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'Mamá Rosa' y el fracaso del Estado
El escándalo de María Rosa Verduzco ilustra a un Estado incapaz de regular y supervisar ni siquiera a albergues como el de la Gran Familia, tan conocido y con tanto arraigo en Zamora
GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2014).- Las imágenes son espeluznantes. Suciedad, hacinamiento, insalubridad y condiciones deplorables, se hacen más que evidentes en las fotografías reveladas por la prensa. El albergue la Gran Familia es un calabozo que deprime con el sólo hecho de mirarlo. Los pasillos, los cuartos, la cocina, todo en conjunto es una ofensa a la dignidad humana de las 600 personas que vivían y hacían sus actividades cotidianas en el refugio. Las condiciones en que vivían los niños en el albergue muestran de cuerpo entero al negocio de María Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”; una anciana cercana al poder que explotaba un negocio de caridad reconocido por las autoridades públicas en Michoacán y a nivel federal, empresarios y hasta intelectuales. ¿“Mamá Rosa” engañó a tantos? ¿Es eso, una mujer sin escrúpulos, amparada por la élite intelectual del país y ligada a la burguesía más afianzada y conservadora de Zamora? ¿No nos dice algo más profundo este escándalo sobre los cimientos reguladores del Estado mexicano?
“Mamá Rosa” comenzó su labor altruista a mediados de los años cuarenta. Desde ahí, ha operado con un apoyo oficial innegable.
El albergue de “Mamá Rosa” siempre ha sido sujeto de donaciones públicas y privadas, y sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, logró atraer recursos millonarios para atender a los centenares de niños que llegaban al albergue: desde migrantes, niños abandonados hasta niños en extrema pobreza. Y a nivel estatal, sin importar los colores partidistas, María Rosa Verduzco trazó relaciones positivas tanto con el gobernador Fausto Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como con el ex mandatario estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy. PAN, PRI y PRD michoacanos fueron respaldos políticos para la labor de “Mamá Rosa” y aunque desde 2010 existían ya denuncias por el trato dado a los niños en el albergue, el apoyo público a la labor de la activista social siempre le salvó de que se conocieran a fondo las condiciones en las que vivían los niños.
El debate
Existen muchas hipótesis que han sido puestas en la palestra pública en los últimos días. Está por ejemplo la interpretación de Raymundo Riva Palacio que habla del escudo protector de “Mamá Rosa” y su vínculo con la “alcurnia zamorana” que toleró las condiciones indignas del albergue a cambio de que “Mamá Rosa” se encargara de los asuntos que les incomodaban. “Algunas señoritas católicas de alta sociedad le llevaron el producto de sus pecados. ‘Mamá Rosa’ recibió a los hijos no deseados de esas élites que no podían ser reconocidos como una obra fuera del matrimonio” escribe en “Los secretos de ‘Mamá Rosa’”. Sin embargo, en contraposición a estos argumentos dados por el periodista, también ha salido más de un intelectual en su defensa. Enrique Krauze, historiador y reconocido intelectual, argumentó por “Mamá Rosa” desde su cuenta de Twitter: pidió un juicio justo para ella, evitar el linchamiento social y que se ponderen los argumentos por los que se le acusa.
Y no sólo es Krauze. En una carta abierta publicada por la revista Letras Libres, 25 figuras públicas y escritores de prestigio clamaron por una investigación justa y criticaron la forma en la que fue concebido el operativo de su detención. Entre los firmantes están intelectuales de raigambre muy distinta: desde el antropólogo y politólogo Roger Bartra, el ex presidente del IFE, José Woldenberg; la periodista Lydia Cacho, el historiador Jean Meyer y el activista social contra la inseguridad Javier Sicilia. Un respaldo a su labor que no es menor.
