Jalisco
Veta el gobernador la ley antiobesidad
Emilio González Márquez advierte no estar en contra de programas para abatir este mal
GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2010).- El pleno de Congreso dio cuenta ayer del documento que remitió el Poder Ejecutivo a la Oficialía de Partes en el que explica los motivos por los que no publicó y promulgó las reformas a la Ley Estatal para la Prevención y Control de los Trastornos Alimenticios, la Obesidad y Desnutrición, también conocida como ley antiobesidad.
El primero de los argumentos expuestos por el Gobierno estatal es que el Poder Legislativo no convocó a un representante del Ejecutivo para estar presente durante la discusión en segunda lectura de este dictamen.
Explica que, si buen fueron convocados para la sesión del 23 de septiembre, los legisladores decidieron posponer su discusión para el 21 de octubre, cuando no fueron convocados por segunda ocasión.
En lo que se expone como la segunda observación, el Gobierno estatal advierte que los diputados establecen la creación de un Instituto de la Nutrición como un órgano público desconcentrado, “sin que se justifique el impacto presupuestario u orgánico administrativo”.
Además, considera que duplicaría funciones con las que actualmente realizan dependencias como la Secretaría de Salud, la de Educación, el Hospital Civil de Guadalajara o el Consejo Estatal contra las Adicciones.
“Se considera imperante que los diputados analicen la viabilidad de crear dicho organismo, o que, en su caso, mejor fortalezcan a las autoridades existentes.
Que el recurso que pudiera destinarse al Instituto Jalisciense de Nutrición se aplique a fortalecer el presupuesto de dependencias”, señala el documento.
El gobernador refiere además que los diputados en su dictamen no utilizan términos adecuados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, dice, por ejemplo, que el término correcto no es “trastornos alimenticios”, sino que se debe decir Trastornos de la Conducta Alimentaria; otro término que corrige el Ejecutivo es anorexia y bulimia, a los que se les debe incluir el vocablo “nervosa”; o definir los grados de desnutrición que excluye el documento. “Además, aclara que las definiciones deben hacerse en orden alfabético y no por encisos”.
En la observación séptima, el Gobierno del Estado estima que existe ambigüedad en los términos, pues en el Artículo 9 del dictamen “debería señalarse al Instituto concebido como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y debe eliminarse toda referencia que pudiera suponer que el órgano desconcentrado se ha creado como un organismo público descentralizado”.
También expone la necesidad de contar con un proyecto de presupuesto que no está contemplado para crear un nuevo Instituto a partir de 2011.
Dentro del documento que remitió el gobernador, aclara que el Poder Ejecutivo “no está en contra del objeto de la ley que se observa, porque estamos conscientes de que los trastornos alimenticios, la obesidad y la desnutrición son temas trascedentes para Jalisco. Sin embargo, las observaciones se realizan para evitar incertidumbre jurídica”.
El primero de los argumentos expuestos por el Gobierno estatal es que el Poder Legislativo no convocó a un representante del Ejecutivo para estar presente durante la discusión en segunda lectura de este dictamen.
Explica que, si buen fueron convocados para la sesión del 23 de septiembre, los legisladores decidieron posponer su discusión para el 21 de octubre, cuando no fueron convocados por segunda ocasión.
En lo que se expone como la segunda observación, el Gobierno estatal advierte que los diputados establecen la creación de un Instituto de la Nutrición como un órgano público desconcentrado, “sin que se justifique el impacto presupuestario u orgánico administrativo”.
Además, considera que duplicaría funciones con las que actualmente realizan dependencias como la Secretaría de Salud, la de Educación, el Hospital Civil de Guadalajara o el Consejo Estatal contra las Adicciones.
“Se considera imperante que los diputados analicen la viabilidad de crear dicho organismo, o que, en su caso, mejor fortalezcan a las autoridades existentes.
Que el recurso que pudiera destinarse al Instituto Jalisciense de Nutrición se aplique a fortalecer el presupuesto de dependencias”, señala el documento.
El gobernador refiere además que los diputados en su dictamen no utilizan términos adecuados de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, dice, por ejemplo, que el término correcto no es “trastornos alimenticios”, sino que se debe decir Trastornos de la Conducta Alimentaria; otro término que corrige el Ejecutivo es anorexia y bulimia, a los que se les debe incluir el vocablo “nervosa”; o definir los grados de desnutrición que excluye el documento. “Además, aclara que las definiciones deben hacerse en orden alfabético y no por encisos”.
En la observación séptima, el Gobierno del Estado estima que existe ambigüedad en los términos, pues en el Artículo 9 del dictamen “debería señalarse al Instituto concebido como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y debe eliminarse toda referencia que pudiera suponer que el órgano desconcentrado se ha creado como un organismo público descentralizado”.
También expone la necesidad de contar con un proyecto de presupuesto que no está contemplado para crear un nuevo Instituto a partir de 2011.
Dentro del documento que remitió el gobernador, aclara que el Poder Ejecutivo “no está en contra del objeto de la ley que se observa, porque estamos conscientes de que los trastornos alimenticios, la obesidad y la desnutrición son temas trascedentes para Jalisco. Sin embargo, las observaciones se realizan para evitar incertidumbre jurídica”.