Internacional
Piden a Obama negar apoyo a ley en Alabama
Human Rights Watch exige a la Casa Blanca investigar las denuncias sobre violaciones contra los derechos civiles en el Estado
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/DIC/2011).- Ante el clima de “terror” que han generado los legisladores del Estado de Alabama al aprobar la aplicación de la ley antiinmigrante en su Estado, misma que ha provocado un éxodo inédito de familias que huyen de la persecución, la Organización Human Rights Watch (HRW) pidió a la administración del presidente Barack Obama negar la cooperación de las agencias federales en la aplicación de la polémica norma.
Además, esta organización humanitaria demandó a la Casa Blanca que ordene al Departamento de Justicia que continúe investigando con firmeza todas las denuncias de violaciones de derechos civiles cometidas como resultado de la ley de Alabama contra la población inmigrante que hoy ha sido expulsada de ese Estado o empujada a vivir en la clandestinidad.
“En los dos primeros meses transcurridos desde que la ley entró en vigor, inmigrantes no autorizados, sus familiares y sus comunidades han sufrido profundos cambios en su vida. Escuelas, empresas y propietarios de inmuebles han informado sobre un importante éxodo de personas del Estado”, asegura el informe presentado por HRW en el que formula una explícita condena de la HB 56, la más dura de las legislaciones antiinmigrantes en Estados Unidos.
“Sin duda alguna la ley antiinmigrante de Alabama es la más dura que se haya promulgado porque llega al extremo de negarle el agua a quienes carecen de papeles. Eso es algo inhumano”, dijo Antonio Ginatta, director de políticas en Estados Unidos de Human Rights Watch.
Según el informe presentado bajo el título “Vivir sin dignidad”, desde la implementación de la HB56 en Alabama las autoridades de ese Estado se han propuesto “hacer imposible” la vida a los inmigrantes ilegales y ha ofrecido cobertura a una intensa campaña de persecución y discriminación racial en la que “se ha facilitado que funcionarios locales y del Estado les nieguen derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda”.
El informe advierte que, al igual que la polémica ley antiinmigrante de Arizona, que ha entrado en vigor en Alabama “exige a la Policía determinar la ciudadanía y la condición migratoria de todas las personas interceptadas o detenidas cuando existan ‘sospechas razonables’ de que se encuentran en el país en forma irregular”.
Añade, sin embargo, que “la ley de Alabama contiene disposiciones que van más allá de la interacción de los funcionarios de seguridad pública con los inmigrantes”.
''Estoy colaborando con líderes de la Legislatura para clarificar y simplificar la Ley HB56 contra la inmigración ilegal en el Estado, aunque que su esencia no cambiará ''
Robert Bentley, gobernador de Alabama.
CRÓNICA
“Vivimos aterrorizados”
La comunidad migrante en Alabama, Estados Unidos vive temerosa. Cualquiera puede ser detenido por la sospecha de ser indocumentado. En dos meses desde que se aplica la Ley HB56, hay un éxodo de familias; quienes se quedaron viven en la clandestinidad, sacaron a sus hijos de la escuela, se les niegan servicios públicos como el agua y pueden ir a la cárcel si la compran, no les venden medicamentos, no pueden pagar los impuestos de sus propiedades, ni tener acceso a la justicia, quien los ayuda también puede ser aprehendido.
Familias enteras únicamente se han llevado su ropa y automóviles, abandonaron sus viviendas y otras pertenencias.
Quienes se quedaron “evitan el contacto con autoridades y adoptan un estilo de vida clandestino”, como Eduardo y Alegría que sólo salen de noche para comprar víveres, pues es más difícil que a esa hora la Policía los identifique como latinos. Sonia D. asegura: “Vivimos aterrorizados”.
Human Rights Watch (HRW) detalla que a los indocumentados se les niegan “derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda”, por lo que pide la derogación de esta norma y que el Departamento de Justicia norteamericano investigue cada denuncia de actos contra las garantías.
Es el impacto de esta ley discriminatoria que viola derechos humanos fundamentales, según documentó HRW, que investigó sus alcances desde que entró en vigor parcialmente el 28 de septiembre pasado, y que ha propiciado una persecución y abusos de autoridad que afectan a residentes ilegales y a sus familias, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
El informe “Vivir sin dignidad: La Ley sobre Inmigración de Alabama”, incluye los testimonios de 57 personas, en su mayoría hispanos o mexicanos con 10 o 20 años de residir en Alabama, revela así el drama de una comunidad que se ha visto “gravemente afectada” por esta ley que niega el ejercicio de derechos humanos básicos.
