México
Michoacán, al borde del Estado fallido
El crimen organizado ha superado a las autoridades en algunas zonas del Estado vecino de Jalisco
GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2013).- Michoacán se ha convertido en el primer desafío en materia de seguridad pública para el Presidente Enrique Peña Nieto. El Estado vecino de Jalisco alberga a su interior una mezcla de factores que han llevado al colapso de la gobernabilidad y, en algunas zonas de su territorio, ya es posible hablar de un Estado fallido que no logra proveer seguridad a sus habitantes.
Cerca de 600 homicidios vinculados al crimen organizado se registran al año; es la ruta clave de la droga sintética y de la producción de mariguana; opera un Gobierno ausente que no puede controlar a la delincuencia en vastos espacios de su territorio; células del narcotráfico con base y respaldo social, así como servicios públicos deficientes, son los elementos de un cóctel que hace de Michoacán una zona de disputa donde se ha ido desvaneciendo la autoridad de los gobiernos municipales y estatal. La crisis que vive Michoacán no sólo es de seguridad, sino también es política y, por supuesto, social.
Michoacán es uno de las entidades federativas con peores indicadores en materia de pobreza y educación del país.
Según los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), relativos a 2012, 54.4% de la población en Michoacán se encuentra en alguna dimensión de pobreza y el promedio de escolaridad es de 7.4 años, muy inferior a la media nacional. Así, la falta de oportunidades, en consonancia con la fortaleza de los grupos del crimen organizado, provoca que los cárteles gocen de una legitimidad no vista en otros estados como Nuevo León, Tamaulipas o Durango.
Actualmente, los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Sinaloa, y los Zetas, que actúan en el Norte de la Entidad y en la Tierra Caliente, son los principales grupos del crimen organizado que operan en el territorio michoacano.
Cerca de 600 homicidios vinculados al crimen organizado se registran al año; es la ruta clave de la droga sintética y de la producción de mariguana; opera un Gobierno ausente que no puede controlar a la delincuencia en vastos espacios de su territorio; células del narcotráfico con base y respaldo social, así como servicios públicos deficientes, son los elementos de un cóctel que hace de Michoacán una zona de disputa donde se ha ido desvaneciendo la autoridad de los gobiernos municipales y estatal. La crisis que vive Michoacán no sólo es de seguridad, sino también es política y, por supuesto, social.
Michoacán es uno de las entidades federativas con peores indicadores en materia de pobreza y educación del país.
Según los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), relativos a 2012, 54.4% de la población en Michoacán se encuentra en alguna dimensión de pobreza y el promedio de escolaridad es de 7.4 años, muy inferior a la media nacional. Así, la falta de oportunidades, en consonancia con la fortaleza de los grupos del crimen organizado, provoca que los cárteles gocen de una legitimidad no vista en otros estados como Nuevo León, Tamaulipas o Durango.
Actualmente, los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Sinaloa, y los Zetas, que actúan en el Norte de la Entidad y en la Tierra Caliente, son los principales grupos del crimen organizado que operan en el territorio michoacano.