México
Indígenas sufren por sistema de justicia
Dos mujeres de la etnia otomí están acusadas de secuestrar a seis agentes de la desaparecida AFI; sufren maltrato
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace cuatro años, las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara están en espera de recibir su sentencia; el plazo para que esto ocurra vence en marzo próximo. La Procuraduría General de la República (PGR) las acusa de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y ha solicitado al juez que les aplique la pena máxima, que podría alcanzar 40 años de prisión —siete menos que la dictada a César Freyre, acusado de secuestrar a Hugo Alberto Wallace, y 10 años menor a la que recibió Juan Manuel Lugo, uno de los miembros de la célula criminal de secuestradores del cártel de Sinaloa.
Los abogados y familiares de Teresa y Alberta creen que la acusación de la PGR es un castigo por el “atrevimiento” que ambas tuvieron al solicitar a los agentes federales que se identificaran, luego de que el 26 de marzo de 2006 pretendieron decomisar la mercancía de tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta Marcial, detenida y acusada del mismo delito, fue liberada por “ausencia de pruebas plenas”, pero no ha podido retomar su vida.
En el Penal de Ayutla, en Guerrero, está preso el indígena Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. La Procuraduría del Estado dice que es sospechoso de asesinar a un informante del Ejército. Sus abogados aseguran que la única prueba que consta en el expediente y que supuestamente lo inculpa es un “testimonio de oídas”.
En las cárceles mexicanas hay ocho mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre pasado, siete mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal. Aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR señala, al cierre de 2009, que había mil siete recluidos por delitos federales.
Los delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud (en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y posesión de droga) y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Las organizaciones civiles agregan que el secuestro, los ataques a las vías generales de comunicación y los delitos ambientales son otros motivos frecuentes para privarlos de la libertad.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema judicial con “graves deficiencias”, que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista.
Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan” advierten, además, sobre una tendencia reciente en el país para criminalizar a los indígenas y a usar el Derecho Penal para reprimirlos.
“Desde que inició el Gobierno de Felipe Calderón hemos notado que hay un problema que crece cada vez más, porque a los indígenas ahora se les castiga con la represión física o legal por participar en manifestaciones o protestas y querer ejercer su libertad de expresión. Les han inventado hasta delitos, como el llamado ataques a las vías generales de comunicación, que se sustentan, además, mediante la fabricación de pruebas. Ahora reprimen con el Derecho Penal en la mano y el escarmiento público. Y para rematarlos, los acusan de delitos graves y socialmente reprobados, como el secuestro, para que queden en una situación aún más vulnerable”, asegura Andrés Díaz, abogado del Centro Pro. (El Universal)
TELÓN DE FONDO
Fotos de prensa, la evidencia
Los hechos del 3 de agosto de 2006 —día en que las otomíes fueron aprehendidas— quedaron fotografiados por la prensa, y esa fue la evidencia contra ellas, ante el atrevimiento de solicitar identificación a los agentes federales que querían decomisar mercancía a tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
“Fueron detenidas de manera ilegal y no contaron con traductor. El Ministerio Público sin estar especializado, se adjudicó el papel de perito lingüístico y determinó que todas comprendían el castellano, cuando nunca entendieron de qué se les acusaba y no sabían lo que significaba el secuestro”, explica Andrés Díaz, su abogado.
El 25 de noviembre de 2009, la PGR reiteró la acusación contra Alberta y Teresa, y solicitó la pena más alta.
Andrés Díaz asegura que la sentencia debe ser absolutoria, “pero si insisten en criminalizarlas apelaremos”.
Teresa ahora es mamá. Tuvo a su hija en prisión.
CRÓNICA
“Ya ni las disculpas”
Jacinta Marcial fue liberada el 16 de septiembre de 2009 “por duda razonada”, pues no había pruebas plenas que fundamentaran la responsabilidad penal en los hechos.
A cuatro meses de distancia, Jacinta percibe su situación “como un sueño (...) Nunca entendí por qué me detuvieron ni por qué me liberaron, no hubo disculpas ni nada”.
Pero ahora su vida en libertad se complicó, pues la actividad comercial que mantenía su hogar se afectó. “A veces salgo a vender a las escuelas, pero al tianguis no he regresado… unos (comerciantes) me recibieron bien y otros mal”.
Quiere que el Estado la indemnice y repare el daño causado después de casi cuatro años de cárcel.
Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, señala que entre algunos encargados de procurar y administrar la justicia “hay un menosprecio hacia los derechos de las mujeres, desconociendo, falta de sensibilidad y una postura misógina y machista”.
Dice que las mujeres sufren doble sanción: reciben las penas más altas, y al salir de prisión son condenadas socialmente. (Liliana Alcántara/El Universal)
Los abogados y familiares de Teresa y Alberta creen que la acusación de la PGR es un castigo por el “atrevimiento” que ambas tuvieron al solicitar a los agentes federales que se identificaran, luego de que el 26 de marzo de 2006 pretendieron decomisar la mercancía de tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta Marcial, detenida y acusada del mismo delito, fue liberada por “ausencia de pruebas plenas”, pero no ha podido retomar su vida.
En el Penal de Ayutla, en Guerrero, está preso el indígena Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa. La Procuraduría del Estado dice que es sospechoso de asesinar a un informante del Ejército. Sus abogados aseguran que la única prueba que consta en el expediente y que supuestamente lo inculpa es un “testimonio de oídas”.
En las cárceles mexicanas hay ocho mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre pasado, siete mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal. Aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR señala, al cierre de 2009, que había mil siete recluidos por delitos federales.
Los delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud (en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y posesión de droga) y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Las organizaciones civiles agregan que el secuestro, los ataques a las vías generales de comunicación y los delitos ambientales son otros motivos frecuentes para privarlos de la libertad.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema judicial con “graves deficiencias”, que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista.
Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan” advierten, además, sobre una tendencia reciente en el país para criminalizar a los indígenas y a usar el Derecho Penal para reprimirlos.
“Desde que inició el Gobierno de Felipe Calderón hemos notado que hay un problema que crece cada vez más, porque a los indígenas ahora se les castiga con la represión física o legal por participar en manifestaciones o protestas y querer ejercer su libertad de expresión. Les han inventado hasta delitos, como el llamado ataques a las vías generales de comunicación, que se sustentan, además, mediante la fabricación de pruebas. Ahora reprimen con el Derecho Penal en la mano y el escarmiento público. Y para rematarlos, los acusan de delitos graves y socialmente reprobados, como el secuestro, para que queden en una situación aún más vulnerable”, asegura Andrés Díaz, abogado del Centro Pro. (El Universal)
TELÓN DE FONDO
Fotos de prensa, la evidencia
Los hechos del 3 de agosto de 2006 —día en que las otomíes fueron aprehendidas— quedaron fotografiados por la prensa, y esa fue la evidencia contra ellas, ante el atrevimiento de solicitar identificación a los agentes federales que querían decomisar mercancía a tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
“Fueron detenidas de manera ilegal y no contaron con traductor. El Ministerio Público sin estar especializado, se adjudicó el papel de perito lingüístico y determinó que todas comprendían el castellano, cuando nunca entendieron de qué se les acusaba y no sabían lo que significaba el secuestro”, explica Andrés Díaz, su abogado.
El 25 de noviembre de 2009, la PGR reiteró la acusación contra Alberta y Teresa, y solicitó la pena más alta.
Andrés Díaz asegura que la sentencia debe ser absolutoria, “pero si insisten en criminalizarlas apelaremos”.
Teresa ahora es mamá. Tuvo a su hija en prisión.
CRÓNICA
“Ya ni las disculpas”
Jacinta Marcial fue liberada el 16 de septiembre de 2009 “por duda razonada”, pues no había pruebas plenas que fundamentaran la responsabilidad penal en los hechos.
A cuatro meses de distancia, Jacinta percibe su situación “como un sueño (...) Nunca entendí por qué me detuvieron ni por qué me liberaron, no hubo disculpas ni nada”.
Pero ahora su vida en libertad se complicó, pues la actividad comercial que mantenía su hogar se afectó. “A veces salgo a vender a las escuelas, pero al tianguis no he regresado… unos (comerciantes) me recibieron bien y otros mal”.
Quiere que el Estado la indemnice y repare el daño causado después de casi cuatro años de cárcel.
Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, señala que entre algunos encargados de procurar y administrar la justicia “hay un menosprecio hacia los derechos de las mujeres, desconociendo, falta de sensibilidad y una postura misógina y machista”.
Dice que las mujeres sufren doble sanción: reciben las penas más altas, y al salir de prisión son condenadas socialmente. (Liliana Alcántara/El Universal)