Magistrado asegura que sus juicios políticos son ilegales

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAR/2017).- No sólo con amparos el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, pretende combatir los juicios políticos y de desafuero que se iniciaron en su contra, sino que a través de su comparecencia que realizó por escrito, solicita al Congreso la extinción de éstos por considerarlos ilegales.

La respuesta habría llegado al Legislativo en las últimas horas del vencimiento de plazo para responder al juicio de procedencia, que fue este miércoles, y dos días antes de que se venciera el de juicios políticos, aunque el documento tiene como fecha de recibido el 23 de marzo.

En éste texto, el magistrado señala que los dos juicios políticos en su contra son improcedentes porque transgreden una suspensión de amparo que le fue concedida por un juez federal; sin embargo, en días pasados, los diputados aseguraron que ésta sólo impide emitir una resolución de ambos procesos.

Con relación al desafuero, destaca que carece de sustento jurídico debido a que el año pasado los diputados eliminaron esta figura, y la solicitud la debió realizar el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez y no el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.

Por ello, solicitó la inmediata extinción del procedimiento, “por ser su objeto irregular y contrario a derecho”.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ismael del Toro Castro, señaló que la respuesta del magistrado resulta absurda: “Dice que no debe haber un juicio de procedencia porque ya desaparecimos el fuero, creo que un conocedor de derecho debe saber el tiempo que fue nombrado y el tiempo que desapareció la figura”.

El coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Miguel Ángel Monraz, recordó que el nombramiento de Barba se dio cuando aún existía el fuero en el Estado: “Por eso la Comisión de Responsabilidades está llevando a cabo los procesos adecuados para no dejar alguna laguna o algún espacio legal que pueda ser interpretado a favor del acusado”.

CLAVES

Por qué no procede, según Barba

Juicios. La declaratoria de procedencia de los dos juicios políticos en su contra son ilegales porque se sustentan en artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco que fueron derogados al eliminar los diputados el fuero el año pasado.  “Toda la instrumentación de este maquinado procedimiento administrativo se encuentra derogada, ergo, no existe soporte normativo”, señala.

Procedencia. El juicio de procedencia no sólo “carece de sustento jurídico” por las mismas razones expuestas. Incluso basándose en la legislación derogada, la “declaratoria de procedencia” debe ser planteada por el Fiscal General del Estado y la realizó el Secretario General de Gobierno. “La ley en su momento era clara al determinar qué servidor público se encontraba legitimado para proponer dicha solicitud: solo el Fiscal”, indica.

Petición. En su respuesta al Congreso de Jalisco por los dos juicios políticos y uno de procedencia en su contra, el juzgador “solicita la inmediata extinción del procedimiento”, arguye, “por ser su objeto irregular y contrario a derecho”.