México
Denuncian que violencia y narco impiden regular núcleos agrarios
Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria reconoce que donde no se tiene acceso de personal de esas instituciones desconcentradas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), es por la delincuencia organizada
Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria (PA), subrayó en conferencia de prensa que aunque no ha sido fácil, actualmente el 93% de núcleos agrarios están regularizados.
Hay zonas, reconoció, donde no se tiene acceso de personal de esas instituciones desconcentradas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por la delincuencia organizada, pero la meta es tener toda la República en orden.
Por ello, resaltó, se ha iniciado una campaña para informar de que todo ejidatario o comunero que solicite la regularización o certificación definitiva de su tierra, será atendido sin excepción este año de forma gratuita y voluntaria.
Para estas acciones, precisó Cedrún Vázquez, se tiene un presupuesto programado de 350 millones de pesos, destinados para su aplicación en todo el país, a través del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), enfatizó Cedrún Vázquez.
González Patiño, dijo al respecto que "jamás en la historia de México se había invertido tanto, como en estos últimos años, en el campo y en su regularización. Esto propicia oportunidad de desarrollo".
Se trata de un trámite gratuito y voluntario, cuyo único requisito es reunir las condiciones jurídicas para ser regularizado, señalaron luego de rechazar que exista un proceso de privatización de la tierra, ya que actualmente menos del 3% de la superficie de la propiedad social ha pasado al dominio pleno, explicó.
Cedrún mencionó en este marco que el (RAN) tiene una capacidad instalada muy grande para realizar los trabajos técnicos para la regularización; sólo falta la voluntad de los ejidatarios y comuneros para acercarse a iniciar o continuar sus trámites.
Concretamente existen mil 695 núcleos agrarios pendientes de incorporar al FANAR, pero 460 es por el propio rechazo de los ejidatarios; 390 por problemas de límites; 258 por injerencias de organizaciones que impide la libre toma de acuerdos, subrayó a su vez Rocendo González.