Jalisco
Descartan crear este año refugios para mujeres violentadas
Suman 22 entidades que han aprobado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre ellas Jalisco
GUADALAJARA, JAL.- A pesar de contar con presupuesto para la creación de espacios que protejan la vida de féminas en situación de peligro, gracias a la recién aprobada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) descarta construir refugios en este año.
En la Entidad solamente existen dos refugios con estas características, operados por el DIF Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. Sobre el primero, desde su creación —en los últimos meses de 2007— se ha brindado protección a cerca de 80 personas: mujeres que han sido refugiadas con sus hijos, ante el inminente peligro de perder la vida por las agresiones de esposos, parejas sentimentales o cualquier otra persona.
Carmen Lucía Pérez Camarena, titular del IJM, aceptó que los recursos provenientes de la Federación y del Gobierno del Estado, en cuanto la creación de infraestructura, se destinarán para reforzar el refugio del DIF Jalisco.
“Buscamos fortalecer este refugio, está funcionando pero no cuenta con todos los instrumentos para una operación eficiente. Para el próximo año analizaremos en dónde podrían construirse más; se está trabajando en un edificio de estas características en Puerto Vallarta”, comentó la funcionaria al término del Tercer Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismo Estatales para el Adelanto de las Mujeres, que ayer finalizó en Puerto Vallarta.
El evento, en donde participaron funcionarios de 28 entidades federativas, fue organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres). Rocío García Gaytán, titular del organismo federal, enfatizó al término del tercer encuentro:
“Fue muy productivo porque estuvimos 28 estados, en donde se rindieron cuentas sobre el avance de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; tenemos 22 estados con leyes estatales aprobadas. Sobre las 10 entidades restantes, en cuatro ya están presentadas (las leyes), mientras en las seis restantes sus congresos estatales no están en sesiones”.
García Gaytán acentuó un punto de comparación, en el sentido de que la Ley de Violencia Intrafamiliar, aprobada en 1997 por el Congreso federal, llevó 10 años para que se aprobara en la República Mexicana. Sin embargo, aspiran a que en un año entre en vigor esta ley en las 32 entidades federativas.
“Pero esto no quiere decir que el problema de la violencia hacia las mujeres quedará resuelto. Faltarán reglamentos, instalaciones de sistemas, banco de datos y armonización de las leyes. Sin éstos, la ley seguirá sin dar una respuesta a la mujer de cualquier comunidad. La intención es que el Ministerio Público o cualquier juez puedan dar una orden de protección para las mujeres en peligro, o que se construyan refugios en los 32 estados del país y, de preferencia, en los 100 municipios más grandes de México; también hará falta un programa único de prevención y un modelo único de atención. Hace falta mucho por hacer, pero tenemos una política única federal que está pasando a los estados”.
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, experta en materia de género y ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, cerró el encuentro destacando que la libertad, la seguridad, la integridad, la igualdad y la vida, que son un derecho, van encaminados a una vida libre de violencia.
“Si queremos un país democrático, tiene que haber igualdad. Para ello, hay que abrir las puertas de la justicia a las mujeres”.
La sola creación de leyes que protegen a las mujeres de la violencia de cualquier tipo, no es suficiente para que se reduzca el índice de féminas maltratadas en todo el país. Hacen falta reglamentos complementarios y facultades para que el Ministerio Público pueda ordenar su protección.
Conclusiones del encuentro
Los responsables de las áreas jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que estuvieron reunidos del 4 al 6 de junio en Puerto Vallarta, acordaron:
Superar visiones y concepciones machistas y misóginas del derecho, que han perpetuado la discriminación y violencia que sufren las mujeres.
Reconocer y proteger el trabajo doméstico.
Urgir a la creación del delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias.
Combatir de manera frontal la impunidad que ha encontrado, en muchos de los casos, en el derecho penal un aliado y hacer del hogar el espacio más seguro para las niñas y mujeres.
Impulsar la revisión y armonización de los códigos penales en toda la República Mexicana.