El Universal
Además, esta organización humanitaria demandó a la Casa Blanca que ordene al Departamento de Justicia que continúe investigando con firmeza todas las denuncias de violaciones de derechos civiles cometidas como resultado de la ley de Alabama contra la población inmigrante que hoy ha sido expulsada de ese Estado o empujada a vivir en la clandestinidad.
“En los dos primeros meses transcurridos desde que la ley entró en vigor, inmigrantes no autorizados, sus familiares y sus comunidades han sufrido profundos cambios en su vida. Escuelas, empresas y propietarios de inmuebles han informado sobre un importante éxodo de personas del Estado”, asegura el informe presentado por HRW en el que formula una explícita condena de la HB 56, la más dura de las legislaciones antiinmigrantes en Estados Unidos.
“Sin duda alguna la ley antiinmigrante de Alabama es la más dura que se haya promulgado porque llega al extremo de negarle el agua a quienes carecen de papeles. Eso es algo inhumano”, dijo Antonio Ginatta, director de políticas en Estados Unidos de Human Rights Watch.
Según el informe presentado bajo el título “Vivir sin dignidad”, desde la implementación de la HB56 en Alabama las autoridades de ese Estado se han propuesto “hacer imposible” la vida a los inmigrantes ilegales y ha ofrecido cobertura a una intensa campaña de persecución y discriminación racial en la que “se ha facilitado que funcionarios locales y del Estado les nieguen derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda”.
El informe advierte que, al igual que la polémica ley antiinmigrante de Arizona, que ha entrado en vigor en Alabama “exige a la Policía determinar la ciudadanía y la condición migratoria de todas las personas interceptadas o detenidas cuando existan ‘sospechas razonables’ de que se encuentran en el país en forma irregular”.
Añade, sin embargo, que “la ley de Alabama contiene disposiciones que van más allá de la interacción de los funcionarios de seguridad pública con los inmigrantes”.
''Estoy colaborando con líderes de la Legislatura para clarificar y simplificar la Ley HB56 contra la inmigración ilegal en el Estado, aunque que su esencia no cambiará ''
Robert Bentley, gobernador de Alabama.
CRÓNICA
“Vivimos aterrorizados”
La comunidad migrante en Alabama, Estados Unidos vive temerosa. Cualquiera puede ser detenido por la sospecha de ser indocumentado. En dos meses desde que se aplica la Ley HB56, hay un éxodo de familias; quienes se quedaron viven en la clandestinidad, sacaron a sus hijos de la escuela, se les niegan servicios públicos como el agua y pueden ir a la cárcel si la compran, no les venden medicamentos, no pueden pagar los impuestos de sus propiedades, ni tener acceso a la justicia, quien los ayuda también puede ser aprehendido.
Familias enteras únicamente se han llevado su ropa y automóviles, abandonaron sus viviendas y otras pertenencias.
Quienes se quedaron “evitan el contacto con autoridades y adoptan un estilo de vida clandestino”, como Eduardo y Alegría que sólo salen de noche para comprar víveres, pues es más difícil que a esa hora la Policía los identifique como latinos. Sonia D. asegura: “Vivimos aterrorizados”.
Human Rights Watch (HRW) detalla que a los indocumentados se les niegan “derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda”, por lo que pide la derogación de esta norma y que el Departamento de Justicia norteamericano investigue cada denuncia de actos contra las garantías.
Es el impacto de esta ley discriminatoria que viola derechos humanos fundamentales, según documentó HRW, que investigó sus alcances desde que entró en vigor parcialmente el 28 de septiembre pasado, y que ha propiciado una persecución y abusos de autoridad que afectan a residentes ilegales y a sus familias, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
El informe “Vivir sin dignidad: La Ley sobre Inmigración de Alabama”, incluye los testimonios de 57 personas, en su mayoría hispanos o mexicanos con 10 o 20 años de residir en Alabama, revela así el drama de una comunidad que se ha visto “gravemente afectada” por esta ley que niega el ejercicio de derechos humanos básicos.
El Universal