Internacional
Policías bolivianos negocian cese de motín; indígenas retrasan su ingreso a La Paz
Gendarmes negocian mejores salarios, en tanto indígenas que marchan desde hace dos meses contra la construcción de una carretera retrasaron su ingreso a la ciudad para evitar que se los vincule con un supuesto complot contra el presidente
LA PAZ, BOLIVIA (26/JUN/2012).- Policías rasos negocian con el gobierno un acuerdo para el cese del motín que se ha extendido a toda Bolivia, en tanto indígenas que marchan desde hace dos meses contra la construcción de una carretera retrasaron su ingreso a La Paz para evitar que se los vincule con un supuesto complot contra el presidente Evo Morales.
Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, donde el mandatario despachó en la mañana, según una fuente del Palacio Quemado consultada por la AFP.
A la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, generalmente vedada a los manifestantes, llegaron grupos de maestros de la educación pública (dirigidos por trotskistas) para solidarizarse con los uniformados que, paradójicamente, normalmente son sus represores.
"Damos la cara valientemente para solidarizarnos con la demanda de mejores salarios para la tropa policial y decirle al gobierno que no somos golpistas", dijo la profesora Vilma Plata, una antigua dirigente del magisterio y del Partido Obrero Revolucionario (POR, trotskista).
En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó este martes negociaciones con tres ministros de Estado acerca de las condiciones para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos de Bolivia.
La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2 mil bolivianos (unos 287 dólares), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías para que los policías amotinados no sufran represalias.
A pesar de las negociaciones en curso, los policías amotinados seguían en poder de 25 a 30 cuarteles y comandancias regionales en Bolivia.
Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la estatal radio Patria Nueva que "éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas" que ahora ha volcado "contra el Estado Plurinacional".
En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz, rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los supuestos aprestos conspirativos contra el presidente Morales.
"Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado", manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.
Dávila puso como evidencia del plan conspirativo un atentado con dinamita que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino de Oruro, afín al gobierno.
Con el fin de evitar acusaciones de conspiración contra Morales, la marcha de indígenas de la Amazonia, que rechaza la construcción de una carretera por su territorio, considerado área protegida, postergó su ingreso a La Paz, después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno (un trayecto de 600 km).
Alrededor de unos mil indígenas amazónicos erigieron campamento a 12 km de La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.
Morales dijo el domingo que sectores de oposición confabulan contra su gobierno y buscan hacer coincidir los reclamos de los indígenas con el motín de los policías.
El vicepresidente Alvaro García mencionó incluso un supuesto "Plan Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure)" que buscaría desestabilizar al gobierno.
Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, donde el mandatario despachó en la mañana, según una fuente del Palacio Quemado consultada por la AFP.
A la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, generalmente vedada a los manifestantes, llegaron grupos de maestros de la educación pública (dirigidos por trotskistas) para solidarizarse con los uniformados que, paradójicamente, normalmente son sus represores.
"Damos la cara valientemente para solidarizarnos con la demanda de mejores salarios para la tropa policial y decirle al gobierno que no somos golpistas", dijo la profesora Vilma Plata, una antigua dirigente del magisterio y del Partido Obrero Revolucionario (POR, trotskista).
En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó este martes negociaciones con tres ministros de Estado acerca de las condiciones para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos de Bolivia.
La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2 mil bolivianos (unos 287 dólares), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías para que los policías amotinados no sufran represalias.
A pesar de las negociaciones en curso, los policías amotinados seguían en poder de 25 a 30 cuarteles y comandancias regionales en Bolivia.
Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la estatal radio Patria Nueva que "éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas" que ahora ha volcado "contra el Estado Plurinacional".
En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz, rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los supuestos aprestos conspirativos contra el presidente Morales.
"Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado", manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.
Dávila puso como evidencia del plan conspirativo un atentado con dinamita que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino de Oruro, afín al gobierno.
Con el fin de evitar acusaciones de conspiración contra Morales, la marcha de indígenas de la Amazonia, que rechaza la construcción de una carretera por su territorio, considerado área protegida, postergó su ingreso a La Paz, después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno (un trayecto de 600 km).
Alrededor de unos mil indígenas amazónicos erigieron campamento a 12 km de La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.
Morales dijo el domingo que sectores de oposición confabulan contra su gobierno y buscan hacer coincidir los reclamos de los indígenas con el motín de los policías.
El vicepresidente Alvaro García mencionó incluso un supuesto "Plan Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure)" que buscaría desestabilizar al gobierno.