Suplementos
La mujer de las 5 mil 760 muertes
La vida de Antonio Reynoso Hernández dio un giro cuando asistía a una fiesta infantil de la que fue levantado, no por criminales, sino por policías
GUADALAJARA, JALISCO (27/ABR/2014).- La mujer que está frente a mí llora caudales cuando piensa qué le pudo pasar a su hijo. En el fondo lo sabe, confiesa, pero enseguida se espanta el presentimiento, sacudiendo la mano frente a la cabeza. “Las mamás sentimos todo”, dice. Lo torturaron. Fue lo único que dijo uno de los que iban aquella noche con el hijo, Antonio Reynoso Hernández. Más detalles: conectaron el cuerpo del hijo a unos cables y los cables a la batería de una patrulla. Luego el muchacho quedó inconsciente. Luego lo tiraron en la caja del vehículo. Luego nadie volvió a saber…
Desde aquella noche, la del 30 de agosto de 2013, la mujer frente a mí se ha muerto cinco mil 760 veces, una vez por cada hora. Se muere a medias, porque siempre se levanta de las cenizas y empieza otra vez. Juró que no descansará hasta que encuentre al muchacho, que este domingo debería tener 24 años.
No lo desapareció el narcotráfico. No, no fue cosa del crimen organizado. Por lo menos no del crimen organizado mexicano oficial. Lo desapareció la Policía Estatal de Jalisco.
La mujer frente a mí vio cuando se lo llevaban. La última imagen que tiene es la un Antonio abatido, sangrante de la cabeza, con una playera verde, mojada de sudor, con la que uno de los estatales le está cubriendo el rostro.
Son casi las siete de la noche. Ella viene llegando del un taller mecánico. Como en cámara lenta, ve su calle invadida por patrullas negras. Cuenta una, dos tres… siete patrullas con las placas cubiertas. Sabe qué habrá pasado, alcanza a pensar. Mira que entre los detenidos ahí está Antonio.
—¿Qué hizo? —pregunta.
—Se andaba peleando—le responde un policía.
—¿A dónde se lo llevan?
—Después va a saber.
No, nunca supo.
Esto mismo lo ha repetido ella decenas de veces: a la Fiscalía General de Jalisco. A la Visitaduría, que la hace de policía de los policías. Al psiquiatra, que anotó en su diagnóstico “depresión por hijo desaparecido”.
La desesperación de la madre, enfermera del Seguro Social, se ha perdido entre fojas y más fojas de partes judiciales helados, en los que la frase “probable desaparición forzada” se sustituye por los “generales” de Antonio. Pero los datos nunca logran escribir lo que se extraña al que no está: “COMPLEXIÓN ROBUSTO, DE TEZ MORENO CLARO, CARA REDONDA, DE UNA ESTATURA CERCANA A LOS 1.72, UN METRO CON SETENTA Y DOS, OJOS CHICOS DE COLOR VERDE, NARIZ CHARA(sic), BOCA REGULAR, LABIOS GRUESOS, FRENTE MEDIANA…”, dice el acta de hechos 4878/13, de la agencia especializada de desaparecidos de la Fiscalía.
Dice, también, que el 30 de agosto de 2013 antes de las siete de la noche, a Antonio Reynoso lo sacaron de una fiesta infantil, en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. Entre globos y dulces, los niños aprendieron del miedo aquella tarde.
Él estaba ahí con su hija, de seis años. Disfrazados como ninjas con pasamontañas, los policías estatales “reventaron” la reunión y esposaron a siete hombres; a todos los invitados al festejo más un albañil que tuvo la mala suerte de ser vecino. A dos los dejaron ir ahí mismo. Y ahí mismo les advirtieron a los liberados que si decían algo o miraban atrás se los iba a cargar la fregada. Quedaban cinco detenidos. Dice la gente del barrio que uno de ellos, el “Pelón”, le pagó a los policías 40 mil pesos y lo dejaron ir —se lo acusa de liderar una banda de robacoches—. Tres esperan una sentencia en Puente Grande. Falta uno. Falta Antonio Reynoso Hernández.
Esta versión la repiten detalles más, detalles menos los que viven en un barrio de interés social donde a las calles les faltó nada para ser callejones.
“Me asomé por la ventana y vi que de repente comenzaban a quebrar los vidrios de mi casa, por lo que bajé las escaleras y vi que eran los policías […] Nos encañonaron con armas largas y cortas […] Escuché que alguien ordenó: ‘Encapúchenlos y súbanlos a la camioneta’ […] Alguien decía que si no cantábamos ahí lo haríamos en las calientes. [Luego] que nos iban a soltar, pero que no volteáramos hacia atrás […] Los policías dejaron en mi casa una chicharra [para dar toques] color negro con una lámpara”, dice uno de los que sobrevivió al levantón oficial.
