Jalisco
Despacho de regidor litiga construcción que “invade” Los Colomos
El regidor priista, Miguel Ángel González Vázquez, fue acusado de tener intereses
ZAPOPAN, JALISCO.- El pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó comenzar una indagatoria contra uno de sus integrantes: el regidor Miguel Ángel González Vázquez, del PRI, quien fue acusado de tener intereses en el juicio por el que un particular obtuvo una licencia de construcción para edificar un desarrollo vertical dentro del polígono de Los Colomos, que el Gobierno estatal reconoce como suyo en ese municipio.
El síndico de Zapopan, Ricardo Anguiano Apodaca, solicitó la investigación, luego de que revelara que el hermano del regidor, Juan Mario González Vázquez, fue el defensor de Amparo Meneses viuda de Orozco, ganadora del juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE): “Denuncio y acuso desde este momento que en Zapopan tenemos un defensor de las invasiones en la zona de Los Colomos, y que ese invasor se llama Miguel Ángel González, regidor, y que sus hermanos son los defensores de esos invasores”, acusó el síndico.
El regidor Miguel Ángel es socio del despacho jurídico Servicios Jurídicos Fiscales, que integró junto a sus hermanos Juan Mario y Horacio en el año 2000, y que además del caso citado, lleva otros 115 juicios contra el Ayuntamiento de Zapopan, del que también forma parte.
En rueda de prensa, el regidor dijo con respecto al juicio en Los Colomos: “Y no es el único asunto que litigamos en contra del Ayuntamiento ¿eh? ¿Cuántos juicios traemos?”, le preguntó a su hermano, Juan Mario, quien habló de los 115. Ante los cuestionamientos, el regidor rectificaría: “Sigo siendo socio (del despacho), aunque ahorita todo lo que son porcentajes (por honorarios) y todo eso, está destinado para ellos (sus hermanos), porque yo realmente no estoy litigando, sería algo inmoral”.
El presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, declaró al respecto: “El regidor Miguel Ángel, en la sesión del 4 de septiembre, él mismo, en el pleno del Ayuntamiento, solicitó una copia certificada del expediente (del juicio en Los Colomos), cuando debería haberse excusado sabiendo que sus hermanos eran los abogados de la contraparte; y no sólo eso, sino que pidió una copia certificada del expediente”.
Será la Comisión de Justicia la que desahogará el procedimiento de investigación. En caso de detectarse alguna falta, el pleno solicitaría un juicio político contra el regidor. Ese órgano también analizará la estrategia que siguió la Sindicatura durante la defensa del caso, para saber si fue la más acertada o si hubo omisiones.
Durante la sesión del 16 de octubre, el regidor señalado le advirtió al síndico y al pleno, que procedería legalmente contra todos los ediles que votarán a favor de la investigación en su contra, pues se le estaría difamando. Además, acusó a Anguiano Apodaca por no haber apelado la sentencia del TAE en noviembre de 2007 como un último recurso, por lo que anunció que en los próximos días solicitará al Congreso del Estado un juicio político contra el titular de la Sindicatura “por omiso”.
Anguiano Apodaca señaló que las invasiones al polígono de Los Colomos comenzaron en 1964, cuando el rancho “El Gorupo”, de tres hectáreas, a través de “movimientos irregulares” en el Registro Público de la Propiedad, fue incrementado hasta 37 hectáreas, haciéndose de las tierras estatales cercanas a la Avenida Acueducto, que originarían fraccionamientos exclusivos.
El síndico de Zapopan, Ricardo Anguiano Apodaca, solicitó la investigación, luego de que revelara que el hermano del regidor, Juan Mario González Vázquez, fue el defensor de Amparo Meneses viuda de Orozco, ganadora del juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE): “Denuncio y acuso desde este momento que en Zapopan tenemos un defensor de las invasiones en la zona de Los Colomos, y que ese invasor se llama Miguel Ángel González, regidor, y que sus hermanos son los defensores de esos invasores”, acusó el síndico.
El regidor Miguel Ángel es socio del despacho jurídico Servicios Jurídicos Fiscales, que integró junto a sus hermanos Juan Mario y Horacio en el año 2000, y que además del caso citado, lleva otros 115 juicios contra el Ayuntamiento de Zapopan, del que también forma parte.
En rueda de prensa, el regidor dijo con respecto al juicio en Los Colomos: “Y no es el único asunto que litigamos en contra del Ayuntamiento ¿eh? ¿Cuántos juicios traemos?”, le preguntó a su hermano, Juan Mario, quien habló de los 115. Ante los cuestionamientos, el regidor rectificaría: “Sigo siendo socio (del despacho), aunque ahorita todo lo que son porcentajes (por honorarios) y todo eso, está destinado para ellos (sus hermanos), porque yo realmente no estoy litigando, sería algo inmoral”.
El presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, declaró al respecto: “El regidor Miguel Ángel, en la sesión del 4 de septiembre, él mismo, en el pleno del Ayuntamiento, solicitó una copia certificada del expediente (del juicio en Los Colomos), cuando debería haberse excusado sabiendo que sus hermanos eran los abogados de la contraparte; y no sólo eso, sino que pidió una copia certificada del expediente”.
Será la Comisión de Justicia la que desahogará el procedimiento de investigación. En caso de detectarse alguna falta, el pleno solicitaría un juicio político contra el regidor. Ese órgano también analizará la estrategia que siguió la Sindicatura durante la defensa del caso, para saber si fue la más acertada o si hubo omisiones.
Durante la sesión del 16 de octubre, el regidor señalado le advirtió al síndico y al pleno, que procedería legalmente contra todos los ediles que votarán a favor de la investigación en su contra, pues se le estaría difamando. Además, acusó a Anguiano Apodaca por no haber apelado la sentencia del TAE en noviembre de 2007 como un último recurso, por lo que anunció que en los próximos días solicitará al Congreso del Estado un juicio político contra el titular de la Sindicatura “por omiso”.
Anguiano Apodaca señaló que las invasiones al polígono de Los Colomos comenzaron en 1964, cuando el rancho “El Gorupo”, de tres hectáreas, a través de “movimientos irregulares” en el Registro Público de la Propiedad, fue incrementado hasta 37 hectáreas, haciéndose de las tierras estatales cercanas a la Avenida Acueducto, que originarían fraccionamientos exclusivos.