Jalisco
El PAN cuestiona validez legal de licitación de patrullas
Piden convocar una sesión extraordinaria del Ayuntamiento tapatío para modificar el contrato de arrendamiento
GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2010).- El coordinador de la fracción del
PAN en Guadalajara, Jorge Salinas Osornio, cuestionó la viabilidad legal para realizar una licitación pública para la compra de patrullas de la Policía, como lo anunció previamente el presidente municipal, Aristóteles Sandoval.
El pasado 14 de octubre, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó la adquisición de los vehículos, eligió por adjudicación directa como empresa arrendadora a Fintegra Financiamiento. Y a pesar de lo que dijo Aristóteles Sandoval, en el decreto que se desprende de la sesión no se establece que la empresa proveedora de las patrullas será elegida mediante una licitación.
Por eso es que Salinas Osornio insiste en que se requiere forzosamente una modificación al documento: “El único que puede modificar esa adjudicación es el pleno del Ayuntamiento, por eso nosotros le estamos pidiendo a Aristóteles Sandoval que cite de forma extraordinaria al Ayuntamiento para modificar el decreto.”
La postura de la fracción panista sigue siendo, por lo tanto, que se retire la adjudicación directa a Fintegra Financiamiento, y que se elija una arrendadora también por licitación. Por las críticas que este proceso ha acumulado, el coordinador albiazul lo equiparó con un “laberinto” que “no soluciona nada”.
Sin embargo, fueron sus declaraciones pasadas, en las que acusa de un supuesto “robo” a la fracción del PRI, las que motivaron una denuncia penal en su contra interpuesta por el regidor tricolor Eduardo Almaguer Ramírez: “El fondo de esto es que no podemos hablar de valores en la política y denostarla sin pruebas”. Cuestionado al respecto, Salinas Osornio desestimó la querella.
Situación entrampada
Pese a las reuniones que se han llevado a cabo entre el Ayuntamiento y el sector empresarial, el presidente del Centro Empresarial de Jalisco (CEJ-Coparmex), Pablo Lemus Navarro, indicó que la situación simplemente está “entrampada”.
Agregó: “Por más que les he preguntado sólo obtenemos evasivas, no quieren decir por qué no quieren hacer un proceso claro y transparente”.
Hasta el momento, la postura del sector privado es la misma: que la adquisición del esquema de financiamiento también sea vía licitación; no nada más la agencia proveedora de vehículos.
Lemus Navarro informó que hoy se reunirán con el alcalde tapatío para discutir tres temas importantes: el de las patrullas, el crédito para la pavimentación “y ver si le vamos a entrar o no al tema de la contraloría”, así como los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Esperan una reunión larga, incluso pactaron estar en ella “sin celulares”.
Demanda nulidad de endeudamiento
La regidora del PAN, Vanessa Pérez Rubí Rodríguez, demandó la nulidad del decreto con el que el Ayuntamiento tapatío aprobó el 14 de septiembre un endeudamiento por mil 100 millones de pesos para pavimentación.
Aquella aprobación se dio de manera similar al arrendamiento de las patrullas, sin pasar por comisiones, concretándola como una operación fast-track.
Los argumentos de la regidora para presentar su demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), son que no se entregó la orden del día con el tema a tratar por lo menos un día antes de la sesión, ni se entregó copia de la iniciativa de decreto 48 horas antes a los ediles, como establece la ley.
El pasado 14 de octubre, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó la adquisición de los vehículos, eligió por adjudicación directa como empresa arrendadora a Fintegra Financiamiento. Y a pesar de lo que dijo Aristóteles Sandoval, en el decreto que se desprende de la sesión no se establece que la empresa proveedora de las patrullas será elegida mediante una licitación.
Por eso es que Salinas Osornio insiste en que se requiere forzosamente una modificación al documento: “El único que puede modificar esa adjudicación es el pleno del Ayuntamiento, por eso nosotros le estamos pidiendo a Aristóteles Sandoval que cite de forma extraordinaria al Ayuntamiento para modificar el decreto.”
La postura de la fracción panista sigue siendo, por lo tanto, que se retire la adjudicación directa a Fintegra Financiamiento, y que se elija una arrendadora también por licitación. Por las críticas que este proceso ha acumulado, el coordinador albiazul lo equiparó con un “laberinto” que “no soluciona nada”.
Sin embargo, fueron sus declaraciones pasadas, en las que acusa de un supuesto “robo” a la fracción del PRI, las que motivaron una denuncia penal en su contra interpuesta por el regidor tricolor Eduardo Almaguer Ramírez: “El fondo de esto es que no podemos hablar de valores en la política y denostarla sin pruebas”. Cuestionado al respecto, Salinas Osornio desestimó la querella.
Situación entrampada
Pese a las reuniones que se han llevado a cabo entre el Ayuntamiento y el sector empresarial, el presidente del Centro Empresarial de Jalisco (CEJ-Coparmex), Pablo Lemus Navarro, indicó que la situación simplemente está “entrampada”.
Agregó: “Por más que les he preguntado sólo obtenemos evasivas, no quieren decir por qué no quieren hacer un proceso claro y transparente”.
Hasta el momento, la postura del sector privado es la misma: que la adquisición del esquema de financiamiento también sea vía licitación; no nada más la agencia proveedora de vehículos.
Lemus Navarro informó que hoy se reunirán con el alcalde tapatío para discutir tres temas importantes: el de las patrullas, el crédito para la pavimentación “y ver si le vamos a entrar o no al tema de la contraloría”, así como los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Esperan una reunión larga, incluso pactaron estar en ella “sin celulares”.
Demanda nulidad de endeudamiento
La regidora del PAN, Vanessa Pérez Rubí Rodríguez, demandó la nulidad del decreto con el que el Ayuntamiento tapatío aprobó el 14 de septiembre un endeudamiento por mil 100 millones de pesos para pavimentación.
Aquella aprobación se dio de manera similar al arrendamiento de las patrullas, sin pasar por comisiones, concretándola como una operación fast-track.
Los argumentos de la regidora para presentar su demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), son que no se entregó la orden del día con el tema a tratar por lo menos un día antes de la sesión, ni se entregó copia de la iniciativa de decreto 48 horas antes a los ediles, como establece la ley.