurso del odio, la democracia debe de bajar a las profundidades de sus “argumentos” y desmontarlos de fondo. No ayuda en nada barrer el sucio piso y esconderlo debajo de la alfombra de la sala. La discriminación sigue ahí y en estado latente. Incluso la prohibición le brinda una extraña legitimidad. Así lo señaló el ministro Cossío en la discusión sobre la restricción de las palabras “puñal” y “maricón” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ofender no es discriminar. Para un tribunal la supresión de ideas debiera ser el último recurso en aras de conseguir esta finalidad. La proscripción de palabras sin relación a su uso ni al contexto en el que se pronunciaron, debiera resultar prácticamente imposible”.
Como lo señaló el ministro Cossío y otros juristas en la materia, la libertad de expresión se debe limitar en condiciones extremas que lastiman a terceros. Eso ocurre con la difamación, los infundios o aseveraciones que pueden llevar al pánico. Toda palabra depende de su contexto y limitarse a sólo voltear a ver su origen filológico significa condenarnos a vivir con la connotación del pasado. Sucede en casos como el “matrimonio”, que su origen está vinculado con la maternidad y la procreación, pero que la comunidad homosexual ha pedido su resignificación para convertirlo en un concepto universal que involucre a parejas de cualquier preferencia sexual o con cualquier proyecto de vida, ya sea considerando hijos o no. Comenzar a prohibir palabras que consideramos discriminatorias o que envuelven en su origen una carga de odio, nos puede llevar a un callejón sin salida donde las prohibiciones sean la forma que adoptemos como sociedad para modificar esos impulsos discriminatorios que no han desaparecido.
El mejor escudo contra la discriminación son las ideas, los argumentos y el debate. La sociedad mexicana es “mayor de edad” como para entender que hay ciertos conceptos y connotaciones que utilizadas en determinado contexto hieren a una parte de la población. Permitir que el Estado se meta en la proscripción de ciertas palabras nos puede llevar a un laberinto sin salida. Por citar un ejemplo: no podemos utilizar “chi...ón” porque nos remite a violación, ultrajar y es un concepto misógino, como lo señaló Nicolás Alvarado.
Así, muchas palabras que significaron algo en el pasado, ahora no necesariamente mantienen un núcleo de discriminación, sino que su uso las ha transformado. Es fundamental atacar la discriminación en un país que como demuestran las encuestas es más homofóbico y misógino de lo que muchas veces aceptamos. Pero a través de las proscripción de las palabras no sólo no es el camino, sino que además es completamente inútil.