Alcaldes viven bajo la amenaza de los cárteles

CIUDAD DE MÉXICO (10/JUN/2013).- La presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, Leticia Quezada, reconoció que el crimen organizado no sólo está en los territorios gobernados por los alcaldes, sino que a éstos les exigen, mediante amenazas, dejarlos “trabajar”; en algunos casos pide un porcentaje del presupuesto municipal. Esto ha propiciado que algunos ediles se vean obligados a abandonar sus municipios por intimidaciones.

Aunque evitó detallar los municipios en donde el problema es mayor, indicó que la Región Norte del país es preocupante, “es una situación delicada la de los alcaldes y es un tema que trataremos con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong)”. Incluso la jefa delegacional también mencionó que han tenido registros de que en algunas zonas algunos candidatos prefieren no ser alcaldes.

Michoacán es un ejemplo, pues el crimen organizado, principalmente el cártel Los Caballeros Templarios, hace el llamado “cobro de piso”. De acuerdo datos exhibidos los alcaldes se ven obligados a hacer un pago mensual de aproximadamente 800 dólares. En Guerrero, se tiene conocimiento que al menos tres ediles del PRD han sido víctimas de extorsión.

Según datos de la Federación Nacional de Municipios de México desde 2006 han sido asesinados en todo México 31 alcaldes siendo Michoacán y Durango los estados más afectados.

La problemática se ha extendido a los candidatos que participarán en los comicios de julio. El Movimiento Ciudadano denunció que en Veracruz incrementaron las amenazas a varios de sus candidatos a alcaldes y diputados. Al grado de que sus abanderados se retiraron de la contienda en Colipa, Nautla y Banderilla

Durante las últimas semanas se conocieron casos de amenazas y secuestros. Por ejemplo la privación ilegal de la libertad del candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Atlahuilco, Veracruz, Eduardo Cocotle Campos, quien estuvo secuestrado tres días y después de su aparición renunció a sus aspiraciones, pues fue amenazado si continuaba en la contienda electoral.

El Economista