México
Congreso acelerará discusión de iniciativas de Peña Nieto
El Legislativo recibió la propuesta de reformas constitucionales
CIUDAD DE MÉXICO (02/DIC/2014).- Labores contrarreloj. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión coincidieron en que será necesario trabajar a marchas forzadas para analizar y posiblemente aprobar las reformas constitucionales en materia de seguridad impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Luego de una reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Preciado, y Emilio Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los legisladores acordaron trabajar los siguientes días —incluidos fines de semana— con el fin de evaluar la propuesta.
La meta es aprobar o rechazar la iniciativa antes de que finalice el periodo ordinario, no obstante, los legisladores adelantaron que analizan la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario.
Previo al encuentro, Preciado destacó que el objetivo principal de su partido sería enfocarse en el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Afirmó que la dirigencia del PAN evaluará participar en un posible periodo extraordinario.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Arturo Zamora, confirmó que recibió la propuesta del Ejecutivo. El legislador dio a conocer que el proyecto impulsado por Peña Nieto se prevé la modificación de los artículos 115, 123, 21 y 73 de la Constitución, entre otros más.
En Chiapas, Enrique Peña Nieto indicó que envió al Congreso su propuesta, en la que sugiere modificar el Artículo 115, esto para esclarecer el proceso de intervención en los municipios en casos de infiltración del crimen organizado.
El Mandatario afirmó que el caso Iguala fue un parteaguas en la historia de México por lo que instó al Gobierno y a las instituciones de seguridad a prepararse sólidamente para combatir al crimen.
Este llamado se dio justo cuando Peña Nieto cumplía dos años al frente del Gobierno, una administración que se esforzó en hacer realidad las propuestas de reformas constitucionales, logros del Mandatario que fueron eclipsados en el extranjero por su tardía reacción ante el caso Iguala y el evidente proceso de corrupción por el que atraviesan varios municipios del país.
Entre las normas que Peña Nieto contempló para fortalecer el estado de derecho está la creación de 32 departamentos de Policía únicos para cada una de las entidades de México.
El plan Guerrero, esta semana
CIUDAD DE MÉXICO.- A 65 días del caso Iguala, el Gobierno federal intervendrá con un plan de seguridad en Guerrero, anunció ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista radiofónica.
Como ocurrió en Michoacán a principios de año —donde el crimen organizado imponía su ley en la Tierra Caliente—, en Guerrero “se observa que a nivel local hay debilidad institucional, y a pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de iniciativas para la reforma del Estado, el Gobierno actuará inmediatamente en localidades que así lo requieran”.
Osorio Chong precisó que no esperarán a que estén las reformas. “Vamos a ir hacia adelante y donde existan problemas en lo municipal, en lo local, iremos a actuar como lo hemos venido haciendo una y otra vez”.
“Hoy tenemos una circunstancia adversa en Guerrero en el que después de lo de Iguala (…) hoy los delincuentes están haciendo de las suyas, pero no lo vamos a permitir. Por eso es que se anunciará esta misma semana un plan, como lo hemos hecho en todas las otras regiones con problemáticas cuando llegamos al Gobierno, lo vamos a hacer también en Guerrero y lo vamos a hacer con toda contundencia y con toda la fuerza del Estado”.
El caso Iguala, del que se derivó la desaparición de 43 normalistas rurales y la muerte de seis personas, costó el puesto al gobernador Ángel Aguirre Rivero y el encarcelamiento del alcalde José Luis Abarca.
En los últimos dos meses la indignación entre estudiantes, familiares y activistas ha generado infinidad de protestas, algunas con resultados violentos, como quema de patrullas, automóviles, sedes del Gobierno, del Congreso, así como vandalismo en comercios y bloqueos de carreteras federales.
El mandatario actual, Rogelio Ortega, no ha podido tranquilizar a los inconformes ante los nulos resultados del Gobierno federal, pues nada se sabe sobre el paradero de los normalistas.
NUMERALIA
Los números rojos tras dos años del Gobierno
33 mil 182 homicidios dolosos registrados durante los primeros 22 meses de administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
3 mil 054 secuestros ocurrieron en México entre diciembre de 2012 y octubre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nueve mil 990 personas fueron reportadas como desaparecidas desde que Peña Nieto ocupó la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2012 hasta agosto de 2014, según un informe de la organización Amnistía Internacional.
IMAGEN
En su peor momento
Una encuesta elaborada por la empresa Buendía & Laredo reveló que la aprobación del Gobierno de Enrique Peña Nieto cayó 4 puntos desde agosto, es decir, sólo 41% aprueba su administración, mientras que 50% de los encuestados opinó de manera negativa respecto a la gestión del priista.
Critican gestión del presidente
Organizaciones civiles exigieron al Presidente respeto a los derechos humanos de los manifiestantes de forma pacífica; algunos organismos demandaron al Ejecutivo poner fin a la criminalización de las protestas.
La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación en torno a la participación violenta de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
Ante este panorama, AI demandó al Gobierno “poner fin a estrategias que tengan como propósito disuadir las protestas y limitar los derechos de las personas”.
La oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades implementar con plazos determinados la estrategia contra la impunidad y corrupción que propuso Peña Nieto y sugirieron ligar el decálogo por la seguridad hacia las víctimas.
Tras admitir que el Estado se relacionó con la desaparición de los normalistas, el Alto Comisionado mencionó que el Presidente identificó una problemática que rebasa lo acontecido en Iguala.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró que la clase política debe afrontar su responsabilidad y aclarar la situación actual para evitar que se pierda el potencial de desarrollo que otorgarían las reformas.