Existen dos debates fundamentales sobre su detención en particular. En primer lugar, y eso lo tendrán que resolver los jueces, si verdaderamente existen los ritos de explotación económica y violencia sexual que se narran tanto en los cinco casos que sirvieron para respaldar la averiguación previa como en los distintos testimonios dados por los habitantes del albergue. La labor altruista de “Mamá Rosa” no puede ser un escudo de impunidad. Los testimonios que levantan los medios de comunicación del día en que ingresaron los más de 100 policías federales al albergue, ilustran una crueldad que ameritaría una condena pública unánime. La narración del día a día en el albergue se parece más a una prisión en donde había cuotas; cualquier beneficio dependía de la anuencia de La Jefa (como llaman a “Mamá Rosa”), y se ejercía una violencia estructural contra las 600 personas que se encontraban prácticamente “reclusas” en el lugar. “Te tapas con un sarape para tener sexo en los pasillos, y los que están bien con La Jefa pueden usar un cuarto”, cuenta una joven a El Universal en una crónica firmada por Lydiette Carrión.
El segundo de los ejes es analizar la forma en que se llevó acabo el operativo. Desde el famoso caso de Florence Cassez, quien quedó libre por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se aducía violación al debido proceso y contaminación total de la investigación, el Gobierno de Enrique Peña Nieto había sido cuidadoso de respetar el debido proceso en detenciones de alto impacto. Lo pudimos ver en el caso de Joaquín el “Chapo” Guzmán en donde el Estado mexicano no cayó en la tentación de mediatizar absurdamente una detención que significaba un hito histórico para la justicia mexicana. En general, la aprehensión fue correcta y se respetaron sus derechos como procesado y detenido. Felipe Calderón perdió distintas batallas jurídicas por no entender la tendencia garantista que comenzaba a tomar la SCJN y se le fueron muchos casos mediáticos que lastimaron la legitimidad y la credibilidad de la actuación federal. Su activismo en el caso de Florence Cassez y la casi ruptura de relación con Francia ilustra hasta qué punto Calderón se metió de lleno a gestionar estos casos.
Sin embargo, si bien Peña Nieto había sido cuidadoso de estas “formas”, que son la columna vertebral del procedimiento jurídico en una democracia, en las últimas dos detenciones más mediáticas ha habido alarmas por posibles violaciones a los derechos procesales. Sucede en la detención de José Manuel Mireles, ex vocero de los grupos de autodefensas en Michoacán, en donde se ha discutido el operativo, la política de traslado de presos y si fueron respetados sus derechos más elementales al momento de su aprehensión. En el caso de “Mamá Rosa”, un debate similar ha surgido al considerar “desproporcionado” un operativo de 100 federales para capturar a una “octagenaria” e incluso si existe una orden de aprehensión como tal que ampare la actuación de la Policía Federal. “Mamá Rosa” puede ser una explotadora y delincuente en distintos grados, pero el debido proceso es un derecho humano que no puede ser burlado bajo ninguna consideración.
Un Estado débil
Detrás de este escándalo mediático, volvemos al origen de muchos de nuestros problemas como país: la incapacidad reguladora del Estado. Ya sea en materia económica o en la provisión de servicios, en el tema de niños migrantes o en el incendio de la Guardería ABC, detrás subyace una probada incapacidad del Estado Mexicano, sobre todo a nivel local y estatal, para supervisar adecuadamente. Por décadas, se construyó un Estado Mexicano que es simplemente un “gigante con pies de barro”: grandote, extenso, con ramificaciones y leviatanesco, pero que en la práctica se encuentra desprovisto de alcances para asegurar que albergues como el de “Mamá Rosa” cumplan con las especificaciones en materia de salubridad y se respete de fondo la dignidad de las personas que viven ese recinto. En gran medida, por eso mismo podemos explicar el fracaso de muchas de las reformas de apertura económica de los últimos 30 años: el Estado no puede regular y las intenciones detrás de las reformas quedan pervertidas en monopolios, oligopolios o mercados cerrados. No es sorpresa para nadie afirmar que el Estado Mexicano vivió históricamente de muchos pactos en los que ofrecía impunidad a organizaciones de la sociedad civil, empresarios o activistas ciudadanos, pero a cambio exigía la lealtad política.
