Internacional

Niegan retiro de inmunidad contra presidente de Guatemala

La Cámara de Antejuicios y Amparos de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la solicitud para retirar la inmunidad de Pérez Molina

GUATEMALA, GUATEMALA (17/OCT/2012).- La justicia guatemalteca rechazó hoy una solicitud para retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y al ministro de Defensa Ulises Anzueto, como pidió la oposición por la muerte de seis campesinos hace dos semanas.

La Cámara de Antejuicios y Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar la solicitud para retirar la inmunidad de Pérez Molina y del general Anzueto, por los sucesos del pasado 4 de octubre en una carretera del occidental departamento de Totonicapán.

El titular de la CSJ, Gabriel Medrano, dijo en rueda de prensa que "por no existir relación de causalidad, no se le dio trámite a las solicitudes de antejuicio" y por lo tanto, no se enviará al Congreso Nacional.

La ley establece que cuando un dignatario es denunciado penalmente, la CSJ debe resolver si procede la solicitud de antejuicio. Cuando se declara procedente el trámite, se envía al Congreso Nacional.

Una comisión de diputados resuelve entonces si se mantiene o retira la inmunidad para que el funcionario denunciado sea sometido a los tribunales como un ciudadano común.

El diputado opositor Edgar Ajcip presentó la solicitud de antejuicio en contra del presidente Pérez Molina y del ministro Anzueto, al responsabilizarlos por el fallido desalojo de manifestantes de la carretera Interamericana que dejó seis indígenas muertos y 40 heridos.

El magistrado Medrano explicó que "el pedido de antejuicio fue rechazado por considerarse que no se aprecia ninguna relación de causalidad entre las acciones de los funcionarios señalados y los lamentables sucesos de Totonicapán".

Por esos incidentes han sido capturados un coronel y ocho elementos de tropa, y el Ministerio Público analiza emitir órdenes de aprehensión contra dirigentes campesinos.

Los militares son sometidos a proceso por los delitos de ejecución extrajudicial, pues habrían disparado contra los campesinos, procedentes de los 48 cantones de Totonicapán que bloqueaban la carretera Interamericana como medida de protesta social.

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