“El llamado es a que los partidos y la clase política (…) tengan voluntad política para la transformación, lo cual implica que estén dispuestos a ceder y a terminar con prácticas, actitudes y omisiones que ya no pueden permitirse”, afirmó el empresario.
Luego de una reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Preciado, y Emilio Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los legisladores acordaron trabajar los siguientes días —incluidos fines de semana— con el fin de evaluar la propuesta.
La meta es aprobar o rechazar la iniciativa antes de que finalice el periodo ordinario, no obstante, los legisladores adelantaron que analizan la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario.
Previo al encuentro, Preciado destacó que el objetivo principal de su partido sería enfocarse en el nombramiento de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales. Afirmó que la dirigencia del PAN evaluará participar en un posible periodo extraordinario.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Arturo Zamora, confirmó que recibió la propuesta del Ejecutivo. El legislador dio a conocer que el proyecto impulsado por Peña Nieto se prevé la modificación de los artículos 115, 123, 21 y 73 de la Constitución, entre otros más.
En Chiapas, Enrique Peña Nieto indicó que envió al Congreso su propuesta, en la que sugiere modificar el Artículo 115, esto para esclarecer el proceso de intervención en los municipios en casos de infiltración del crimen organizado.
El Mandatario afirmó que el caso Iguala fue un parteaguas en la historia de México por lo que instó al Gobierno y a las instituciones de seguridad a prepararse sólidamente para combatir al crimen.
Este llamado se dio justo cuando Peña Nieto cumplía dos años al frente del Gobierno, una administración que se esforzó en hacer realidad las propuestas de reformas constitucionales, logros del Mandatario que fueron eclipsados en el extranjero por su tardía reacción ante el caso Iguala y el evidente proceso de corrupción por el que atraviesan varios municipios del país.
Entre las normas que Peña Nieto contempló para fortalecer el estado de derecho está la creación de 32 departamentos de Policía únicos para cada una de las entidades de México.
El plan Guerrero, esta semana
CIUDAD DE MÉXICO.- A 65 días del caso Iguala, el Gobierno federal intervendrá con un plan de seguridad en Guerrero, anunció ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista radiofónica.
Como ocurrió en Michoacán a principios de año —donde el crimen organizado imponía su ley en la Tierra Caliente—, en Guerrero “se observa que a nivel local hay debilidad institucional, y a pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un paquete de iniciativas para la reforma del Estado, el Gobierno actuará inmediatamente en localidades que así lo requieran”.
Osorio Chong precisó que no esperarán a que estén las reformas. “Vamos a ir hacia adelante y donde existan problemas en lo municipal, en lo local, iremos a actuar como lo hemos venido haciendo una y otra vez”.
“Hoy tenemos una circunstancia adversa en Guerrero en el que después de lo de Iguala (…) hoy los delincuentes están haciendo de las suyas, pero no lo vamos a permitir. Por eso es que se anunciará esta misma semana un plan, como lo hemos hecho en todas las otras regiones con problemáticas cuando llegamos al Gobierno, lo vamos a hacer también en Guerrero y lo vamos a hacer con toda contundencia y con toda la fuerza del Estado”.
El caso Iguala, del que se derivó la desaparición de 43 normalistas rurales y la muerte de seis personas, costó el puesto al gobernador Ángel Aguirre Rivero y el encarcelamiento del alcalde José Luis Abarca.
En los últimos dos meses la indignación entre estudiantes, familiares y activistas ha generado infinidad de protestas, algunas con resultados violentos, como quema de patrullas, automóviles, sedes del Gobierno, del Congreso, así como vandalismo en comercios y bloqueos de carreteras federales.
El mandatario actual, Rogelio Ortega, no ha podido tranquilizar a los inconformes ante los nulos resultados del Gobierno federal, pues nada se sabe sobre el paradero de los normalistas.
NUMERALIA
Los números rojos tras dos años del Gobierno
33 mil 182 homicidios dolosos registrados durante los primeros 22 meses de administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
3 mil 054 secuestros ocurrieron en México entre diciembre de 2012 y octubre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nueve mil 990 personas fueron reportadas como desaparecidas desde que Peña Nieto ocupó la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2012 hasta agosto de 2014, según un informe de la organización Amnistía Internacional.
IMAGEN
En su peor momento
Una encuesta elaborada por la empresa Buendía & Laredo reveló que la aprobación del Gobierno de Enrique Peña Nieto cayó 4 puntos desde agosto, es decir, sólo 41% aprueba su administración, mientras que 50% de los encuestados opinó de manera negativa respecto a la gestión del priista.
Critican gestión del presidente
Organizaciones civiles exigieron al Presidente respeto a los derechos humanos de los manifiestantes de forma pacífica; algunos organismos demandaron al Ejecutivo poner fin a la criminalización de las protestas.
La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación en torno a la participación violenta de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
Ante este panorama, AI demandó al Gobierno “poner fin a estrategias que tengan como propósito disuadir las protestas y limitar los derechos de las personas”.
La oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades implementar con plazos determinados la estrategia contra la impunidad y corrupción que propuso Peña Nieto y sugirieron ligar el decálogo por la seguridad hacia las víctimas.
Tras admitir que el Estado se relacionó con la desaparición de los normalistas, el Alto Comisionado mencionó que el Presidente identificó una problemática que rebasa lo acontecido en Iguala.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró que la clase política debe afrontar su responsabilidad y aclarar la situación actual para evitar que se pierda el potencial de desarrollo que otorgarían las reformas.
“El llamado es a que los partidos y la clase política (…) tengan voluntad política para la transformación, lo cual implica que estén dispuestos a ceder y a terminar con prácticas, actitudes y omisiones que ya no pueden permitirse”, afirmó el empresario.