“Mamá Rosa” como todos tiene derecho a un juicio justo y con toda la imparcialidad de las autoridades. La mediatización de las causas judiciales tiene esa doble dimensión: convierte a la opinión pública en un tribunal, pero también transparenta las posiciones de ambos lados, lo que limita la discrecionalidad de las autoridades. Sin embargo, detrás de la posible obra criminal de una octagenaria que pasa de ser el ícono de la benevolencia a convertirse en el reflejo más acabado de un sistema de podredumbre que permite la explotación de niños en pleno siglo XXI, se encuentra la corresponsabilidad del Estado en todo lo que ocurre. Si “Mamá Rosa” logró construir un espacio de impunidad en donde se explotaba económicamente y sexualmente a los niños, en gran medida se debió a las omisiones en regulación del Estado. Más que el albergue la Gran Familia, y al igual que la Guardería ABC, los gobiernos en turno tendrían que dar explicaciones de todo el dinero que fue a parar al albergue, todas las concesiones y respaldos dados por distintas administraciones. “Mamá Rosa” es así otro escándalo que desnuda por completo la incapacidad del Estado Mexicano.
“Mamá Rosa” comenzó su labor altruista a mediados de los años cuarenta. Desde ahí, ha operado con un apoyo oficial innegable.
El albergue de “Mamá Rosa” siempre ha sido sujeto de donaciones públicas y privadas, y sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, logró atraer recursos millonarios para atender a los centenares de niños que llegaban al albergue: desde migrantes, niños abandonados hasta niños en extrema pobreza. Y a nivel estatal, sin importar los colores partidistas, María Rosa Verduzco trazó relaciones positivas tanto con el gobernador Fausto Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como con el ex mandatario estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy. PAN, PRI y PRD michoacanos fueron respaldos políticos para la labor de “Mamá Rosa” y aunque desde 2010 existían ya denuncias por el trato dado a los niños en el albergue, el apoyo público a la labor de la activista social siempre le salvó de que se conocieran a fondo las condiciones en las que vivían los niños.
El debate
Existen muchas hipótesis que han sido puestas en la palestra pública en los últimos días. Está por ejemplo la interpretación de Raymundo Riva Palacio que habla del escudo protector de “Mamá Rosa” y su vínculo con la “alcurnia zamorana” que toleró las condiciones indignas del albergue a cambio de que “Mamá Rosa” se encargara de los asuntos que les incomodaban. “Algunas señoritas católicas de alta sociedad le llevaron el producto de sus pecados. ‘Mamá Rosa’ recibió a los hijos no deseados de esas élites que no podían ser reconocidos como una obra fuera del matrimonio” escribe en “Los secretos de ‘Mamá Rosa’”. Sin embargo, en contraposición a estos argumentos dados por el periodista, también ha salido más de un intelectual en su defensa. Enrique Krauze, historiador y reconocido intelectual, argumentó por “Mamá Rosa” desde su cuenta de Twitter: pidió un juicio justo para ella, evitar el linchamiento social y que se ponderen los argumentos por los que se le acusa.
Y no sólo es Krauze. En una carta abierta publicada por la revista Letras Libres, 25 figuras públicas y escritores de prestigio clamaron por una investigación justa y criticaron la forma en la que fue concebido el operativo de su detención. Entre los firmantes están intelectuales de raigambre muy distinta: desde el antropólogo y politólogo Roger Bartra, el ex presidente del IFE, José Woldenberg; la periodista Lydia Cacho, el historiador Jean Meyer y el activista social contra la inseguridad Javier Sicilia. Un respaldo a su labor que no es menor.
Existen dos debates fundamentales sobre su detención en particular. En primer lugar, y eso lo tendrán que resolver los jueces, si verdaderamente existen los ritos de explotación económica y violencia sexual que se narran tanto en los cinco casos que sirvieron para respaldar la averiguación previa como en los distintos testimonios dados por los habitantes del albergue. La labor altruista de “Mamá Rosa” no puede ser un escudo de impunidad. Los testimonios que levantan los medios de comunicación del día en que ingresaron los más de 100 policías federales al albergue, ilustran una crueldad que ameritaría una condena pública unánime. La narración del día a día en el albergue se parece más a una prisión en donde había cuotas; cualquier beneficio dependía de la anuencia de La Jefa (como llaman a “Mamá Rosa”), y se ejercía una violencia estructural contra las 600 personas que se encontraban prácticamente “reclusas” en el lugar. “Te tapas con un sarape para tener sexo en los pasillos, y los que están bien con La Jefa pueden usar un cuarto”, cuenta una joven a El Universal en una crónica firmada por Lydiette Carrión.
