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El privilegio de la impunidad
Luego del caso Lady Profeco, el mantener en el gabinete a Benítez Treviño significaba para Peña Nieto una piedrita que le podía causar molestias durante toda su gestión
GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2013).- El privilegio y la impunidad son dos conceptos que suelen comunicarse. En una democracia inconclusa, no se entiende el primero sin la segunda. Incluso, la impunidad es, en gran medida, el origen de los privilegios. En un estado de derecho, solamente la impunidad puede asegurar que los privilegios dividan a los ciudadanos entre los que son lo suficientemente poderosos como para escapar la ley y sus limitaciones, y aquellos a los que su debilidad económica o política los obliga a seguir las reglas y respetar el pacto social constitutivo.
México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos. No estar supeditado a las normas que nos rigen a todos, es señal de desarrollo personal. “La ley es para los débiles” dijo alguna vez un politólogo norteamericano hablando del concierto entre las naciones.
Los privilegios y el abuso de autoridad no constituyen características exclusivas de la clase política, sino que es un reclamo que se extiende a toda la sociedad. El constituirse en parte de la élite política o económica del país implica “jugar con otras reglas”. Se tiene acceso a ese mundo donde todo es posible: evadir multas, no pagar impuestos, violar las leyes de tránsito o encapricharte con una mesa en un restaurante de lujo. Ante los privilegios, el ciudadano común se encuentra frente a una asimetría de poder donde las leyes ya no son caparazón. El anhelo por privilegios afecta a empresarios, sacerdotes, políticos y maestros. Parecería que ser tratado por el mismo encuadre legal representa un fracaso; la conquista del poder, en cualquier de sus variantes, pierde sentido. No es raro que en México se haya popularizado entre la clase política la utilización de la famosa “charola”, que en la práctica significa legalizar la impunidad.
El multicitado y extensamente debatido caso de la Lady de Polanco provocó un damnificado: Humberto Benítez Treviño, entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En esta semana, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció su despido derivado del escándalo del 26 de abril pasado, en donde su hija Andrea Benítez, valiéndose de su parentesco, ordenó el cierre de un restaurante en la Ciudad de México. No sabemos si Benítez Treviño es víctima de un escándalo de una hija chiqueada, egoísta y vanidosa, o si por el contrario decisiones como la de cerrar un restaurante debido a un capricho momentáneo de su hija es su actuar cotidiano. No sabemos ni siquiera si Benítez Treviño fue avisado de las intenciones revanchistas de su hija. Lo cierto es que la trayectoria de Benítez Treviño indica que no es una pieza fácil de prescindir. Sus vasos comunicantes al interior del PRI, así como su relación con el Presidente de la República, seguramente explican por qué Enrique Peña Nieto se demoró tanto en pedirle su renuncia.
Humberto Benítez Treviño forma parte de la plana mayor política del Estado de México. El hasta el pasado miércoles titular de la Profeco, se ha desempeñado en puestos de relevancia tanto en su Estado natal como a nivel nacional. Sus primeros pasos en la política los podemos rastrear a mediados de los setenta. Nacido en 1945, Benítez Treviño es un ejemplo de la rotación de élites tan característica en el PRI. Su crecimiento fue gradual, pero sostenido. Y aunque tardó en aparecer, su militancia en el PRI se remonta a 1963, cuando apenas cumplía la mayoría de edad. A diferencia del Presidente Peña Nieto, Benítez Treviño sí tuvo una intensa participación en las redes juveniles del partido y se involucró activamente en las campañas de tierra hasta inicios de los ochenta que da el salto hacia la administración pública. Su mayor logro dentro de la función pública fue su elección como procurador general de la República en el último semestre de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994. Anteriormente, Benítez Treviño había construido una carrera dentro de la administración de justicia tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal (en ambas fue procurador).
En la mira
El escándalo del pasado 26 de abril colocó su nombre en las primeras planas. Ante el discurso de “nadie es intocable” de Enrique Peña Nieto, la utilización, por parte de su hija Andrea, de los inspectores de la Profeco para tomar revancha contra un restaurante que no le había dado la mesa que ella quería, resulta inaceptable. Mantener a Benítez Treviño significaba para Peña Nieto una piedrita que le podía causar molestias durante toda su gestión. Los costos superaban a la amistad, la cercanía y los posibles beneficios. La eficacia de Benítez Treviño como funcionario público no es debatida por la clase política, pero la terquedad podía traerle desgaste a Peña Nieto. Recordemos que Felipe Calderón, durante su sexenio, prefirió aguantar los ataques a miembros de su gabinete y nunca prescindió de algún funcionario por escándalos. Eso hizo que el panista cargara con los errores de secretarios de la talla de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora o incluso el propio Juan Camilo Mouriño. Paradójicamente, la única sacrificada fue Josefina Vázquez Mota cuando fue secretaria de Educación Pública, todo para mantener la cordialidad con la hasta ese momento pujante lideresa sindical Elba Esther Gordillo.
