México
Analizan diputados proceso judicial de ex funcionarios michoacanos
Los funcionarios fueron detenidos el pasado 26 de mayo
CIUDAD DE MÉXICO.- La
Cámara de Diputado
s aprobó crear un grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que fueron sometidos ex
servidores públicos de Michoacán por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Durante la sesión ordinaria de este día y respaldado por todas las fracciones parlamentarias, excepto el PAN, se avaló la creación del grupo que analizará la situación jurídica de ex alcaldes y ex funcionarios estatales que se encuentran detenidos en una cárcel federal de Nayarit.
"Las labores de seguimiento de los procesos judiciales que realice el grupo de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales.
"Así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo relativo al acceso a los expedientes de las averiguaciones previas" se estableció en el acuerdo.
Asimismo se plantea que el grupo de trabajo tomará sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada diputado representa tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Los siete diputados que integran este grupo deberán presentar un informe de actividades cada tres meses.
"Las labores del grupo concluirán en el momento en que se resuelvan de manera definitiva los casos a que dará seguimiento", se añade.
El grupo estará conformado por Rubén Ignacio Moreira del PRI, Agustín Torres Ibarrola del PAN, Víctor Manuel Báez Ceja por el PRD, Diego Guerrero Rubio representando al PVEM.
Así como Juan Enrique Ibarra Pedroza por el PT, Cora Cecilia Pinedo Alonso de Nueva Alianza y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía de Convergencia.
El acuerdo fue impulsado por legisladores del PRD derivado del operativo desplegado el 26 de mayo de 2009 en Michoacán, donde participaron la Policía Federal y el Ejército, a fin de detener a 30 funcionarios acusados de presuntos vínculos con una organización criminal.
"Los legisladores manifiestan preocupación porque el proceso a que han sido sometidos los acusados se lleve a cabo con la mayor claridad posible, de manera expedita, justa y transparente.
"Con apego a la ley, para cada uno de los ciudadanos consignados", se argumentó en el acuerdo avalado durante la sesión ordinaria en San Lázaro.
Durante la sesión ordinaria de este día y respaldado por todas las fracciones parlamentarias, excepto el PAN, se avaló la creación del grupo que analizará la situación jurídica de ex alcaldes y ex funcionarios estatales que se encuentran detenidos en una cárcel federal de Nayarit.
"Las labores de seguimiento de los procesos judiciales que realice el grupo de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales.
"Así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo relativo al acceso a los expedientes de las averiguaciones previas" se estableció en el acuerdo.
Asimismo se plantea que el grupo de trabajo tomará sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada diputado representa tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Los siete diputados que integran este grupo deberán presentar un informe de actividades cada tres meses.
"Las labores del grupo concluirán en el momento en que se resuelvan de manera definitiva los casos a que dará seguimiento", se añade.
El grupo estará conformado por Rubén Ignacio Moreira del PRI, Agustín Torres Ibarrola del PAN, Víctor Manuel Báez Ceja por el PRD, Diego Guerrero Rubio representando al PVEM.
Así como Juan Enrique Ibarra Pedroza por el PT, Cora Cecilia Pinedo Alonso de Nueva Alianza y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía de Convergencia.
El acuerdo fue impulsado por legisladores del PRD derivado del operativo desplegado el 26 de mayo de 2009 en Michoacán, donde participaron la Policía Federal y el Ejército, a fin de detener a 30 funcionarios acusados de presuntos vínculos con una organización criminal.
"Los legisladores manifiestan preocupación porque el proceso a que han sido sometidos los acusados se lleve a cabo con la mayor claridad posible, de manera expedita, justa y transparente.
"Con apego a la ley, para cada uno de los ciudadanos consignados", se argumentó en el acuerdo avalado durante la sesión ordinaria en San Lázaro.