Uno de los ejercicios que con mayor acuciosidad deberíamos de realizar los seres humanos, es el que tiene que ver con el valor cívico para aceptar aquellas situaciones en que de manera fortuita —o reflexionada— nos vemos involucrados, sin embargo, cuando se trata de acepar responsabilidades, generalmente nadie dice “esta boca es mía”.
Dicha situación es recurrente cuando se trata de políticos o de funcionarios públicos —o ex funcionarios—. Mientras se encuentran en el poder y pareciera que “sólo sus chicharrones truenan” y que la autoridad les será eterna, toman decisiones al por mayor; no obstante, cuando las responsabilidades se deben de asumir, “se vuelven ojos de hormiga”, sobre todo cuando el poder de que gozaban les ha sido retirado.
Tal es el caso de la millonaria inversión que se tendrá que realizar en el túnel de Las Rosas, que aunque se diga que costará 50 millones de pesos, conociendo las cifras o declaraciones oficiales, seguramente que por lo menos se irá al doble, y si no, al tiempo, al fin y al cabo “qué tanto es tantito”.
De acuerdo con información publicada por esta empresa editorial, en su momento Claudio Sáinz declaró que realizar la obra subterránea llevaba consigo varias consideraciones que se deberían tomar en cuenta, tanto por los defensores ecológicos, como en el aspecto financiero y la ingeniería de la obra.
Esto es: que al no hacer la obra por la superficie —como lo tenían proyectado— implicaría un gasto mayor a la ciudadanía; que dado que el colector de aguas y los mantos freáticos se encontraban a determinada profundidad, la obra de ingeniería estaría más complicada y susceptible de problemas, tal y como ahora sucedió.
¿Entonces, qué fue lo que pasó? Bueno, pues por una parte, los ecologistas se mantuvieron en su postura, presionaron al gobernador del Estado, los medios hicieron su parte y el gobernador tomó la decisión política de que la obra se realizara por la vía subterránea, así dejaba contentos a los ecologistas y a los habitantes de la colonia Chapalita.
En pocas palabras, autorizó a que el erario público asumiera el costo económico necesario, dejando —al menos así se entiende— en manos de los técnicos resolver las situaciones que les corresponden, seguramente en el entendido de que en pleno siglo XXI existen los adelantos necesarios para solventar una situación como ésta.
Por su parte, la empresa Suelos y Control —contratada ex profeso— entregó un documento en el que hizo importantes recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que tomara medidas que finalmente no se acataron, lo que hace pensar que en buena medida, la situación que hoy se padece es resultado de dicha negligencia.
Por tanto, ¿quién deberá pagar, política, económicamente —o de ambas maneras— el alto costo de la ineficiencia demostrada? ¿Francisco Ramírez Acuña, Claudio Sáinz, la constructora?
CUAUHTÉMOC CISNEROS MADRID / Presidente de Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión.
Correo electrónico: ccmadrid@att.net.mx
Dicha situación es recurrente cuando se trata de políticos o de funcionarios públicos —o ex funcionarios—. Mientras se encuentran en el poder y pareciera que “sólo sus chicharrones truenan” y que la autoridad les será eterna, toman decisiones al por mayor; no obstante, cuando las responsabilidades se deben de asumir, “se vuelven ojos de hormiga”, sobre todo cuando el poder de que gozaban les ha sido retirado.
Tal es el caso de la millonaria inversión que se tendrá que realizar en el túnel de Las Rosas, que aunque se diga que costará 50 millones de pesos, conociendo las cifras o declaraciones oficiales, seguramente que por lo menos se irá al doble, y si no, al tiempo, al fin y al cabo “qué tanto es tantito”.
De acuerdo con información publicada por esta empresa editorial, en su momento Claudio Sáinz declaró que realizar la obra subterránea llevaba consigo varias consideraciones que se deberían tomar en cuenta, tanto por los defensores ecológicos, como en el aspecto financiero y la ingeniería de la obra.
Esto es: que al no hacer la obra por la superficie —como lo tenían proyectado— implicaría un gasto mayor a la ciudadanía; que dado que el colector de aguas y los mantos freáticos se encontraban a determinada profundidad, la obra de ingeniería estaría más complicada y susceptible de problemas, tal y como ahora sucedió.
¿Entonces, qué fue lo que pasó? Bueno, pues por una parte, los ecologistas se mantuvieron en su postura, presionaron al gobernador del Estado, los medios hicieron su parte y el gobernador tomó la decisión política de que la obra se realizara por la vía subterránea, así dejaba contentos a los ecologistas y a los habitantes de la colonia Chapalita.
En pocas palabras, autorizó a que el erario público asumiera el costo económico necesario, dejando —al menos así se entiende— en manos de los técnicos resolver las situaciones que les corresponden, seguramente en el entendido de que en pleno siglo XXI existen los adelantos necesarios para solventar una situación como ésta.
Por su parte, la empresa Suelos y Control —contratada ex profeso— entregó un documento en el que hizo importantes recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que tomara medidas que finalmente no se acataron, lo que hace pensar que en buena medida, la situación que hoy se padece es resultado de dicha negligencia.
Por tanto, ¿quién deberá pagar, política, económicamente —o de ambas maneras— el alto costo de la ineficiencia demostrada? ¿Francisco Ramírez Acuña, Claudio Sáinz, la constructora?
CUAUHTÉMOC CISNEROS MADRID / Presidente de Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión.
Correo electrónico: ccmadrid@att.net.mx