El discurso “modernizador” del Presidente de la República, así como de los partidos que integran el Pacto por México, sólo tendrá credibilidad en la medida en que se combatan los privilegios. Las prerrogativas por encima de la ley perviven en todos los ámbitos: educación, salud, tránsito, impuestos, sindicatos, medios de comunicación y el mercado económico. Una economía sin privilegios significa, un entorno mercantil competitivo y abierto, sin barreras insuperables de entrada. Un sistema de derecho sin privilegios significa medir a todos por igual y que cada quien pague por las consecuencias de sus actos. Una política sin privilegios significa que los funcionarios públicos tengan que obedecer las mismas reglas y leyes que ellos aprobaron. La modernización del país pasa necesariamente por el combate a los privilegios. Una democracia atravesada por privilegios metalegales es una simulación permanente. La destitución de Humberto Benítez Treviño (e incluso el arresto de la “maestra” Gordillo), puede ser simplemente la cabal salud de la que goza nuestro tan mexicano sistema de “justicia selectiva”, donde los amigos y aliados viven en la impunidad y los adversarios en la eterna fiscalización o un avance real en términos de combate a la impunidad. La justicia como chantaje y amenaza no fortalece el estado de derecho.
Existe la percepción entre una parte de la sociedad según la cual “el encanto con los privilegios” es parte de la genética mexicana. Es un asunto cultural, dicen algunos. No podemos hacer realmente nada contra ello, la aceptación de las desigualdades y la sumisión ante los privilegios están estampadas en el ADN de los mexicanos. Hay que decir que los privilegios son un asunto de impunidad y falta de transparencia. Los privilegios sobreviven en un entorno de opacidad y carencia informativa. Y si a este contexto, le añadimos que la posibilidad de pagar por lo hecho es realmente baja, tenemos un cóctel de incentivos para la profundización de los excesos y la competencia por los privilegios. El cese de Benítez Treviño es producto de la presión social. El tema no salió de los medios de comunicación, las redes sociales siguieron presionando por decisiones y la ciudadanía no bajó su asombro ante la impunidad. Un entorno de más información y mejor administración de justicia es el mejor antídoto contra una sociedad de privilegios. Aunque sea lograr la máxima jurídica de Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Eso sería un gran paso.
Por Enrique Toussaint
México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos. No estar supeditado a las normas que nos rigen a todos, es señal de desarrollo personal. “La ley es para los débiles” dijo alguna vez un politólogo norteamericano hablando del concierto entre las naciones.
Los privilegios y el abuso de autoridad no constituyen características exclusivas de la clase política, sino que es un reclamo que se extiende a toda la sociedad. El constituirse en parte de la élite política o económica del país implica “jugar con otras reglas”. Se tiene acceso a ese mundo donde todo es posible: evadir multas, no pagar impuestos, violar las leyes de tránsito o encapricharte con una mesa en un restaurante de lujo. Ante los privilegios, el ciudadano común se encuentra frente a una asimetría de poder donde las leyes ya no son caparazón. El anhelo por privilegios afecta a empresarios, sacerdotes, políticos y maestros. Parecería que ser tratado por el mismo encuadre legal representa un fracaso; la conquista del poder, en cualquier de sus variantes, pierde sentido. No es raro que en México se haya popularizado entre la clase política la utilización de la famosa “charola”, que en la práctica significa legalizar la impunidad.
El multicitado y extensamente debatido caso de la Lady de Polanco provocó un damnificado: Humberto Benítez Treviño, entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En esta semana, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció su despido derivado del escándalo del 26 de abril pasado, en donde su hija Andrea Benítez, valiéndose de su parentesco, ordenó el cierre de un restaurante en la Ciudad de México. No sabemos si Benítez Treviño es víctima de un escándalo de una hija chiqueada, egoísta y vanidosa, o si por el contrario decisiones como la de cerrar un restaurante debido a un capricho momentáneo de su hija es su actuar cotidiano. No sabemos ni siquiera si Benítez Treviño fue avisado de las intenciones revanchistas de su hija. Lo cierto es que la trayectoria de Benítez Treviño indica que no es una pieza fácil de prescindir. Sus vasos comunicantes al interior del PRI, así como su relación con el Presidente de la República, seguramente explican por qué Enrique Peña Nieto se demoró tanto en pedirle su renuncia.