¿Andaba Antonio en malos pasos, o nomás estaba en el lugar equivocado? Quién sabe. La tortura no sirve para investigar. A sus 23 estaba desempleado. Se dedicaba a limpiar su casa y cuidar a su hija. Quería estudiar gastronomía, pero no podía pagar la carrera —de por sí la comida le salía como a los dioses—. Dinero nunca se le vio. Y si era robacoches lo disimulaba bien; andaba en camión. El doloroso copretérito imperfecto se ha impuesto desde el día que se lo llevaron.
De la forma como la Policía Estatal se invitó sola a la fiesta infantil hay varios testimonios en el barrio, pero ante la Fiscalía nadie quiere hablar. Los adultos también aprendieron sobre el miedo aquella noche.
El dicho de los policías, en cambio, es contradictorio. Dicen que no recuerdan haber llegado a una fiesta de niños.
En su primera declaración, en septiembre de 2013, para el acta de hechos 4878/13, afirman: que ellos iban muy tranquilos en dos patrullas, cuando vieron no una, sino dos camionetas recientes sin placas. Que ellos le hicieron la seña de alto a sus tripulantes. Que los conductores aceleraron. Que comenzó una persecución, hasta que los detuvieron.
Un comunicado de la Fiscalía General de Jalisco que distintos medios reprodujeron el 5 de septiembre de 2014 sin cambiarle una coma a la redacción original señala que las detenciones ocurrieron no el 30, sino el 31 de octubre. “Los sujetos fueron interceptados por elementos de la Fiscalía General, en el cruce de Paseo de los Balcones y Camino Real a Colima para aplicarles una revisión precautoria […] pero algunos de los individuos escaparon…”.
Para averiguación previa 269/2013 de la Visitaduría —la que indaga la actuación de los gendarmes—, los policías cambian algunos detalles: que el 30 de agosto de 2013 ellos hacían un recorrido de vigilancia en Balcones de Santa María, cuando vieron dos camionetas recientes sin placas. Que los de las camionetas aceleraron nomás vieron a los policías… Que varios tripulantes huyeron.
La versión de la huida es muy conveniente para el caso. “¡Su hijo anda huyendo!”, le insisten ahora a la mujer, a la que quieren convencer de que ella no vio lo que vio: que a su hijo se lo llevaron los policías encapuchados en una pickup negra que tenía las placas cubiertas.
La mujer que tengo llora para mantener húmedo el último recuerdo de su hijo, ese que quieren robarle los que se lo llevaron.
—¿Qué cree que le pasó? —le pregunto.
No responde, está como muerta pero sigue viva. Es lógico. Ha pasado una hora desde que comenzamos y cada hora esta mujer se muere otra vez.
SABER MÁS
Lo que dice la ley
La desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, dice la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU.
El 16 de abril de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió su Pronunciamiento por desapariciones forzadas en Jalisco y abrió la investigación 1/13. Ha documentado 43 quejas entre 2008 y marzo de 2014.
En septiembre de 2013, unos días después de la desaparición de Antonio, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al artículo 154-A del Código Penal de Jalisco, para la tipificación de la desaparición forzada como un delito con penas de hasta 40 años de prisión.
Desde aquella noche, la del 30 de agosto de 2013, la mujer frente a mí se ha muerto cinco mil 760 veces, una vez por cada hora. Se muere a medias, porque siempre se levanta de las cenizas y empieza otra vez. Juró que no descansará hasta que encuentre al muchacho, que este domingo debería tener 24 años.
No lo desapareció el narcotráfico. No, no fue cosa del crimen organizado. Por lo menos no del crimen organizado mexicano oficial. Lo desapareció la Policía Estatal de Jalisco.
La mujer frente a mí vio cuando se lo llevaban. La última imagen que tiene es la un Antonio abatido, sangrante de la cabeza, con una playera verde, mojada de sudor, con la que uno de los estatales le está cubriendo el rostro.
Son casi las siete de la noche. Ella viene llegando del un taller mecánico. Como en cámara lenta, ve su calle invadida por patrullas negras. Cuenta una, dos tres… siete patrullas con las placas cubiertas. Sabe qué habrá pasado, alcanza a pensar. Mira que entre los detenidos ahí está Antonio.
—¿Qué hizo? —pregunta.
—Se andaba peleando—le responde un policía.
—¿A dónde se lo llevan?
—Después va a saber.
No, nunca supo.
Esto mismo lo ha repetido ella decenas de veces: a la Fiscalía General de Jalisco. A la Visitaduría, que la hace de policía de los policías. Al psiquiatra, que anotó en su diagnóstico “depresión por hijo desaparecido”.
La desesperación de la madre, enfermera del Seguro Social, se ha perdido entre fojas y más fojas de partes judiciales helados, en los que la frase “probable desaparición forzada” se sustituye por los “generales” de Antonio. Pero los datos nunca logran escribir lo que se extraña al que no está: “COMPLEXIÓN ROBUSTO, DE TEZ MORENO CLARO, CARA REDONDA, DE UNA ESTATURA CERCANA A LOS 1.72, UN METRO CON SETENTA Y DOS, OJOS CHICOS DE COLOR VERDE, NARIZ CHARA(sic), BOCA REGULAR, LABIOS GRUESOS, FRENTE MEDIANA…”, dice el acta de hechos 4878/13, de la agencia especializada de desaparecidos de la Fiscalía.
