México
Falta de seriedad
Cuando otros países enfrentan grandes crisis, eventos catastróficos que ponen en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad o incluso la viabilidad de la nación, esto se vuelve un catalizador
Irresponsabilidad. Insensatez. ¿Con qué calificativo recordará la historia el esfuerzo emprendido para enfrentar la violencia e inseguridad que se vive en el país? Aunque sería fácil apuntar como autor de este fracaso de la “guerra en contra del crimen organizado” de 2000 a 2012 a los presidentes
Vicente Fox y Felipe Calderón, esto sería un análisis ligero, poco serio. Ya que la historia seguramente señalará que hubo una falla generalizada en todos los actores sociales que deberían haber buscado soluciones al problema, incluyendo el sector empresarial, la Iglesia, la comunidad académica, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones civiles, los partidos, los legisladores, gobernadores y presidentes municipales, la rama judicial y, claro, todos nosotros.
Cuando otros países enfrentan grandes crisis, eventos catastróficos que ponen en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad o incluso la viabilidad de la nación, esto se vuelve un catalizador que une a los diferentes factores de poder y opinión para buscar soluciones. En el caso de México, esto simple y llanamente no ha sucedido. Al contrario, hoy más que nunca, sorprende la fricción y la falta de diálogo entre todos los actores políticos, además de la falta de participación ciudadana; por lo que no nos debe sorprender la falta de soluciones.
Tal vez lo que va a suceder es que se requiere que la situación se degrade aún más (esto seguramente va a suceder) en donde los índices de asesinatos, secuestros, extorsiones, robo de autos a mano armada y violaciones seguirán incrementándose.
Parte fundamental del problema de la seguridad en México es que no hay un sistema de justicia penal que pueda detener, investigar, procesar, juzgar y encarcelar a delincuentes.
Cualquier tipo de delincuente. Las estadísticas son contundentes: menos de 1% de los delitos cometidos son castigados. La probabilidad de que un acusado llegue ante la autoridad judicial es 3.3% del total de los delitos denunciados.
Estamos hablando de más de 96.7% de impunidad. Estos son datos de estudios recientes. No debería sorprendernos que estas cifras hayan empeorado. El mensaje para la sociedad es que: hay que delinquir, ya que en este país no te va a pasar nada.
En junio de 2008 se aprobó una reforma constitucional que pretende darle un giro de 180 grados a la impartición de justicia en materia penal en nuestro país. Una parte de esta reforma, aquella relacionada con las medidas para combatir la delincuencia organizada, está entrando en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias.
¿Es esta reforma prioridad para el Gobierno federal, los estados y sus respectivas legislaturas? No lo es. Y el tiempo se les está acabando. Pero más allá de las exigencias constitucionales, es que sin reformar a fondo el sistema de justicia penal del país, no importa cuántos soldados, policías y armas se pongan en la calle, la mayoría de los delincuentes saldrán libres. Ya que en este país, no pasa nada.
Cuando otros países enfrentan grandes crisis, eventos catastróficos que ponen en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad o incluso la viabilidad de la nación, esto se vuelve un catalizador que une a los diferentes factores de poder y opinión para buscar soluciones. En el caso de México, esto simple y llanamente no ha sucedido. Al contrario, hoy más que nunca, sorprende la fricción y la falta de diálogo entre todos los actores políticos, además de la falta de participación ciudadana; por lo que no nos debe sorprender la falta de soluciones.
Tal vez lo que va a suceder es que se requiere que la situación se degrade aún más (esto seguramente va a suceder) en donde los índices de asesinatos, secuestros, extorsiones, robo de autos a mano armada y violaciones seguirán incrementándose.
Parte fundamental del problema de la seguridad en México es que no hay un sistema de justicia penal que pueda detener, investigar, procesar, juzgar y encarcelar a delincuentes.
Cualquier tipo de delincuente. Las estadísticas son contundentes: menos de 1% de los delitos cometidos son castigados. La probabilidad de que un acusado llegue ante la autoridad judicial es 3.3% del total de los delitos denunciados.
Estamos hablando de más de 96.7% de impunidad. Estos son datos de estudios recientes. No debería sorprendernos que estas cifras hayan empeorado. El mensaje para la sociedad es que: hay que delinquir, ya que en este país no te va a pasar nada.
En junio de 2008 se aprobó una reforma constitucional que pretende darle un giro de 180 grados a la impartición de justicia en materia penal en nuestro país. Una parte de esta reforma, aquella relacionada con las medidas para combatir la delincuencia organizada, está entrando en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias.
¿Es esta reforma prioridad para el Gobierno federal, los estados y sus respectivas legislaturas? No lo es. Y el tiempo se les está acabando. Pero más allá de las exigencias constitucionales, es que sin reformar a fondo el sistema de justicia penal del país, no importa cuántos soldados, policías y armas se pongan en la calle, la mayoría de los delincuentes saldrán libres. Ya que en este país, no pasa nada.