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La política se volvió familiar
Son los parientes incómodos, que se comportan como si el México de López Portillo siguiera presente, los que han hecho que se cruce la línea de la privacidad en la vida de los políticos
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2013).- ¿Cuándo la vida privada se vuelve un asunto público? ¿Cuándo se rompen los límites entre ambas jurisdicciones? ¿Los políticos tienen derecho a la privacidad? Las respuestas son complicadas, pero lo cierto es que en una época de dispersión informativa, vértigo interactivo y más canales de comunicación, la línea fronteriza entre vida privada y vida pública se difumina y pierde sustancia. En México, en los últimos años, la explosión de escándalos públicos relacionados con personas de la vida privada de los políticos domina la atención mediática. Incluso, es difícil recordar el nombre de algún político o funcionario público de altos vuelos que no haya tenido un periodo de crisis por la “intromisión” de su vida privada en el desempeño de sus labores de Estado. Ya sea por corrupción, tráfico de influencia, ilegalidades, responsabilidades o daños en su imagen, los políticos deben procurar mantener en orden a su equipo de trabajo, pero también deben de hacerse cargo de su entorno personal. Sólo basta con leer la interpretación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sobre la responsabilidad política de los funcionarios para entender que ellos son responsables no sólo de sus acciones, sino también de su entorno.
Existen múltiples criterios para definir los límites entre la vida privada y la vida pública. Sin embargo, solamente uno de ellos ha generado un mediano consenso: los acontecimientos de la vida privada de un político o funcionario son relevantes públicamente sí afectan el correcto desempeño de sus labores. Un juicio, un conflicto de intereses o un impedimento sanitario entran en esta clasificación. Durante los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto, numerosos escándalos han caído en los bordes de esta interpretación: la actuación de Humberto Benítez en el caso de la Lady Profeco; la presunta intervención de Murillo Karam , para que la golpiza de su nieto a la hija del director del Cisen no pasara a lo legal; los gastos excesivos del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier y su hijo; o incluso la vida de lujos excesivos que lleva el hijo del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Unos dirían que el simple efecto público de estos escándalos demuestra la construcción de una sociedad mexicana menos propensa a aceptar los privilegios y menos conformista con la impunidad. Otros dirían que son casos esporádicos que no reflejan un país que haya cambiado sustancialmente, solamente son las redes sociales y otros instrumentos que permiten la masificación de la información.
Todos los casos tienen un eje rector: el abuso de poder. Tanto el nieto del procurador general de la República como la hija de quien fuera titular de la Profeco o el hijo del líder del gremio petrolero, consideran que se encuentran en el espacio de la impunidad. La fiscalización de los medios de comunicación o el fortalecimiento de las instituciones de transparencia, son debates que no están en su tiempo. Son familiares que se comportan como si el México de López Portillo siguiera presente. Por su cabeza no atraviesa ni la fuerza de las redes sociales, ni el papel de la prensa ni la vulnerabilidad del poder político. Mientras la sociedad avanza conquistando mayores espacios de acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, ellos siguen atrapados en el estado de los privilegios.
En la mira
En el caso de la Lady Profeco, Humberto Benítez Treviño vio cómo la Presidencia no pudo aguantar el vendaval de indignación en los medios de comunicación. Todo esto aunado a una declaración desafortunada del ex titular de la Profeco donde señala que “nunca pasó por su cabeza renunciar”, fueron un cóctel difícil de mantener en equilibrio. En el caso de Jesús Murillo Karam, la operación fue mucho más sigilosa y más aseada. El joven, “por voluntad propia y arrepentimiento”, acudió a la Procuraduría para enfrentar las consecuencias de su reprobable actuación. Al final, la rápida actuación del procurador, evitó que se multiplicaran las interpretaciones y que se exigiera su cabeza por conflicto de interés en este caso preciso. Del líder de los petroleros, sabemos que no veremos una repuesta similar. Debido a una preocupante interpretación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los líderes sindicales quedan al margen de la fiscalización y la rendición de cuentas. La fortuna del líder sindical Carlos Romero Deschamps no concuerda con su posible ingreso en el Sindicato, sin embargo se encuentra en las sombras del Estado. ¿El caso de Elba Esther Gordillo puede ser una señal de alerta? ¿Habrá una ofensiva del Estado contra el líder petrolero o se mantendrán sus privilegios si coopera en la no lejana reforma energética?
