Jalisco
Funcionarios no responden a recomendación sobre el 1 de diciembre
Derechos Humanos determinó que la Policía tapatía violentó garantías de manifestantes el pasado 1 de diciembre, sin embargo funcionarios aún no responden a recomendación
GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2013).- Los funcionarios públicos que fueron llamados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a acatar la recomendación por las
violaciones a las garantías de manifestantes durante la protesta masiva del 1 de diciembre de 2012, todavía no responden al señalamiento, confirmó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
“El término para que contesten sobre su aceptación de esa recomendación no se ha vencido. Son 10 días hábiles a partir de la notificación, fue el martes de la semana pasada cuando se dio a conocer (…) Siempre ha habido respuesta, no hemos estado en esos supuestos en los últimos años (que no se atienda la recomendación), en las últimas recomendaciones siempre se ha dado respuesta puntual”.
Es una recomendación que marca un precedente, comenta Álvarez Cibrián, pues a partir de ésta se debe generar conciencia sobre el ejercicio responsable de los derechos, en este caso, la manifestación de las ideas. De igual forma, se espera un antes y un después para el tratamiento y vigilancia que la Policía haga de manifestaciones de ese tipo.
“El policía tiene que entender que no tiene por qué sentirse afectado cuando actúa haciendo uso de la fuerza para reestablecer el orden, pero también tendrá que entender que este ejercicio de derecho de la libertad de expresión, tampoco puede buscarse cómo limitarlo si se hace de una forma responsable”.
La recomendación fue a distintos funcionarios tapatíos en dos sentidos: porque la Policía fue omisa al no detener en el momento de flagrancia cuando se estaban cometiendo delitos en daños a propiedad (instalaciones del PRI y Televisa) durante la manifestación, que se llevó a cabo con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente. Además del “abuso de autoridad y ejercicio indebido de la fuerza pública”, al querer controlar a los protestantes, por lo que también se detuvo a inocentes.
Se solicita sancionar a quienes resulten responsables y la reparación de daños, dentro de las posibilidades, a terceros y afectados directos. El llamado destaca los nombres de Carlos Mercado, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; el oficial Martín Delgado Martínez, de la misma dependencia; Alejandro Solorio Aréchiga, comisionado de Seguridad Pública del Estado; Antonio Rodríguez Cervantes, director jurídico de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Rafael Castellanos, fiscal central.
EL INFORMADOR/ ALEJANDRA PEDROZA
“El término para que contesten sobre su aceptación de esa recomendación no se ha vencido. Son 10 días hábiles a partir de la notificación, fue el martes de la semana pasada cuando se dio a conocer (…) Siempre ha habido respuesta, no hemos estado en esos supuestos en los últimos años (que no se atienda la recomendación), en las últimas recomendaciones siempre se ha dado respuesta puntual”.
Es una recomendación que marca un precedente, comenta Álvarez Cibrián, pues a partir de ésta se debe generar conciencia sobre el ejercicio responsable de los derechos, en este caso, la manifestación de las ideas. De igual forma, se espera un antes y un después para el tratamiento y vigilancia que la Policía haga de manifestaciones de ese tipo.
“El policía tiene que entender que no tiene por qué sentirse afectado cuando actúa haciendo uso de la fuerza para reestablecer el orden, pero también tendrá que entender que este ejercicio de derecho de la libertad de expresión, tampoco puede buscarse cómo limitarlo si se hace de una forma responsable”.
La recomendación fue a distintos funcionarios tapatíos en dos sentidos: porque la Policía fue omisa al no detener en el momento de flagrancia cuando se estaban cometiendo delitos en daños a propiedad (instalaciones del PRI y Televisa) durante la manifestación, que se llevó a cabo con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente. Además del “abuso de autoridad y ejercicio indebido de la fuerza pública”, al querer controlar a los protestantes, por lo que también se detuvo a inocentes.
Se solicita sancionar a quienes resulten responsables y la reparación de daños, dentro de las posibilidades, a terceros y afectados directos. El llamado destaca los nombres de Carlos Mercado, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara; el oficial Martín Delgado Martínez, de la misma dependencia; Alejandro Solorio Aréchiga, comisionado de Seguridad Pública del Estado; Antonio Rodríguez Cervantes, director jurídico de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Rafael Castellanos, fiscal central.
EL INFORMADOR/ ALEJANDRA PEDROZA