Dice, también, que el 30 de agosto de 2013 antes de las siete de la noche, a Antonio Reynoso lo sacaron de una fiesta infantil, en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. Entre globos y dulces, los niños aprendieron del miedo aquella tarde.
Él estaba ahí con su hija, de seis años. Disfrazados como ninjas con pasamontañas, los policías estatales “reventaron” la reunión y esposaron a siete hombres; a todos los invitados al festejo más un albañil que tuvo la mala suerte de ser vecino. A dos los dejaron ir ahí mismo. Y ahí mismo les advirtieron a los liberados que si decían algo o miraban atrás se los iba a cargar la fregada. Quedaban cinco detenidos. Dice la gente del barrio que uno de ellos, el “Pelón”, le pagó a los policías 40 mil pesos y lo dejaron ir —se lo acusa de liderar una banda de robacoches—. Tres esperan una sentencia en Puente Grande. Falta uno. Falta Antonio Reynoso Hernández.
Esta versión la repiten detalles más, detalles menos los que viven en un barrio de interés social donde a las calles les faltó nada para ser callejones.
“Me asomé por la ventana y vi que de repente comenzaban a quebrar los vidrios de mi casa, por lo que bajé las escaleras y vi que eran los policías […] Nos encañonaron con armas largas y cortas […] Escuché que alguien ordenó: ‘Encapúchenlos y súbanlos a la camioneta’ […] Alguien decía que si no cantábamos ahí lo haríamos en las calientes. [Luego] que nos iban a soltar, pero que no volteáramos hacia atrás […] Los policías dejaron en mi casa una chicharra [para dar toques] color negro con una lámpara”, dice uno de los que sobrevivió al levantón oficial.
¿Andaba Antonio en malos pasos, o nomás estaba en el lugar equivocado? Quién sabe. La tortura no sirve para investigar. A sus 23 estaba desempleado. Se dedicaba a limpiar su casa y cuidar a su hija. Quería estudiar gastronomía, pero no podía pagar la carrera —de por sí la comida le salía como a los dioses—. Dinero nunca se le vio. Y si era robacoches lo disimulaba bien; andaba en camión. El doloroso copretérito imperfecto se ha impuesto desde el día que se lo llevaron.
De la forma como la Policía Estatal se invitó sola a la fiesta infantil hay varios testimonios en el barrio, pero ante la Fiscalía nadie quiere hablar. Los adultos también aprendieron sobre el miedo aquella noche.
El dicho de los policías, en cambio, es contradictorio. Dicen que no recuerdan haber llegado a una fiesta de niños.
En su primera declaración, en septiembre de 2013, para el acta de hechos 4878/13, afirman: que ellos iban muy tranquilos en dos patrullas, cuando vieron no una, sino dos camionetas recientes sin placas. Que ellos le hicieron la seña de alto a sus tripulantes. Que los conductores aceleraron. Que comenzó una persecución, hasta que los detuvieron.
Un comunicado de la Fiscalía General de Jalisco que distintos medios reprodujeron el 5 de septiembre de 2014 sin cambiarle una coma a la redacción original señala que las detenciones ocurrieron no el 30, sino el 31 de octubre. “Los sujetos fueron interceptados por elementos de la Fiscalía General, en el cruce de Paseo de los Balcones y Camino Real a Colima para aplicarles una revisión precautoria […] pero algunos de los individuos escaparon…”.
Para averiguación previa 269/2013 de la Visitaduría —la que indaga la actuación de los gendarmes—, los policías cambian algunos detalles: que el 30 de agosto de 2013 ellos hacían un recorrido de vigilancia en Balcones de Santa María, cuando vieron dos camionetas recientes sin placas. Que los de las camionetas aceleraron nomás vieron a los policías… Que varios tripulantes huyeron.
La versión de la huida es muy conveniente para el caso. “¡Su hijo anda huyendo!”, le insisten ahora a la mujer, a la que quieren convencer de que ella no vio lo que vio: que a su hijo se lo llevaron los policías encapuchados en una pickup negra que tenía las placas cubiertas.
La mujer que tengo llora para mantener húmedo el último recuerdo de su hijo, ese que quieren robarle los que se lo llevaron.
—¿Qué cree que le pasó? —le pregunto.
No responde, está como muerta pero sigue viva. Es lógico. Ha pasado una hora desde que comenzamos y cada hora esta mujer se muere otra vez.
SABER MÁS
Lo que dice la ley
La desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, dice la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU.
El 16 de abril de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió su Pronunciamiento por desapariciones forzadas en Jalisco y abrió la investigación 1/13. Ha documentado 43 quejas entre 2008 y marzo de 2014.
En septiembre de 2013, unos días después de la desaparición de Antonio, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al artículo 154-A del Código Penal de Jalisco, para la tipificación de la desaparición forzada como un delito con penas de hasta 40 años de prisión.