El segundo de los ejes es analizar la forma en que se llevó acabo el operativo. Desde el famoso caso de Florence Cassez, quien quedó libre por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se aducía violación al debido proceso y contaminación total de la investigación, el Gobierno de Enrique Peña Nieto había sido cuidadoso de respetar el debido proceso en detenciones de alto impacto. Lo pudimos ver en el caso de Joaquín el “Chapo” Guzmán en donde el Estado mexicano no cayó en la tentación de mediatizar absurdamente una detención que significaba un hito histórico para la justicia mexicana. En general, la aprehensión fue correcta y se respetaron sus derechos como procesado y detenido. Felipe Calderón perdió distintas batallas jurídicas por no entender la tendencia garantista que comenzaba a tomar la SCJN y se le fueron muchos casos mediáticos que lastimaron la legitimidad y la credibilidad de la actuación federal. Su activismo en el caso de Florence Cassez y la casi ruptura de relación con Francia ilustra hasta qué punto Calderón se metió de lleno a gestionar estos casos.
Sin embargo, si bien Peña Nieto había sido cuidadoso de estas “formas”, que son la columna vertebral del procedimiento jurídico en una democracia, en las últimas dos detenciones más mediáticas ha habido alarmas por posibles violaciones a los derechos procesales. Sucede en la detención de José Manuel Mireles, ex vocero de los grupos de autodefensas en Michoacán, en donde se ha discutido el operativo, la política de traslado de presos y si fueron respetados sus derechos más elementales al momento de su aprehensión. En el caso de “Mamá Rosa”, un debate similar ha surgido al considerar “desproporcionado” un operativo de 100 federales para capturar a una “octagenaria” e incluso si existe una orden de aprehensión como tal que ampare la actuación de la Policía Federal. “Mamá Rosa” puede ser una explotadora y delincuente en distintos grados, pero el debido proceso es un derecho humano que no puede ser burlado bajo ninguna consideración.
Un Estado débil
Detrás de este escándalo mediático, volvemos al origen de muchos de nuestros problemas como país: la incapacidad reguladora del Estado. Ya sea en materia económica o en la provisión de servicios, en el tema de niños migrantes o en el incendio de la Guardería ABC, detrás subyace una probada incapacidad del Estado Mexicano, sobre todo a nivel local y estatal, para supervisar adecuadamente. Por décadas, se construyó un Estado Mexicano que es simplemente un “gigante con pies de barro”: grandote, extenso, con ramificaciones y leviatanesco, pero que en la práctica se encuentra desprovisto de alcances para asegurar que albergues como el de “Mamá Rosa” cumplan con las especificaciones en materia de salubridad y se respete de fondo la dignidad de las personas que viven ese recinto. En gran medida, por eso mismo podemos explicar el fracaso de muchas de las reformas de apertura económica de los últimos 30 años: el Estado no puede regular y las intenciones detrás de las reformas quedan pervertidas en monopolios, oligopolios o mercados cerrados. No es sorpresa para nadie afirmar que el Estado Mexicano vivió históricamente de muchos pactos en los que ofrecía impunidad a organizaciones de la sociedad civil, empresarios o activistas ciudadanos, pero a cambio exigía la lealtad política.
“Mamá Rosa” como todos tiene derecho a un juicio justo y con toda la imparcialidad de las autoridades. La mediatización de las causas judiciales tiene esa doble dimensión: convierte a la opinión pública en un tribunal, pero también transparenta las posiciones de ambos lados, lo que limita la discrecionalidad de las autoridades. Sin embargo, detrás de la posible obra criminal de una octagenaria que pasa de ser el ícono de la benevolencia a convertirse en el reflejo más acabado de un sistema de podredumbre que permite la explotación de niños en pleno siglo XXI, se encuentra la corresponsabilidad del Estado en todo lo que ocurre. Si “Mamá Rosa” logró construir un espacio de impunidad en donde se explotaba económicamente y sexualmente a los niños, en gran medida se debió a las omisiones en regulación del Estado. Más que el albergue la Gran Familia, y al igual que la Guardería ABC, los gobiernos en turno tendrían que dar explicaciones de todo el dinero que fue a parar al albergue, todas las concesiones y respaldos dados por distintas administraciones. “Mamá Rosa” es así otro escándalo que desnuda por completo la incapacidad del Estado Mexicano.