La justicia selectiva es un viejo vicio de los países donde el estado de derecho nunca se ha podido afianzar. Es decir, la justicia manchada de intenciones políticas. La ley como escudo en la lucha contra el poder, no como combate frontal y auténtico contra la impunidad. En el caso de los familiares incómodos y la inmersión de la vida privada en los asuntos públicos, parece que la narrativa presidencial es no tolerar estos excesos. La declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se anunció la remoción del titular de la Profeco, no deja lugar a dudas: el escándalo manchó la imagen institucional de la Profeco. Es un rasero subjetivo e interpretable, pero que puede meter en problemas a la administración federal en otros casos. Con este listón de calificación, hubiera sido difícil que funcionarios como Marisela Morales, Genaro García Luna o incluso el fallecido Juan Camilo Mouriño continuaran en el gabinete de Felipe Calderón. Sobre todo este último, que experimentaba un problema similar a los tratados en este artículo: contratos energéticos que habían beneficiado a su círculo cercano.
La política mexicana siempre ha tenido un componente familiar muy marcado (igual que las empresas). Ahí están textos como los de Roderic Ai Camp que muestran con mucha nitidez las redes familiares que sostienen la política nacional. Muchos apellidos de colaboradores cercanos a Enrique Peña Nieto nos recuerdan a dinastías políticas que han gobernado este país durante décadas (Ruiz Massieu, Lozoya, Lerdo de Tejada, De la Madrid). El Presidente hizo dos compromisos que tocan la esencia de este debate: “el Presidente no tiene amigos” y “en México no hay intocables”. Este puede ser el sexenio de la vida privada de los políticos. El caso de Elba Esther Gordillo, también tuvo un interesante componente de su vida privada. La credibilidad y legitimidad presidencial tendrá mucho que ver con la forma en que maneje estos agudos casos. Recordar, por último, que la vida privada de Enrique Peña Nieto fue un tema discutido hasta el cansancio tanto en la campaña como en el periodo de transición. La pregunta es la misma: ¿Dónde pondrá Peña Nieto la línea entre la vida privada y la función pública?
Existen múltiples criterios para definir los límites entre la vida privada y la vida pública. Sin embargo, solamente uno de ellos ha generado un mediano consenso: los acontecimientos de la vida privada de un político o funcionario son relevantes públicamente sí afectan el correcto desempeño de sus labores. Un juicio, un conflicto de intereses o un impedimento sanitario entran en esta clasificación. Durante los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto, numerosos escándalos han caído en los bordes de esta interpretación: la actuación de Humberto Benítez en el caso de la Lady Profeco; la presunta intervención de Murillo Karam , para que la golpiza de su nieto a la hija del director del Cisen no pasara a lo legal; los gastos excesivos del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier y su hijo; o incluso la vida de lujos excesivos que lleva el hijo del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Unos dirían que el simple efecto público de estos escándalos demuestra la construcción de una sociedad mexicana menos propensa a aceptar los privilegios y menos conformista con la impunidad. Otros dirían que son casos esporádicos que no reflejan un país que haya cambiado sustancialmente, solamente son las redes sociales y otros instrumentos que permiten la masificación de la información.
