México
Perredistas impulsan ley contra corrupción política
Establece la definición de conflicto de interés y las sanciones a quienes se involucren en la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (07/DIC/2014).- A fin de dotar al Estado de mecanismos para blindar la infiltración del crimen organizado en el servicio público, el senador
perredista Armando Ríos Piter propuso crear una Ley General de Combate a la Corrupción Política.
Establece la definición de conflicto de interés en la gestión pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente nexos con el crimen organizado.
En su iniciativa, Ríos Piter también planteó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha petición será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, instancias que determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate.
En el mismo proyecto, el senador por Guerrero propuso modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en 50% los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.
Establece la definición de conflicto de interés en la gestión pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente nexos con el crimen organizado.
En su iniciativa, Ríos Piter también planteó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha petición será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, instancias que determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate.
En el mismo proyecto, el senador por Guerrero propuso modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en 50% los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.