Humberto Benítez Treviño forma parte de la plana mayor política del Estado de México. El hasta el pasado miércoles titular de la Profeco, se ha desempeñado en puestos de relevancia tanto en su Estado natal como a nivel nacional. Sus primeros pasos en la política los podemos rastrear a mediados de los setenta. Nacido en 1945, Benítez Treviño es un ejemplo de la rotación de élites tan característica en el PRI. Su crecimiento fue gradual, pero sostenido. Y aunque tardó en aparecer, su militancia en el PRI se remonta a 1963, cuando apenas cumplía la mayoría de edad. A diferencia del Presidente Peña Nieto, Benítez Treviño sí tuvo una intensa participación en las redes juveniles del partido y se involucró activamente en las campañas de tierra hasta inicios de los ochenta que da el salto hacia la administración pública. Su mayor logro dentro de la función pública fue su elección como procurador general de la República en el último semestre de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994. Anteriormente, Benítez Treviño había construido una carrera dentro de la administración de justicia tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal (en ambas fue procurador).
En la mira
El escándalo del pasado 26 de abril colocó su nombre en las primeras planas. Ante el discurso de “nadie es intocable” de Enrique Peña Nieto, la utilización, por parte de su hija Andrea, de los inspectores de la Profeco para tomar revancha contra un restaurante que no le había dado la mesa que ella quería, resulta inaceptable. Mantener a Benítez Treviño significaba para Peña Nieto una piedrita que le podía causar molestias durante toda su gestión. Los costos superaban a la amistad, la cercanía y los posibles beneficios. La eficacia de Benítez Treviño como funcionario público no es debatida por la clase política, pero la terquedad podía traerle desgaste a Peña Nieto. Recordemos que Felipe Calderón, durante su sexenio, prefirió aguantar los ataques a miembros de su gabinete y nunca prescindió de algún funcionario por escándalos. Eso hizo que el panista cargara con los errores de secretarios de la talla de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora o incluso el propio Juan Camilo Mouriño. Paradójicamente, la única sacrificada fue Josefina Vázquez Mota cuando fue secretaria de Educación Pública, todo para mantener la cordialidad con la hasta ese momento pujante lideresa sindical Elba Esther Gordillo.
El discurso “modernizador” del Presidente de la República, así como de los partidos que integran el Pacto por México, sólo tendrá credibilidad en la medida en que se combatan los privilegios. Las prerrogativas por encima de la ley perviven en todos los ámbitos: educación, salud, tránsito, impuestos, sindicatos, medios de comunicación y el mercado económico. Una economía sin privilegios significa, un entorno mercantil competitivo y abierto, sin barreras insuperables de entrada. Un sistema de derecho sin privilegios significa medir a todos por igual y que cada quien pague por las consecuencias de sus actos. Una política sin privilegios significa que los funcionarios públicos tengan que obedecer las mismas reglas y leyes que ellos aprobaron. La modernización del país pasa necesariamente por el combate a los privilegios. Una democracia atravesada por privilegios metalegales es una simulación permanente. La destitución de Humberto Benítez Treviño (e incluso el arresto de la “maestra” Gordillo), puede ser simplemente la cabal salud de la que goza nuestro tan mexicano sistema de “justicia selectiva”, donde los amigos y aliados viven en la impunidad y los adversarios en la eterna fiscalización o un avance real en términos de combate a la impunidad. La justicia como chantaje y amenaza no fortalece el estado de derecho.
Existe la percepción entre una parte de la sociedad según la cual “el encanto con los privilegios” es parte de la genética mexicana. Es un asunto cultural, dicen algunos. No podemos hacer realmente nada contra ello, la aceptación de las desigualdades y la sumisión ante los privilegios están estampadas en el ADN de los mexicanos. Hay que decir que los privilegios son un asunto de impunidad y falta de transparencia. Los privilegios sobreviven en un entorno de opacidad y carencia informativa. Y si a este contexto, le añadimos que la posibilidad de pagar por lo hecho es realmente baja, tenemos un cóctel de incentivos para la profundización de los excesos y la competencia por los privilegios. El cese de Benítez Treviño es producto de la presión social. El tema no salió de los medios de comunicación, las redes sociales siguieron presionando por decisiones y la ciudadanía no bajó su asombro ante la impunidad. Un entorno de más información y mejor administración de justicia es el mejor antídoto contra una sociedad de privilegios. Aunque sea lograr la máxima jurídica de Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Eso sería un gran paso.
Por Enrique Toussaint