México

González Parás acusa al Gobierno de Fox por crecimiento del narco

Asegura que las malas decisiones tomadas por el ex mandatario ha propiciado el crecimiento del crimen organizado

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás aseguró que las malas decisiones tomadas por el Gobierno federal en 2006, han propiciado el crecimiento del crimen organizado en todo el país.

El actual mandatario comentó que el Ejército Mexicano y los aparatos de inteligencia fueron utilizados por el Gobierno federal para evitar “problemas” en las elecciones presidenciales, descuidando la batalla contra el crimen organizado.

“En realidad a partir de algunas decisiones, que en mi opinión, fueron equivocadas y que se tomaron en 2006, es que el crimen organizado de pronto tuvo una explosión en su crecimiento que nos sorprendió a todos los estados”.

El titular del ejecutivo nuevoleonés manifestó que en la última parte del Gobierno de Vicente Fox Quesada y en los principios del mandato de Felipe Calderón se afectó la operación de los cuerpos de seguridad federales, encargados del combate al crimen organizado.

“El cambio (de Gobierno) propició un trastrocamiento de las instituciones federales que combatían a la delincuencia organizada y hubo una época donde el Ejército se concentro en ciertos lugares y dejo una parte importante del país sin la atención correspondiente y ahora tiene que hacerse un esfuerzo mayor en el ámbito federal, en el estatal y en el municipal de Gobierno”.

¿Pactar con el narco sería la solución?, se le cuestionó al gobernador.

 “Desde luego que no, tener acuerdo con ellos para nada, pactar no, pactar descartado totalmente. En ningún momento en mi Gobierno insinuamos siquiera una conversación indirecta con ellos y desde luego tenemos que ir profesionalizando nuestros agentes, mejorando nuestra plataforma tecnológica, integrando la coordinación municipio-Estado-Federación que no se daba antes; hemos avanzado en esto”.

Durante la gestión de Natividad González unas 322 personas fueron “ejecutadas”, de las cuales al menos 80 son policías municipales, estatales o federales, y 10 son militares

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