Todos los casos tienen un eje rector: el abuso de poder. Tanto el nieto del procurador general de la República como la hija de quien fuera titular de la Profeco o el hijo del líder del gremio petrolero, consideran que se encuentran en el espacio de la impunidad. La fiscalización de los medios de comunicación o el fortalecimiento de las instituciones de transparencia, son debates que no están en su tiempo. Son familiares que se comportan como si el México de López Portillo siguiera presente. Por su cabeza no atraviesa ni la fuerza de las redes sociales, ni el papel de la prensa ni la vulnerabilidad del poder político. Mientras la sociedad avanza conquistando mayores espacios de acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, ellos siguen atrapados en el estado de los privilegios.
En la mira
En el caso de la Lady Profeco, Humberto Benítez Treviño vio cómo la Presidencia no pudo aguantar el vendaval de indignación en los medios de comunicación. Todo esto aunado a una declaración desafortunada del ex titular de la Profeco donde señala que “nunca pasó por su cabeza renunciar”, fueron un cóctel difícil de mantener en equilibrio. En el caso de Jesús Murillo Karam, la operación fue mucho más sigilosa y más aseada. El joven, “por voluntad propia y arrepentimiento”, acudió a la Procuraduría para enfrentar las consecuencias de su reprobable actuación. Al final, la rápida actuación del procurador, evitó que se multiplicaran las interpretaciones y que se exigiera su cabeza por conflicto de interés en este caso preciso. Del líder de los petroleros, sabemos que no veremos una repuesta similar. Debido a una preocupante interpretación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los líderes sindicales quedan al margen de la fiscalización y la rendición de cuentas. La fortuna del líder sindical Carlos Romero Deschamps no concuerda con su posible ingreso en el Sindicato, sin embargo se encuentra en las sombras del Estado. ¿El caso de Elba Esther Gordillo puede ser una señal de alerta? ¿Habrá una ofensiva del Estado contra el líder petrolero o se mantendrán sus privilegios si coopera en la no lejana reforma energética?
La justicia selectiva es un viejo vicio de los países donde el estado de derecho nunca se ha podido afianzar. Es decir, la justicia manchada de intenciones políticas. La ley como escudo en la lucha contra el poder, no como combate frontal y auténtico contra la impunidad. En el caso de los familiares incómodos y la inmersión de la vida privada en los asuntos públicos, parece que la narrativa presidencial es no tolerar estos excesos. La declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se anunció la remoción del titular de la Profeco, no deja lugar a dudas: el escándalo manchó la imagen institucional de la Profeco. Es un rasero subjetivo e interpretable, pero que puede meter en problemas a la administración federal en otros casos. Con este listón de calificación, hubiera sido difícil que funcionarios como Marisela Morales, Genaro García Luna o incluso el fallecido Juan Camilo Mouriño continuaran en el gabinete de Felipe Calderón. Sobre todo este último, que experimentaba un problema similar a los tratados en este artículo: contratos energéticos que habían beneficiado a su círculo cercano.
La política mexicana siempre ha tenido un componente familiar muy marcado (igual que las empresas). Ahí están textos como los de Roderic Ai Camp que muestran con mucha nitidez las redes familiares que sostienen la política nacional. Muchos apellidos de colaboradores cercanos a Enrique Peña Nieto nos recuerdan a dinastías políticas que han gobernado este país durante décadas (Ruiz Massieu, Lozoya, Lerdo de Tejada, De la Madrid). El Presidente hizo dos compromisos que tocan la esencia de este debate: “el Presidente no tiene amigos” y “en México no hay intocables”. Este puede ser el sexenio de la vida privada de los políticos. El caso de Elba Esther Gordillo, también tuvo un interesante componente de su vida privada. La credibilidad y legitimidad presidencial tendrá mucho que ver con la forma en que maneje estos agudos casos. Recordar, por último, que la vida privada de Enrique Peña Nieto fue un tema discutido hasta el cansancio tanto en la campaña como en el periodo de transición. La pregunta es la misma: ¿Dónde pondrá Peña Nieto la línea entre la vida privada y la función pública?