"En el Estado de México se han registrado 600 muertes (homicidios dolosos) de mujeres en los últimos cinco años, mucho más que en Ciudad Juárez, y la sociedad civil no está pegando de gritos"
En la Entidad solamente existen dos refugios con estas características, operados por el DIF Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. Sobre el primero, desde su creación —en los últimos meses de 2007— se ha brindado protección a cerca de 80 personas: mujeres que han sido refugiadas con sus hijos, ante el inminente peligro de perder la vida por las agresiones de esposos, parejas sentimentales o cualquier otra persona.
Carmen Lucía Pérez Camarena, titular del IJM, aceptó que los recursos provenientes de la Federación y del Gobierno del Estado, en cuanto la creación de infraestructura, se destinarán para reforzar el refugio del DIF Jalisco.
“Buscamos fortalecer este refugio, está funcionando pero no cuenta con todos los instrumentos para una operación eficiente. Para el próximo año analizaremos en dónde podrían construirse más; se está trabajando en un edificio de estas características en Puerto Vallarta”, comentó la funcionaria al término del Tercer Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismo Estatales para el Adelanto de las Mujeres, que ayer finalizó en Puerto Vallarta.
El evento, en donde participaron funcionarios de 28 entidades federativas, fue organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres). Rocío García Gaytán, titular del organismo federal, enfatizó al término del tercer encuentro:
“Fue muy productivo porque estuvimos 28 estados, en donde se rindieron cuentas sobre el avance de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; tenemos 22 estados con leyes estatales aprobadas. Sobre las 10 entidades restantes, en cuatro ya están presentadas (las leyes), mientras en las seis restantes sus congresos estatales no están en sesiones”.
García Gaytán acentuó un punto de comparación, en el sentido de que la Ley de Violencia Intrafamiliar, aprobada en 1997 por el Congreso federal, llevó 10 años para que se aprobara en la República Mexicana. Sin embargo, aspiran a que en un año entre en vigor esta ley en las 32 entidades federativas.
“Pero esto no quiere decir que el problema de la violencia hacia las mujeres quedará resuelto. Faltarán reglamentos, instalaciones de sistemas, banco de datos y armonización de las leyes. Sin éstos, la ley seguirá sin dar una respuesta a la mujer de cualquier comunidad. La intención es que el Ministerio Público o cualquier juez puedan dar una orden de protección para las mujeres en peligro, o que se construyan refugios en los 32 estados del país y, de preferencia, en los 100 municipios más grandes de México; también hará falta un programa único de prevención y un modelo único de atención. Hace falta mucho por hacer, pero tenemos una política única federal que está pasando a los estados”.
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, experta en materia de género y ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, cerró el encuentro destacando que la libertad, la seguridad, la integridad, la igualdad y la vida, que son un derecho, van encaminados a una vida libre de violencia.
“Si queremos un país democrático, tiene que haber igualdad. Para ello, hay que abrir las puertas de la justicia a las mujeres”.
La sola creación de leyes que protegen a las mujeres de la violencia de cualquier tipo, no es suficiente para que se reduzca el índice de féminas maltratadas en todo el país. Hacen falta reglamentos complementarios y facultades para que el Ministerio Público pueda ordenar su protección.
Conclusiones del encuentro
Los responsables de las áreas jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que estuvieron reunidos del 4 al 6 de junio en Puerto Vallarta, acordaron:
Superar visiones y concepciones machistas y misóginas del derecho, que han perpetuado la discriminación y violencia que sufren las mujeres.
Reconocer y proteger el trabajo doméstico.
Urgir a la creación del delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias.
Combatir de manera frontal la impunidad que ha encontrado, en muchos de los casos, en el derecho penal un aliado y hacer del hogar el espacio más seguro para las niñas y mujeres.
Impulsar la revisión y armonización de los códigos penales en toda la República Mexicana.
"En el Estado de México se han registrado 600 muertes (homicidios dolosos) de mujeres en los últimos cinco años, mucho más que en Ciudad Juárez, y la sociedad civil no está pegando de gritos"