Jalisco
Crearán Consejo para vigilar cumplimiento de ley para personas con discapacidad
A partir del próximo año trabajará con los Ayuntamientos para que realicen los reglamentos que fomenten la atención a personas con discapacidad
GUADALAJARA, JALISCO.- Después de que se aprobó el pasado 6 de diciembre la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, se creará un Consejo estatal que asegure su aplicación y que a partir del próximo año trabajará con los Ayuntamientos para que realicen los reglamentos que fomenten la atención y promoción del desarrollo integral de las
personas con discapacidad.
El Consejo dependerá como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Humano, con un presupuesto de tres millones 600 mil pesos para 2010; y estará integrado por un presidente, que nombrará el Ejecutivo del Estado, Emilio González Márquez; tres vicepresidentes (el secretario de Desarrollo Humano, el director del DIF y un representante legal de una organización civil); ocho consejeros representantes de secretarías estatales y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS); tres consejeros especialistas en la materia, de instituciones de educación superior y 10 consejeros representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
María Lucina Bravo Chávez, directora y fundadora del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC), explica que el presupuesto es poco, pero el próximo año demostrarán su eficiencia y “esperaremos que nos aumenten los recursos en un futuro”.
Alrededor de 700 mil personas se verán beneficiadas con esta legislación en Jalisco, por ello es que las organizaciones “trabajaremos muy duro para asegurar su cumplimiento, para que realmente haya cambios para las personas que viven con alguna discapacidad. Y una de las prioridades es que se creen los reglamentos que aterricen todos los conceptos de la legislación. El trabajo apenas empieza”.
Para el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, los tres principales objetivos son continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación a los discapacitados y la integración de este sector “en un sentido amplio, desde lo laboral hasta lo educativo”.
La nueva legislación contempla que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos, tratamientos e información oportuna sobre su problema; a tener acceso a cualquier plantel educativo, igualdad de oportunidades laborales, preferencia en los estacionamientos y el uso del transporte público, entre otros.
De hecho, las entidades públicas tendrán que adecuar accesos para los discapacitados, y todos los sitios públicos deberán tener como mínimo dos espacios de estacionamiento para ellos.
Las sanciones a quien no observe el reglamento irán de los 50 a los 200 salarios mínimos, que serán aplicadas por el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad.
EL INFORMADOR/ ALEJANDRA GUILLÉN
El Consejo dependerá como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Humano, con un presupuesto de tres millones 600 mil pesos para 2010; y estará integrado por un presidente, que nombrará el Ejecutivo del Estado, Emilio González Márquez; tres vicepresidentes (el secretario de Desarrollo Humano, el director del DIF y un representante legal de una organización civil); ocho consejeros representantes de secretarías estatales y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS); tres consejeros especialistas en la materia, de instituciones de educación superior y 10 consejeros representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
María Lucina Bravo Chávez, directora y fundadora del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC), explica que el presupuesto es poco, pero el próximo año demostrarán su eficiencia y “esperaremos que nos aumenten los recursos en un futuro”.
Alrededor de 700 mil personas se verán beneficiadas con esta legislación en Jalisco, por ello es que las organizaciones “trabajaremos muy duro para asegurar su cumplimiento, para que realmente haya cambios para las personas que viven con alguna discapacidad. Y una de las prioridades es que se creen los reglamentos que aterricen todos los conceptos de la legislación. El trabajo apenas empieza”.
Para el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, los tres principales objetivos son continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación a los discapacitados y la integración de este sector “en un sentido amplio, desde lo laboral hasta lo educativo”.
La nueva legislación contempla que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos, tratamientos e información oportuna sobre su problema; a tener acceso a cualquier plantel educativo, igualdad de oportunidades laborales, preferencia en los estacionamientos y el uso del transporte público, entre otros.
De hecho, las entidades públicas tendrán que adecuar accesos para los discapacitados, y todos los sitios públicos deberán tener como mínimo dos espacios de estacionamiento para ellos.
Las sanciones a quien no observe el reglamento irán de los 50 a los 200 salarios mínimos, que serán aplicadas por el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad.
EL INFORMADOR/ ALEJANDRA GUILLÉN